El toque de queda nocturno decretado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en cuatro provincias del país comenzó este domingo con el despliegue de más de 75.000 militares y policías para intensificar la «guerra» declarada por el mandatario ecuatoriano a las bandas criminales.
La medida estará vigente entre las 23:00 hora local (4:00 GMT) y 5:00 (10:00 GMT) hasta el 30 de marzo, en las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro (fronteriza con Perú), cuatro territorios de un total de veinticuatro provincias que componen Ecuador situados en la zona costera, donde se concentran las actividades criminales.
Durante el toque de queda, que incluye a Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, solo podrán circular policías, militares y personal sanitario de emergencia, bajo apercibimiento del Gobierno de arrestar a cualquier otra persona que circule en esas horas, incluidos periodistas, que están impedidos de seguir las actividades de las fuerzas estatales.
«Se han movilizado más de 75.000 miembros de las fuerzas entre Policía Nacional, y Fuerzas Armadas en las cuatro provincias donde vamos a trabajar», informó el ministro del Interior, John Reimberg.
Un llamado a la ciudadanía para que permanezcan en sus casas
Reiteró además el pedido a la ciudadanía para que permanezca en sus hogares durante el toque de queda. «No queremos toparnos con personas que estén desafiando el toque de queda. Hemos coordinado con Fiscalía, con la función judicial, para que aquellas personas» que no acaten la medida «reciban la sanción que es de 1 a 3 años (de prisión)», dijo.
El funcionario comentó que han dispuesto a las fuerzas del orden el «uso necesario, progresivo, de la fuerza contra los grupos criminales y sus economías», y subrayó que cuentan con el apoyo internacional para las operaciones.
El objetivo es «atacar a los grupos de delincuencia organizada, debilitarlos en su logística y en sus economías criminales», señaló el general Pablo Dávila, comandante de la Policía.
Dávila explicó que todas las unidades especializadas e investigativas de la Policía estarán involucradas en estas operaciones, en las que también usarán drones y helicópteros, y que se enmarcan en la «nueva fase» de la «guerra» contra el «narcoterrorismo», declarada por el presidente Daniel Noboa en 2024, y que esta vez contarán con «cooperación internacional».
Colaboración internacional liderada por Estados Unidos
Cuando a inicios de marzo Noboa anunció estos operativos, indicó que uno de los países con los que trabajaría en este tema sería Estados Unidos, cuyas fuerzas militares iniciaron la semana pasada operaciones conjuntas con las de Ecuador contra organizaciones «terroristas», en las que bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Dávila afirmó que en las calles de las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas se instalarán unos puntos de control para detectar a las personas que circulen en las horas restringidas, quienes se enfrentarán a penas de entre uno a tres años de cárcel si no tienen justificación para salir de sus casas.
Ni siquiera la prensa tiene autorización para salir a cubrir las actividades policiales y militares.
Las fuerzas de seguridad también irán a lugares considerados como «núcleos de letalidad», donde harán recorridos y «operaciones puntuales en los lugares tomados por los grupos de delincuencia organizada», señaló Dávila.
Monitoreo de operaciones desde Guayaquil
Solo en la Zona 8, que es una de las más violentas del país y comprende las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón, 8.000 policías estarán encargados de estas funciones.
Este domingo se enviaron a unos 700 militares solo a Durán, el municipio vecino de Guayaquil que en los últimos años se ha convertido en zona de enfrentamiento entre grupos criminales y que ha funcionado como centro de acopio de la droga que estas bandas buscan llevar a los puertos para contaminar contenedores que salen principalmente hacia Norteamérica y Europa.
A cada provincia intervenida también se envió a un general de Policía, que estará encargado de dirigir las operaciones en territorio, las que, a su vez, Noboa y los ministros del área de seguridad monitorearán desde un centro de control en Guayaquil.
Estos operativos se realizan también después de que Ecuador cerró el 2025 con 9.235 asesinatos, el número más alto de homicidios de su historia. EFE
