Pancarta de “Francia sufriendo” durante una manifestación el pasado 10 de septiembre en París. EFE/EPA/TERESA SUAREZ
París (EuroEFE).- Francia encara este jueves una jornada de protestas masivas en la que se temen bloqueos, sabotajes y altercados, mientras el nuevo Gobierno enfrenta el escepticismo de los socialistas, que han marcado sus líneas rojas para no censurar de entrada al nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu.
Todos los sindicatos han organizado la jornada de este jueves, en la que el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, anticipa que habrá «5.000-10.000 individuos» con intenciones de causar altercados y con «odio contra la policía», a los que identificó como de extrema izquierda.
«Espero movilizaciones muy fuertes«, reconoció este miércoles Retailleau, que dijo que su misión es que los que quieran manifestarse pacíficamente lo puedan hacer, pero también impedir los disturbios, los bloqueos y los chantajes.
Para hacer frente a esas amenazas, afirmó que el Gobierno va «a responder de forma masiva» con la movilización de «más de 80.000 policías y gendarmes«, así como con el despliegue de drones de vigilancia, vehículos blindados y una decena con cubas para lanzar agua a presión por si son necesarios en las manifestaciones.
Unos 800.000 manifestantes previstos
El ministro explicó que ha dado «consignas claras» de «firmeza» y «autoridad» para que las fuerzas del orden intervengan desde que haya un bloqueo y vayan a por los autores de actos violentos para detenerlos y presentarlos ante la Justicia.
Añadió que, a la vista de las previsiones del impacto de la huelga en el transporte metropolitano, el jueves «será una jornada negra en París», con 13 de las 16 líneas del metro y varias redes de cercanías afectadas.
Los servicios secretos de la policía han estimado que el jueves saldrán a la calle cerca de 800.000 personas, lo que de confirmarse sería cuatro veces más que en la jornada de protesta del pasado día 10, que bajo el lema ‘bloqueemos todo’había surgido en las redes sociales sobre todo contra el plan de ajuste del Gobierno del primer ministro centrista François Bayrou, que cayó el 8 de septiembre.
La convocatoria del jueves la han lanzado los ocho sindicatos representativos de Francia, contra los 44.000 millones de euros de ajuste que planteaba Bayrou para 2026 y porque quieren pesar en las negociaciones que ha lanzado el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, para preparar los presupuestos del año próximo y formar su Ejecutivo.
Los socialistas exigen un giro radical
Este miércoles, Lecornu se reunió con los responsables socialistas y tenía previsto hacerlo también con los ecologistas, comunistas y con los dos líderes de la extrema derecha, Marine Le Pen y su lugarteniente, el eurodiputado Jordan Bardella.
Los socialistas presentaron a Lecornu sus condiciones para no censurarlo de entrada, y le advirtieron de que eso significa dar un giro radical con los planes de ajuste de su predecesor, Bayrou.
«Si no está dispuesto a entender, lo censuraremos. Si está dispuesto a retomar lo que le hemos explicado, si está dispuesto a salir del estado depresivo en el que François Bayrou ha puesto el país, habrá materia para discutir», ha declarado el primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure.
El primer secretario del Partido Socialista (PS) Olivier Faure, en una imagen de archivo. EFE/YOAN VALAT
En declaraciones a los medios a su salida de una entrevista de casi dos horas con Lecornu en la residencia oficial del primer ministro, Faure subrayó junto a los dos jefes del grupo parlamentario que el nuevo jefe del Gobierno se ha mostrado «muy ambiguo sobre sus intenciones».
Ha señalado que en este encuentro no les dio «la menor indicación de lo que haría».
«Nosotros le hemos dicho muy claramente que si está ahí para hacer lo mismo que François Bayrou, las mismas causas producirán los mismos efectos y le censuraremos desde la discusión de política general», en alusión a la que debe ser la primera comparecencia ante el Parlamento una vez que el primer ministro forme su Gobierno, algo que podría tardar incluso varias semanas.
Los responsables socialistas le han recordado las que son sus prioridades, como la derogación de la reforma de las pensiones que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, la aplicación del llamado ‘impuesto Zucman‘ a los multimillonarios, un relanzamiento económico mediante la inversión o medidas fiscales para estimular el poder adquisitivo.
Como ha subrayado Faure, le han señalado a Lecornu, apoyándose en una encuesta publicada este miércoles, que una amplia mayoría del 86 % de los franceses apoyan el ‘impuesto Zucman‘ que gravaría con un 2 % el patrimonio de los que tienen más de 100 millones de euros (unos 1.800 contribuyentes en Francia).
El desafío de Lecornu
El anterior primer ministro francés, François Bayrou (i), da la mano al nuevo jefe del Ejecutivo, Sebastien Lecornu (d), el pasado 10 de septiembre en París. EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL
Lecornu, que fue nombrado el pasado día 9 por el presidente, Emmanuel Macron, con el mandato de lanzar una concertación para tratar de adoptar unos presupuestos para 2026, inició la semana pasada una ronda de contactos con responsables de los sindicatos, de la patronal y de los partidos.
Le Pen y Bardella han advertido de que acuden a su reunión con Lecornu por guardar las formas, «por cortesía republicana», pero que no esperan un cambio de política del nuevo primer ministro y por eso tienen intención de censurarlo en cuanto sea posible.
De hecho, lo que reclaman es elecciones legislativas anticipadas o, mejor, que Macron dimita.
En cuanto a la izquierda radical, La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon ni siquiera se va a prestar a entrevistarsecon Lecornu y lo que quiere es que el presidente francés se vaya, porque lo consideran el responsable de la situación. Por eso han presentado una moción de destitución que no tiene posibilidades de prosperar.
En el meollo de la crisis política que vive Francia están los presupuestos de 2026 después de la caída por ese motivo del Ejecutivo de François Bayrou, que planeaba un recorte del déficit de casi 44.000 millones de euros, rechazado de plano por toda la oposición.
EFE
