Venezuela es Estado parte del Estatuto de Roma desde el 7 de junio de 2000, comienza por recordar para una entrevista con Globovisión el fiscal chavista, Tarek William Saab.
“El Gobierno venezolano ha apoyado el mandato dado por los Estados partes a la Corte Penal Internacional (CPI) desde su creación”, remarca.
Saab descartó que “en Venezuela se hayan producido crímenes de lesa humanidad en el marco de la alta conflictividad política que ha vivido el país. Los excesos cometidos por los funcionarios policiales y militares han sido investigados y sancionados, en un marco de alta violencia política interna y externa contra las instituciones del Estado venezolano”.
P: En pocas palabras, Khan dice que el Estado venezolano prácticamente está incurriendo en una falsa investigación. ¿Qué opinión tiene el Ministerio Público sobre esta conclusión de la CPI?
R: “Nadie que conozca el trabajo que realiza el Ministerio Público venezolano y los órganos auxiliares de justicia puede afirmar que se realizan falsas investigaciones. Allí están los expedientes, las experticias realizadas, las entrevistas a testigos y víctimas, los juicios y las condenas que demuestran un trabajo altamente comprometido con la verdad y la justicia”.
“Por ello creo que será importante la instalación de la Oficina de Cooperación Técnica de la CPI, que esperamos se dé en los próximos meses. Creemos que su presencia en el país será beneficiosa, pues sus delegados podrán ver de primera mano cómo trabaja el Ministerio Público, cómo se investigan las denuncias y cómo se realizan los juicios por violaciones a los derechos humanos”.
“Así se podrá contrastar la información recibida por la Fiscalía de la CPI de fuentes interesadas con la realidad de los procesos judiciales y de investigación que se realizan en el país”.
“Creo que a partir de ese momento se iniciará una nueva etapa de colaboración entre la Fiscalía de la CPI y nuestra institución”.
P: Es la primera vez que la CPI opera contra un Gobierno en ejercicio y Venezuela es también el primer país de América Latina abordado, hecho que inició en 2018 a solicitud de un grupo de países de la región (Grupo Lima), algunos de los cuales han realizado cambios políticos y se han retractado, como Argentina, Chile, Perú y Colombia. ¿Estas acciones de Colombia y Argentina no inciden en las operaciones de la CPI?
R: “Venezuela ha sido víctima de todo tipo de agresiones desde que el gobierno de Barak Obama declaró que nuestro país era una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos. A partir de allí, se iniciaron una serie de acciones dirigidas a producir un cambio de régimen en Venezuela”.
“Estados Unidos se concentró en la política de medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones”.
“Mientras que la estrategia política fue tercerizada por EEUU a algunos países con gobiernos sumisos a los mandatos del norte. En especial, Colombia fue el epicentro de la agresión contra nuestro país, seguido por los gobiernos de derecha de Chile, Argentina y Perú”.
“Estos gobiernos se destacaron por su desprecio hacia sus poblaciones nacionales, pues pusieron como principal punto de su agenda la desestabilización de Venezuela. Por eso, a cada uno de ellos le siguió por votación popular un gobierno de signo contrario”.
“Tras el cambio de gobierno en esos países, quedó claro que la acusación contra Venezuela ante la CPI se hizo por razones políticas, pues ningún país la continuó. Incluso, dos de ellos se retractaron y anunciaron que se retirarían de la acusación”.
“Este trasfondo político a las acusaciones contra Venezuela ante la CPI ha sido denunciado por nosotros y por el Ejecutivo Nacional, pero la Corte Penal hasta ahora ha prestado poca atención a las pruebas que le hemos presentado”.
P: ¿Es la CPI un palo de Occidente contra los países del tercer mundo?
R: “La CPI ha acusado a 51 personas, todas menos 3 eran africanos, los otros eran georgianos. Organizaciones como Amnistía Internacional han criticado a la CPI por demostrar un doble rasero y una disposición a dejarse influenciar por Estados poderosos. Se destaca el derecho a veto que tienen los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, con el cual pueden impedir la investigación de crímenes por parte de la Fiscalía”.
“Por otro lado se acusa a la Corte de selectividad en los casos que se investigan. En un mundo extremadamente desigual, la Corte no ha demostrado ser un órgano que aplique la justicia de forma imparcial”.
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