Bogotá, 3 dic (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este martes que el pueblo venezolano ya no sabe si en su país hay una democracia o no, al tiempo que sugirió que ellos ya no quieren al chavismo en el poder.
Bogotá, 3 dic (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este martes que el pueblo venezolano ya no sabe si en su país hay una democracia o no, al tiempo que sugirió que ellos ya no quieren al chavismo en el poder.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este martes que el pueblo venezolano ya no sabe si en su país hay una democracia o no, al tiempo que sugirió que ellos ya no quieren al chavismo en el poder.
Petro se refirió a la situación de Venezuela al intervenir en el IV Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (CILAC) 2024, realizado en la isla colombiana de San Andrés, donde dijo que el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez no entendió que había que hacer una transición del petróleo hacia energías limpias para enfrentar el cambio climático
“Se burlan del presidente que dice en Colombia, dejemos el petróleo y el carbón, porque es el camino de la desigualdad social y de la muerte; Chávez no me lo entendió muy bien y miren lo que le pasa a Venezuela, que ya no saben si es democracia, ya no saben si es revolución, ya el pueblo no los quiere”, afirmó Petro.
Destacó, eso sí, que Chávez, fallecido en 2013, comprendió que el progreso del pueblo está en lograr que la tierra produzca y que para eso es fundamental la educación.
“Chávez no entendió bien el asunto, pero comprendió parte; hay es que producir en la tierra y en la industria y para ello hay que tener saber”, agregó.
En ese sentido criticó que en Colombia se burlan de la migración de más de 1,5 millones de venezolanos que, según dijo, tienen un nivel escolar superior a los de los colombianos.
“¿Por qué tienen ellos un mejor nivel escolar? Porque ese Gobierno dedicó el dinero del petróleo a la universidad, al saber, a la universidad para el pueblo y no se equivocó, en cambio aquí cerramos las universidades, las dejamos sin presupuesto”, manifestó.
Las declaraciones de Petro sobre la situación política de Venezuela se producen luego de que el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, asegurara la semana pasada que el Gobierno responderá “en su debido momento” a la invitación que recibió el mandatario para asistir a la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero.
“Vamos a responder a la invitación en su debido momento”, dijo en esa ocasión a periodistas el ministro de Relaciones Exteriores, quien recalcó que ante el cuestionado resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, cuyo ente electoral nacional dio el triunfo a Maduro, “la posición de Colombia siempre ha sido muy clara: si no hay actas, no hay reconocimiento”.
En su discurso de hoy, de casi una hora y media de duración, Petro insistió en que si no se hace la transición energética, los efectos del cambio climático serán devastadores.
“La tierra hermosa de Colombia se puede volver un desierto y la isla hermosa de San Andrés puede desaparecer”, sentenció. EFE
La Haya, 2 dic (EFE).- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reprendió este lunes a Venezuela por la falta de “implementación concreta de leyes y prácticas” que protejan los derechos de los civiles y advirtió de que las investigaciones de la fiscalía “siguen en curso y están activas”.
En su discurso en la reunión anual de países miembros de la CPI, Khan insistió a Venezuela en “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente”.
La CPI desestimó en marzo el recurso de Caracas contra la reanudación de la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, quien había recurrido al “principio de complementariedad”, que debe evitar que se solapen investigaciones, para pedir el cierre del caso abierto en la oficina del fiscal.
“La pelota está en el campo de Venezuela. El camino de la complementariedad se está agotando”, dijo Khan. EFE
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió este miércoles con su homólogo de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, para hablar del plan de alto el fuego en el Líbano y de la guerra de Ucrania y condenaron conjuntamente la represión en Venezuela y Nicaragua.
Según indicó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, Blinken se reunió con Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y con el arzobispo Paul Richard, secretario de Relaciones con los Estados.
Los representantes de EE.UU. y la Santa Sede «condenaron la actual represión política en Nicaragua y Venezuela», según el comunicado del portavoz estadounidense.
«Hablaron del recientemente anunciado alto el fuego entre Israel y Líbano y de la oportunidad de construir para desescalar tensiones y resolver conflictos en la región», al tiempo que «reafirmaron el compromiso compartido de hacer frente al impacto horrible en los civiles ucranianos durante la defensa de Ucrania contra la agresión rusa».
Blinken celebró el compromiso del papa para «avanzar en los derechos básicos y la dignidad de las personas LGTBQI».
Esta visita tiene lugar en coincidencia con el viaje de Blinken a Roma dentro de una ronda de reuniones ministeriales del G7.
EFE
Washington, 19 nov (EFE).- La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley respaldado por republicanos y demócratas que complementa las normas que prohíben al gobierno de Estados Unidos contratar a personas que tengan lazos comerciales con el «gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro» en Venezuela.
La llamada Ley Bolívar, oficialmente Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, que ahora debe ser aprobada por el Senado, también establece la misma prohibición para «cualquier gobierno sucesor de (Maduro) en Venezuela que no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos».
El Gobierno de Estados Unidos no reconoce al régimen de Maduro pero si lo ha hecho con el opositor Edmundo González Urritia, a quien considera ganador de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela del pasado mes de julio.
La ley fue presentada por dos representantes de Florida, el republicano Mike Waltz y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, que consideran, en palabras del primero, que Estados Unidos debe «mantener las sanciones existentes contra el régimen y buscar ampliarlas para minimizar los recursos de Maduro para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano».
«Esta legislación envía un mensaje claro y poderoso a Maduro, así como a otros dictadores de todo el mundo, de que no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia, no habrá recompensa por sus acciones ilegales y deshonestas», dijo Waltz en un comunicado.
En el mismo sentido habló Wasserman Schultz :»Estoy orgullosa de ayudar a liderar esta legislación bipartidista que cortará la red de apoyo de Maduro y enviará el mensaje claro de que los estadounidenses no toleraremos la represión antidemocrática y ciertamente no la subsidiaremos».
«A menos que Estados Unidos se deshaga de los intereses corporativos turbios que permiten la corrupción y el robo electoral de Maduro, no podemos decir verdaderamente que estamos comprometidos con el pueblo venezolano», dijo la congresista.
Waltz subrayó que «Maduro y sus compinches se han burlado e ignorado la voluntad electoral del pueblo venezolano, incitando a acciones violentas contra la oposición democrática».
Se refería así a las elecciones del pasado 28 de julio y a la proclamación como ganador de Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral, cuestionada por la oposición que, en base a los datos de las actas de votación, afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el escogido por el electorado.
El congresista subrayó que la política estadounidense «debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que se esfuerzan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores».
Waltz concluyó con un mensaje al Senado para que «apruebe rápidamente este importante proyecto de ley y lo envíe al escritorio del Presidente para su firma”.
El proyecto de Waltz y Wasserman Schultz fue también promovido por los congresistas María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, los tres de origen cubano y republicanos, y Jennifer González-Colón, representante de Puerto Rico, entre otros.
El futuro secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, el senador Marco Rubio, ha apoyado legislaciones semejantes en pasadas legislaturas. EFE
int-ar/rml
Madrid, 18 nov (EFE).- El Gobierno de España está a la espera de confirmar de manera oficial la excarcelación de dos ciudadanos españoles en Venezuela, según señalaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Según las mismas fuentes, las familias de estos españoles informaron el sábado al consulado español en Caracas de que habían sido excarcelados.
Ese día, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, explicó que fueron «otorgadas y ejecutadas» 225 medidas de libertad a personas detenidas tras las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que dio ganador a Nicolás Maduro para un nuevo mandato.
Por el contrario, el principal bloque antichavista otorgaba el triunfo al candidato Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre.
Según el Ministerio Público venezolano, que no detalló en qué cárceles del país se encontraban estos detenidos, la solicitud de revisión de los casos se hizo según «exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios recabados por los fiscales».EFE
Lisboa, 15 nov (EFE).- La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, denunció en una entrevista con EFE en Lisboa que Venezuela ha ido de mal en peor en lo que respecta a derechos humanos y que no ha habido progresos en la última década.
Callamard subrayó que su organización tiene «el mismo diagnóstico» sobre el país latinoamericano que el que hizo recientemente una misión expertos independientes, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Según esa misión, Venezuela ha sufrido una de las crisis de derechos humanos más graves tras las elecciones de julio pasado, en las que se proclamó vencedor el presidente Nicolás Maduro en un controvertido anuncio, ya que la oposición rechaza el resultado y ha denunciado fraude.
Callamard subrayó que AI ha llevado a cabo una investigación «a fondo» en los últimos cinco años y que ha encontrado «pruebas» de crímenes contra la humanidad cometidos en territorio venezolano, «en particular persecución con motivos políticos».
«Hemos hallado pruebas de ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, estigmatización de los defensores de derechos humanos y arrestos de gente por disentir de las autoridades», enumeró Callamard, quien remarcó que «en el periodo post electoral la represión ha escalado» y se ha visto «un deterioro marcado».
En ese sentido, recordó que unas 2.000 personas que fueron apresadas tras los comicios siguen detenidas, entre ellas varios activistas pro derechos humanos.
Además, «sabemos que al menos 25 personas han fallecido por el uso de fuerza letal, incluidos menores -agregó-. Sabemos que se ha adoptado una ley anti-ONG; que se ha maltratado a menores que siguen detenidos».
Esta situación también ha afectado a AI: «Nuestros colegas de Amnistía Internacional han tenido que marcharse, han tenido que tomar muchas precauciones para continuar su trabajo», dijo Callamard.
Ante este panorama, el grupo pide «la liberación incondicional de quienes estén detenidos por la expresión pacífica de sus puntos de vista políticos o de otro tipo».
«Debemos pedir el fin de las detenciones arbitrarias, debemos pedir rendición de cuentas por todo lo que ha pasado…», subrayó la secretaria general de AI.
Callamard opinó que el régimen de sanciones contra Venezuela «funciona moderadamente», ya que durante y después de la pandemia, y a lo largo de la guerra en Ucrania, «Venezuela y el petróleo venezolano se han convertido en un atractivo interesante, incluso para aquellos que querían condenar a Venezuela».
«Por tanto, esta es una de esas crisis de derechos humanos proactivas y parece que ahí tampoco hay un final a la vista», zanjó la activista. EFE
El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ha dicho que si bien ha descendido el grado de relación con las autoridades venezolanas después de los últimos cruces de declaraciones y reproches, no hay intención alguna de romper vínculos diplomáticos. «Reconocemos Estados y no gobiernos», ha dicho.
En una sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Congreso, ha señalado que a pesar de que «las circunstancias impongan una inevitable reducción de las relaciones», eso no significa que Brasil deba romper relaciones con Venezuela».
«Por el contrario, diálogo y negociación y no aislamiento (…) son la clave para cualquier solución pacífica en Venezuela», ha defendido Vieira, quien ha confirmado que las autoridades de ambos países continúan manteniendo contactos, los últimos los que él ha mantenido esta semana con su par venezolano, Yván Gil.
Vieira ha revelado que negocian la salida de seis opositores del Gobierno venezolano que están bajo asilo en la Embajada argentina en Caracas. Asimismo, ha informado de que el embajador venezolano, Manuel Vadell, puede regresar a Brasilia cuando quiera y de que no retirarán a la embajadora brasileña, Glivania de Oliveira.
«Las relaciones pacíficas y respetuosas con nuestros doce vecinos son patrimonio de la política exterior brasileña. Brasil reconoce Estados, no gobiernos», ha zanjado con respecto a esta cuestión en una sesión en la que también, por otro parte, ha dirigido críticas hacia el Gobierno de Israel.
La ex primera ministra estonia Kaja Kallas, designada como la próxima alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, defendió este martes mantener el respaldo a la sociedad civil de Venezuela y trabajar con socios regionales frente a la crisis política del país latinoamericano.
El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro no ha cambiado su posición sobre la diatriba política en Venezuela, y que Nicolás Maduro será el presidente en funciones hasta el 10 de enero: «Cuando llegue ese momento tomaremos decisiones».