La frase es de Nicolás Maduro. La dijo durante la celebración de los 10 años de su victoria electoral del 14 de abril de 2013. Una victoria que los cómputos oficiales del Consejo Nacional Electoral le concedieron con una diferencia de 1,49% (224.000 votos) sobre Henrique Capriles, el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, quien, en paralelo a Maduro y frente a un grupo de periodistas, ratificaba que había ganado aquel domingo. Pero nunca, insiste Capriles, se realizó la auditoría electoral. Un episodio que también cumple 10 años pero sin ninguna celebración.
Volvamos a la frase del hombre que está Miraflores. Que ahora viste de azul en lugar del rojo y ratifica a cada paso, con la voz más alta, que está al frente de la campaña para adecentar la revolución. «Sin ética todo es una farsa, todo es una mentira», dijo. El escándalo de corrupción sin precedentes ventilado desde las altas esferas del poder abarca todos los poderes de la República y las empresas que fueron emblema de su progreso: Petróleos de Venezuela, que estuvo posicionada como la tercera compañía de hidrocarburos del mundo y hoy produce la quinta parte de barriles de crudo de lo que hacía a fines del siglo pasado y las empresas básicas del hierro, acero y aluminio asentadas en Ciudad Guayana, una urbe creada con el surgimiento de la democracia en los años sesenta.
Para antiguos aliados —como el Partido Comunista— se trataría de una suerte de ajuste de cuentas entre grupos del régimen por el reparto de las riquezas de la nación. Una apreciación que se extiende aguas abajo ante el secretismo y la violación de las leyes vigentes del debido proceso que rodea toda la operación anticorrupción
Maduro está vacunado contra la realidad, de manera que su visión de los 10 años de mandato es otra y se sostiene sobre dos apreciaciones: una es mentira («una farsa») y la otra absoluta verdad. La primera, la garantía de los derechos sociales; la segunda, tener una Fuerza Armada desplegada en todo el país.
No hay ningún derecho social garantizado en Venezuela: la pensión de un jubilado equivale a 5 dólares al mes, que es, además, el salario mínimo oficial. Más de 7 millones de venezolanos se han ido del país —residen en 400 ciudades de 90 naciones—, la inmensa mayoría desde, precisamente, el año 2013. Ningún organismo oficial mide la pobreza, la desnutrición, las carencias alimentarias, la violencia. Nunca antes a Venezuela la definieron las siglas EHC (Emergencia Humanitaria Compleja). El régimen es investigado por la Corte Penal Internacional mientras permanecen en las cárceles cerca de 300 presos políticos. Lo que está garantizado es la miseria y la exclusión.
Oyendo a Maduro se percibe de manera rotunda que todo está bajo control militar y policial. Pero exigió aún más en su celebración de 10 años en el poder. Mayor despliegue de las unidades militares como si fuera Venezuela un país en guerra, de la Policía Nacional Anticorrupción, cuyo jefe parece ser el propio Maduro, y festejó la labor de la tétrica Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde se aplica la tortura, documentada por organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y las propias víctimas.
«Estamos más fuertes», dijo. Una fuerza contra los que se opongan desde fuera del régimen y desde dentro. Nombrando uno por uno a los gobernadores que estaban presentes en la celebración, les dijo con voz firme. «Yo les hago seguimiento a todo lo que hacen, sé lo que hacen, adónde lo hacen y cómo lo hacen. Sé todo de ustedes. A qué hora duermen, a qué hora comen, qué comen. Todo lo sé». Y esto no parece una farsa: el régimen aprieta las tuercas de su propia gente. ¿El síndrome del nunca más visto Tareck el Aissami?
Editorial de El Nacional
