Caracas, 2 feb (EFE).- Los cinco antichavistas refugiados desde marzo en la residencia de la Embajada de Argentina en Venezuela, custodiada por Brasil, exigieron este domingo la activación «urgente del poder diplomático» y la entrega de salvoconductos, tras 320 días asilados en el inmueble, donde -denuncian- continúa el «asedio» policial.
Según un video compartido por el partido Vente Venezuela (VV) -liderado por la opositora María Corina Machado-, Magalli Meda, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos y Omar González «exigen activación urgente del poder diplomático» y «salvoconducto ya».
También reiteran que ha sido «rechazado» el suministro de «medicinas de consumo obligatorio diario» y el de «agua potable por medio de un camión cisterna», así como la «restitución del servicio eléctrico, luego de 70 días» sin luz, mientras se mantiene -aseguran- el «asedio constante durante el día y la noche» y la «extorsión hacia cualquier persona que se acerque» a la residencia.
Al respecto, VV expresó que están «atrapados en una embajada convertida en cárcel», por lo que también exigió el cese del «asedio» y la entrega de salvoconductos para estos «venezolanos (que) están encerrados» en la embajada «sin acceso a medicinas, agua potable y energía eléctrica», una situación que el titular de Interior, Diosdado Cabello, califica de «farsa».
El pasado miércoles, la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- aseguró que «un funcionario» del Gobierno brasileño entregó medicamentos «por primera vez» en la residencia.
En un video publicado por la PUD, González -de 75 años y quien afirma tener una «lesión crónica en el corazón»- dijo que recibió «una caja de cada uno de los medicamentos» que requiere para un mes de tratamiento.
Hasta el pasado 19 de diciembre, el exministro Fernando Martínez Mottola, exasesor de la PUD, permanecía en el lugar junto con los cinco opositores, a quienes las autoridades acusan de terrorismo y traición a la patria.
La Fiscalía informó posteriormente que Martínez Mottola se presentó «voluntariamente» en la sede principal de la institución, en Caracas, para declarar sobre «graves hechos violentos, conspirativos y desestabilizadores organizados» desde la residencia «tras la celebración de las elecciones presidenciales» de julio.
Por la supuesta planificación de actos terroristas, el Gobierno revocó en septiembre la autorización que había otorgado a Brasil, a principios de agosto, para representar los intereses de Argentina en Caracas.
Sin embargo, la Cancillería brasileña manifestó que «permanecerá con la custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que Argentina designe a otro Estado aceptable» para la Administración de Maduro, a fin de llevar a cabo esas funciones.
El pasado 23 de enero, el presidente argentino, Javier Milei, dijo en Davos (Suiza) que su país va a «seguir trabajando fuertemente» para que los opositores asilados «sean liberados». EFE
