El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, le ha recordado una vez más al régimen venezolano que no ha visto la implementación de las leyes y prácticas que había esperado. Khan habló en la sesión inaugural de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, La Haya. En la oficina del fiscal se acumula desde hace varios años una gruesa y grave documentación de los procesos seguidos sobre el comportamiento de Venezuela en el muy delicado asunto del respeto a los derechos humanos.
El régimen de Maduro ha utilizado todos los recursos disponibles y ha contratado equipos jurídicos de alto costo, con el objetivo de enlentecer la investigación de la CPI que, como corresponde a una instancia de justicia internacional, tiene que necesariamente atender y responder todas las acciones de las partes, sean éstas como creemos ejercidas por los victimarios, los responsables de crímenes que se consideran de lesa humanidad. Lo que en Venezuela no se ofrece a ningún detenido de la injusticia oficial, se exige y se paga en esos servicios de elevadas tarifas, con el objetivo muy evidente de que la justicia nunca llegue.
Khan abogó por los civiles, incluidos niños, que fueron detenidos después de las elecciones del 28 de julio y que deben ser liberados. El fiscal de la CPI reclamó al gobierno de Maduro que se debió haber permitido la entrada de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, como Khan dice que se le había prometido por escrito, y acusó la falta de cooperación tangible con su oficina.
Las dos sentencias clave de la intervención de Khan en La Haya son, una, que la complementariedad, la vía de la cooperación, no puede ser “una historia interminable” y esa ruta “se está agotando”; y, dos, que las investigaciones independientes de la Fiscalía, que se desarrollan en paralelo, están activas y se trabaja con diversos socios para cumplir con las responsabilidades que obligan a la CPI.
“Todas las vidas importan”, concluyó el fiscal, las que motivaron su presencia en Libia y Bangladesh en las últimas semanas, y las vidas de los venezolanos que forman parte de esos expedientes presentados por cerca de 9.000 víctimas. “Venezuela -dijo- tiene derecho a la justicia”.
Eso espera con angustia y con genuino y doloroso interés la sociedad venezolana, para que se establezca la comisión de los delitos denunciados y las responsabilidades a que haya lugar. El comportamiento del régimen de Maduro desde su feroz ola represiva posterior al fraude electoral es una evidencia palpable, e hiriente, de que se avanza en el terror y, por tanto, en el sentido diametralmente opuesto al respeto a la vida y los derechos de los venezolanos. De la CPI se esperan y se demandan acciones para que en verdad esto deje de ser “una historia inrterminable”.
Editorial de El Nacional
