Para los que están acostumbrados a que la diplomacia se hace por las redes sociales y que la justicia está en manos de los que reparten golpes e insultos, lo que hizo el fiscal de la Corte Penal Internacional este miércoles en la tarde sorprendió a muchos por lo inesperado después de una visita casi secreta y por el lugar, el Palacio de Miraflores. Pero fue lo correcto.
Hasta en este último acto hay una acción didáctica de una institución que se encarga de impartir justicia a escala mundial. Una cosa es la diplomacia y otra cosa es el trabajo que debe hacer una oficina como la Fiscalía de la CPI. Estrechar la mano de un presidente, escuchar los discursos de él y sus funcionarios, aceptar su invitación en nada comprometen su trabajo, que es evaluar y tomar decisiones sobre casos presentados ante la corte sobre la base de los hechos.
Y hay un hecho que ni Maduro ni su fiscal general, que más bien parece su abogado defensor, van a poder cambiar, y es la evidencia que consideró Karim Khan para anunciar el inicio de la fase de investigación sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas ante la corte. Sabe, además, que el sistema judicial venezolano no cuenta con la independencia y la fortaleza para castigar delitos de lesa humanidad cometidos por individuos en el ejercicio del poder. Es el principio de complementariedad que se aplica sin duda alguna en esta investigación que apenas comienza.
Y el fiscal de Maduro insiste en que se dedicarán a “defender” la actuación del gobierno chavista en todos los casos denunciados. «El que no la debe, no la teme», se apresuró a decir. Debe recordar que con la firma del memorándum de entendimiento están obligados a facilitar la investigación sobre los casos que figuran en el expediente preliminar. No pueden negarse ni pueden escoger.
Si la Fiscalía de la CPI necesita entrevistar víctimas, testigos, presos políticos o familiares, deberán permitírselo. No serán los únicos que lleven la voz cantante, como ellos pretendieron durante estos días de visita.
Ahora sí, si el personal de la CPI lo requiere, pueden hablar todos los afectados por los crímenes de lesa humanidad, con las ONG, con los ciudadanos. Y también es conveniente recordar que en este caso no habrá amenaza que valga, con mazo en mano, para que los funcionarios de esta corte internacional dejen de hacer su trabajo.
El hecho de ser el primer gobierno de Latinoamérica que será sometido a una investigación de este tipo es ya un respiro para las víctimas y sus familiares, pero también para todos los venezolanos que desean justicia, más allá de la que anuncia el fiscal de Maduro de manera blandengue. Estará bajo la lupa, ahora sí, la cadena de mando, porque se sabe que en estos crímenes es culpable el que empuña el arma pero también el que dio la orden desde un cómodo despacho.
Aunque este proceso sea largo, cada vez está más cerca el día en que los responsables de los peores años de la historia de Venezuela paguen ante la justicia, como debe ser.
Editorial de El Nacional
