Muchos han sido desaparecidos temporalmente, se les han negado abogados privados, enfrentan juicios sin garantías y se desconocen los cargos que les imputan
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alerta sobre el grave patrón de persecución, criminalización y encarcelamiento de dirigentes sindicales y gremiales en Venezuela, que se ha intensificado en los últimos dos años y afecta directamente a quienes defienden los derechos de los trabajadores.
De acuerdo con la documentación realizada por el SNTP, al menos 15 líderes sindicales y gremiales de distintos sectores permanecen detenidos en condiciones arbitrarias. Muchos de ellos han sido desaparecidos temporalmente, se les han negado abogados privados, han enfrentado juicios telemáticos sin garantías procesales y en varios casos se desconocen los cargos que les imputan.
A esto se suma la detención masiva de al menos 101 trabajadores de la industria petrolera entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, en instalaciones estratégicas como el Complejo Refinador de Amuay, Cardón, El Palito y el Criogénico de José.
Casos documentados por el SNTP:
Robert Franco (55 años), profesor de educación física y dirigente sindical, ex secretario general del Colegio de Profesores de Carúpano-Paria y vocero docente de la Coalición Sindical del Magisterio. Fue detenido el 26 de diciembre de 2020 en Sucre, mientras compartía con amigos. Enfrenta graves cargos como terrorismo y homicidio en grado de tentativa, permanece recluido en la PNB de Boleíta sin sentencia firme.
Daniel Romero, miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss). Fue detenido el 11 de junio de 2023 en Bolívar por la Dgcim durante una protesta laboral en Sidor, donde exigía mejoras salariales. Está recluido en El Rodeo I, en condiciones denunciadas como inhumanas, con aislamiento y sin atención médica adecuada. Presenta daños neurológicos y se reportó un intento de suicidio.
Víctor Castillo (39 años), ingeniero agroindustrial y productor de cereales, reconocido líder campesino. Fue detenido el 28 de abril de 2024 en su residencia de El Playón, Portuguesa, por funcionarios del Sebin que irrumpieron frente a su esposa y su hija de 7 años. Trasladado inicialmente a Araure, luego lo recluyeron en El Helicoide. Le imputan conspiración y asociación para delinquir, le negaron defensa privada y fue enviado a juicio.
Régulo Reina, “Pavón”, dirigente sindical del sector petrolero en Monagas, electo miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y alcalde del municipio Libertador en 2018. Fue detenido el 18 de julio de 2024 en Temblador por agentes de la DGCIM y PoliMonagas en su vivienda, luego de organizar un acto de campaña a favor de Edmundo González. Videos muestran cómo fue sacado por la fuerza.
Juan Antonio Valor (66 años), jubilado de Sidor, con más de 45 años de servicio y trayectoria sindical. Fue detenido el 9 de enero de 2025 en San Félix, Bolívar, por sujetos armados que lo montaron a la fuerza en una camioneta sin identificación, frente a vecinos. Presentado en tribunales, enfrenta cargos de terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad. Padece hipertensión y parálisis facial y permanece en el Conas de Puerto Ordaz.
Noel Vidal Álvarez Camargo (66 años), empresario, expresidente de Fedecámaras y Consecomercio. Fue detenido el 10 de enero de 2025 en el municipio Baruta, Caracas, y permanece desaparecido, sin que ni el Ministerio Público ni el Ministerio de Interior se hayan pronunciado sobre su situación. Extraoficialmente se dice que está en El Helicoide. Se desconocen los motivos de la detención. El 10 de julio, la CIDH le otorgó medidas cautelares.
Eduardo José Torres Muñoz (49 años), abogado y dirigente sindical vinculado a Provea y a la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas (Afufat) de la UCV. Fue detenido el 9 de mayo de 2025 en Caracas de manera arbitraria tras salir de una reunión con otros dirigentes en Parque Central. Desde entonces permanece desaparecido y se desconocen los cargos en su contra.
Lourdes Villareal (59 años), profesora dedicada a Teatro, Artes Escénicas y Castellano en La Pastora, dirigente del Sindicato Venezolano de Maestros (SINVEMA) y representante formativa de FORDISI. Fue interceptada el 22 de mayo de 2025 en Caracas por hombres no identificados al salir de su casa y forzada a subir a una camioneta mientras su hija intentaba impedirlo. Desde entonces permanece desaparecida, sin información sobre su situación legal.
Yuri Salas (56 años), dirigente del Sindicato Unitario de Empleados Públicos de la Gobernación de Miranda. Fue detenido el 23 de mayo de 2025 en la ARC, entre Miranda y Carabobo, por funcionarios del Conas cuando se disponía a visitar a unos familiares en Valencia. El 5 de junio lo trasladaron al penal de Tocuyito. Sus familiares desconocen los delitos que le imputan y no le han permitido defensa privada. Sufrió un ACV, por lo que requiere medicación especializada.
Ángel Rivas (67 años), jubilado del sector salud, con más de 30 años de servicio en el hospital Uyapar y representante de los jubilados. Fue detenido el 19 de junio de 2025 en su residencia en Bolívar por funcionarios de seguridad al no encontrar a la presidenta del Colegio de Enfermería del municipio Caroní. Su paradero se desconoce y su detención parece estar vinculada a su labor como vocero de la crisis hospitalaria en la región.
Fernando Serrano (75 años), dirigente sindical de CVG Venalum, encargado de Trabajo y Reclamo en Sutralum. Fue detenido el 18 de julio de 2025 en Bolívar y acusado por cargos como terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir. Hasta ahora se desconoce su paradero, estado de salud y situación legal. Había denunciado la grave situación laboral de empleados activos y jubilados, incluyendo pagos insuficientes.
Yanny Esther González Terán (55 años), presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Barinas. Fue detenida el 22 de julio de 2025 en Barinas por una comisión de 15 funcionarios cuando salía de la sede gremial y se dirigía a su casa. Permaneció 13 días sin audiencia y luego le imputaron instigación al odio y asociación para delinquir en un juicio telemático. Está recluida en los calabozos del Cicpc y sufre hipertensión y diabetes.
Fidel Brito (79 años), presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar (FetraBolívar). Fue detenido el 22 de julio de 2025 tras un allanamiento a su vivienda en Puerto Ordaz. Desde entonces permanece desaparecido, sin que se conozca su paradero. Había denunciado la criminalización de la protesta sindical. Padece Parkinson, lo que incrementa la preocupación por su salud y seguridad.
Roberto Antonio Campero (73 años), profesor y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), filial de Fetramagisterio. Fue sacado violentamente de su vivienda el 14 de agosto de 2025 en Turmero, Aragua, por funcionarios de Inteligencia, quienes también sustrajeron celulares y laptops. Inicialmente estuvo en “La Quinta”, sede del Sebin en Maracay, y ahora se encuentra en El Helicoide. Nadie ha podido verlo.
José Eustorgio Osorio Torres (72 años), ingeniero civil, expresidente del Colegio de Ingenieros de Barinas y de la Asociación de Empleados Universitarios de la Unellez. Fue detenido el 30 de agosto de 2025 por el Sebin en Ciudad de Nutrias, Barinas, tras participar en una actividad en apoyo a familias afectadas por inundaciones. Estuvo desaparecido varios días hasta que lo presentaron en tribunales y luego lo trasladaron extraoficialmente a Caracas.
Persecución sistemática y violaciones a los derechos humanos
Estos casos evidencian un patrón de criminalización de la protesta sindical y laboral en Venezuela, con acusaciones desproporcionadas como terrorismo, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio.
Además, varios de los detenidos son personas mayores o con enfermedades graves como hipertensión, diabetes, parálisis facial y Parkinson, lo que agrava la violación a su derecho a la vida e integridad personal. El SNTP exige al Estado venezolano la liberación inmediata de todos los dirigentes sindicales y gremiales detenidos arbitrariamente; el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia; atención médica adecuada para quienes lo requieran; y, el cese de la criminalización de la protesta laboral y sindical, amparada en la Constitución y convenios internacionales de la OIT.
