La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este martes crímenes de guerra y de lesa humanidad a ocho exintegrantes de las extintas FARC, 21 miembros de la fuerza pública y cinco civiles por su presunta participación en ejecuciones presentadas falsamente como bajas en combate, conocidas en Colombia como «falsos positivos» y perpetradas entre 1997 y 2007.
Es la primera vez que la JEP vincula de manera conjunta a exguerrilleros, militares y civiles como terceros implicados dentro de un mismo patrón de macrocriminalidad, al reconocer que en esos crímenes, cometidos en los departamentos de Antioquia y Chocó se desplegaron «estrategias de violencia, control social y apropiación territorial» por parte de distintos actores armados y económicos, según informó el tribunal.
Los civiles imputados eran «voluntarios vinculados a proyectos de ganadería extensiva y agroindustria, asociados al Fondo Ganadero de Córdoba (FGC)», explicó la JEP, que identificó entre ellos al entonces presidente de la junta directiva, Benito Molina; al gerente, Benito Osorio; al asesor jurídico Carmelo Esquivia; así como a los directivos Luis Gonzalo Gallo y Jaime García. EFE
