Las manifestaciones en Ecuador no ceden, a pesar de la declaración de estado de excepción por parte del gobierno.
Este martes, cinco personas fueron arrestadas tras un incidente que el Ejecutivo ecuatoriano describió como un intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa, quien resultó ileso.
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, señaló que unas 500 personas «lanzaron piedras» al vehículo del presidente, añadiendo que se encontraron «indicios de disparos», mientras Noboa se dirigía a un acto en El Tambo, provincia de Cañar, al sur del país.
Un video compartido por la oficina presidencial con la BBC muestra a manifestantes arrojando piedras a un automóvil, con tres pequeños orificios en una de sus ventanas.
Expertos de BBC Verify concluyeron que no hay pruebas suficientes para afirmar que los manifestantes dispararon contra el convoy presidencial.
Amael Kotlarski, experto en armas de Janes, indicó que los daños en el vehículo donde presuntamente viajaba Noboa son «más compatibles con piedras o proyectiles arrojados a mano» que con disparos.
Por su parte, Lewis Galvin, analista de Sibylline, afirmó a la BBC que los daños en los vehículos del convoy parecen haber sido causados principalmente por piedras.
Mientras el gobierno tilda a algunos manifestantes de terroristas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció en X que cinco de sus miembros fueron «detenidos arbitrariamente».
La organización también condenó una «brutal represión policial y militar» y una «violencia orquestada contra el pueblo movilizado», destacando que entre los afectados hay mujeres mayores.
Un video compartido por Conaie muestra a cuatro policías con chalecos antibalas y rostros cubiertos arrestando a una mujer con vestimenta indígena tradicional.
El gobierno anunció que los cinco detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato.
Desde hace dos semanas, Ecuador enfrenta protestas que han escalado con el tiempo, dejando un saldo de un fallecido, más de 80 heridos y cerca de cien detenidos.
A continuación, el medio de noticias británico tres factores clave detrás de estas protestas:
1. Fin de los subsidios al diésel
El 12 de septiembre, el gobierno de Daniel Noboa anunció la eliminación del subsidio al diésel, argumentando su alto costo para el Estado. Según el Ejecutivo, los fondos se reasignarán a programas sociales y apoyo a la producción nacional.
La medida generaría un ahorro anual de US$1.100 millones, pero críticos advierten que encarecerá el costo de vida, afectando especialmente a pequeños agricultores, pescadores y comunidades indígenas.
El precio del diésel pasará de US$1,80 a US$2,80 por galón, un aumento del 56%.
En respuesta, la Conaie convocó el 18 de septiembre a un paro nacional «inmediato e indefinido», que ha causado cierres de carreteras y daños a infraestructuras.
Los dos últimos presidentes de Ecuador también intentaron eliminar este subsidio, pero retrocedieron ante protestas masivas. Noboa, sin embargo, mantiene una postura firme: «Quienes elijan la violencia enfrentarán la ley. Quienes actúen como criminales serán tratados como tales», afirmó en X.
2. Estado de excepción
Tras el anuncio del paro, Noboa declaró el estado de excepción en siete provincias para contener las protestas, que inicialmente eran limitadas.
Sin embargo, las manifestaciones crecieron, y el 28 de septiembre un indígena, Efraín Fuerez, murió en Cotacachi, provincia de Imbabura. La Conaie atribuye su muerte a un disparo de las Fuerzas Armadas, algo no confirmado por las autoridades.
El sábado, Noboa extendió el estado de emergencia a 10 de las 24 provincias del país, suspendiendo por 60 días el derecho a la libertad de reunión.
3. Denuncias de abusos a los derechos humanos
A las protestas, lideradas principalmente por indígenas, se han sumado estudiantes en Quito. Además de rechazar el fin del subsidio, exigen la liberación de los detenidos, 13 de los cuales enfrentan cargos por terrorismo.
Las Fuerzas Armadas aseguraron en X que las protestas están «infiltradas por grupos terroristas», citando una emboscada a un convoy de alimentos que dejó 12 militares heridos.
La Conaie rechazó el uso de fuerza letal contra los manifestantes, mientras Amnistía Internacional expresó preocupación por el «deterioro de los derechos humanos» en Ecuador, señalando denuncias de represión excesiva, detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos y congelamiento de cuentas de líderes sociales.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, criticó las «acciones del Ejecutivo para silenciar la disidencia» y señaló que la estrategia de seguridad militarizada, lejos de frenar el delito, ha agravado las violaciones de derechos humanos, situando a Ecuador entre los países con prácticas autoritarias en la región.
