La pérdida del estatus deja a los afectados sin documentación oficial para ejercer derechos civiles y laborales
Cerca de 250.000 venezolanos en Estados Unidos quedarán desde la medianoche de este viernes desamparados luego de que venza el Estatus de Protección Temporal (TPS), medida humanitaria que expirará tras un fallo de la Corte Suprema y la decisión del gobierno de Donald Trump.
El fin del programa dejará a miles de familias en un limbo legal y con temor a ser deportadas. “Al quedarse sin estatus, quedan sin cualquier tipo de oportunidad para mantener una protección migratoria. En ese momento podrían ser detenidos y enfrentar un proceso de deportación”, dijo a CNN el abogado migratorio Haim Vásquez.
Pese al vencimiento, el abogado Vásquez aclara que aún hay un grupo reducido con protección temporal hasta 2026. “Hay un poco de incertidumbre”, señaló, porque el USCIS prorrogó la validez de la documentación solo para “un pequeño grupo que presentó su renovación entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025”, cuyos permisos de trabajo seguirán vigentes hasta octubre de 2026.
Fin del TPS
“Es una situación de terror, vivir en un estado de ansiedad y de nervios, muy difícil de describir. Las personas están en un estado de desesperación para obtener algún tipo de legalidad”, afirmó.
Aunque existen litigios sobre el TPS que siguen en revisión judicial, los procesos suelen durar meses o años, y la mayoría de los migrantes no puede esperar. Solicitar asilo político es una opción para algunos, pero Vásquez advierte que “no son tantos quienes cumplen las condiciones” establecidas en la ley, que exige probar persecución o temor fundado por motivos políticos o sociales. Además, recuerda que las autoridades han endurecido los criterios: el gobierno de Trump ordenó a los jueces desestimar los casos de asilo que consideren “deficientes”.
Venezuela fue incluida en el TPS en 2021 por las “condiciones extraordinarias y temporales” que impedían el retorno seguro de ciudadanos. Pero este año la administración Trump consideró que “aunque ciertas condiciones puedan continuar”, el país mostró “notables mejoras en varias áreas”.
“Se trata de personas, no de papeles”
Ferro considera que la medida trasciende los documentos. “No se arraiga una licencia, sino la libertad de conducir, de la vida. Se trata de personas”, manifestó.
La activista también alertó sobre el riesgo de separación familiar: padres que podrían ser deportados mientras sus hijos, nacidos en EE UU, permanecen en el país. “Son familias literalmente arrancadas de la manera más brutal”, dijo.
Aunque algunos contemplan regresar, la mayoría lo descarta mientras Nicolás Maduro siga en el poder. “Hay muchos que han sido perseguidos políticos, están aterrorizados, podría significar desaparecer a manos del régimen”, advirtió Ferro.
El gobierno estadounidense ofrece incentivo de 1.000 dólares para quienes opten por el retorno voluntario, aunque Vásquez señaló que ha conocido casos en los que ese pago nunca se concretó.
“Cualquier persona que tenga en mente salir del país debe hablar con un abogado de inmigración para tomar decisiones que no afecten su futuro y preserven las oportunidades de volver (a EE UU)”, recomendó el abogado.
