La decisión fue tomada por la Unidad Judicial Tercera de la Familia en una audiencia donde se solicitaron medidas cautelares ante la exigencia del documento a los ciudadanos venezolanos
Quito.- Un tribunal de Quito anuló hoy la regulación del gobierno de exigir pasaportes a los emigrantes venezolanos que entran al país y dio un plazo de 45 días al Ministerio de Exteriores para que presente un plan si es que pretende seguir aplicando esa medida.
Así lo decidió la Unidad Judicial Tercera de la Familia, en una audiencia de solicitud de medidas cautelares por parte de la Defensoría del Pueblo contra la exigencia de exigir el pasaporte a los ciudadanos venezolanos.
La Defensoría «aplaude esta decisión que lo que hace es reconocer el derecho de las personas, en este caso el derecho de las personas a emigrar», dijo tras la audiencia el abogado Ernesto Pazmiño, reseñó EFE.
Agregó que la jueza Edith Naranjo «fundamentó su decisión en el artículo 1 de las Constitución», que establece que «Ecuador es un estado de derecho y justicia». Por lo tanto, el Estado y todas sus instituciones tienen un límite en sus decisiones, que son el respeto al derechos humanos», puntualizó.
La decisión de la Corte se produce a menos de veinticuatro horas de que el vecino Perú aplique una medida similar, siguiendo los pasos de Ecuador que la instauró el pasado sábado.
La intención del Gobierno ecuatoriano era tener un mayor control sobre la migración de venezolanos, pero su decisión fue contestada por la Defensoría del Pueblo como una violación de los derechos humanos.
«Consideramos que este es un triunfo histórico de la justicia y un triunfo histórico de los derechos humanos», insistió Pazmiño, para quien la jueza, lo que ha hecho, es «sumarse al pedido y al clamor de Ecuador y del mundo de que se dé una respuesta humanitaria al tema de la migración», que es un «problema regional».
Naranjo también dio a la Cancillería de Ecuador un plazo de 45 días para que presente un plan de contingencia humanitaria que sirva para hacer frente a los problemas de inmigración, aunque se desconoce por el momento si ambas decisiones están vinculadas.
Pazmiño aseguró que no es así y que lo que la jueza solicitó es un «plan humanitario», pero el Gobierno no podrá volver a instaurar la restricción de los pasaportes bajo ninguna circunstancia.
Por su parte, el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, se mostró «decepcionado» por el fallo pero dijo «respetar» la decisión del poder judicial.
«Nos parece que la jueza ha actuado dentro de sus competencias y tenemos que respetar su decisión. Tendremos que analizarla pero aparte de este respeto a la decisión judicial existe también una decepción por parte de las entidades del Estado que fueron demandadas», afirmó.
Justificó la decisión de imponer el pasaporte en que, lo que hace la Cancillería, es «todo lo que puede para mantener una migración controlada, segura y responsable para que los ciudadanos venezolanos puedan insertarse en el Ecuador de la manera correcta».
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