El director del Foro Penal, Alfredo Romero dijo este lunes que no existe una lista oficial de los jóvenes que fueron excarcelados el fin de semana en Venezuela.
El director del Foro Penal, Alfredo Romero dijo este lunes que no existe una lista oficial de los jóvenes que fueron excarcelados el fin de semana en Venezuela.
Málaga (España), 18 nov (EFE).- El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, confía en que la liberación de «presos políticos» detenidos por las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio «marque el nuevo rumbo» en su país.
En declaraciones a EFE antes de participar en un foro organizado por el Círculo Empresarial de Málaga (sur español), González consideró este lunes que «son muchos más» los presos que los verificados por la ONG Foro Penal, que había registrado hasta el domingo la liberación de 131 personas.
«Los que se liberaron nunca han debido estar detenidos», indicó quien fuera candidato a la presidencia del Gobierno del país caribeño por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal agrupación antichavista, en los comicios venezolanos.
González Urrutia se refirió a la «desagradable» situación que han sufrido las familias «sin sus seres queridos», y añadió que tienen «manifestaciones» de que algunos de ellos «fueron sometidos a tratos crueles».
El sábado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que fueron «otorgadas y ejecutadas» 225 medidas de libertad de detenidos tras las protestas contra el resultado oficial de las elecciones, que concedió el triunfo a Nicolás Maduro para un nuevo mandato.
La oposición, por el contrario, denunció un «fraude masivo» y aseguró que el vencedor era González Urrutia.
«La libertad es algo que, una vez que se toma, se quiere para siempre», indicó el opositor, quien confió en que «eso sea lo que impere y que el Gobierno (venezolano) no vuelva a tomar acciones como ésta», en referencia a los arrestados.
Incidió en que «fueron detenidos sin razón» por haber participado en una «protesta pública», y confió en que «esta liberación marque el nuevo rumbo para que el 10 de enero sea la fecha de reencuentro de todos los venezolanos», en alusión al día de toma de posesión del presidente de Venezuela para los próximos seis años.
González, que planea regresar a su país entonces, aspira a que el «entusiasmo» que percibe «se mantenga y pueda llegar para asumir el Gobierno».
Durante el foro, el líder opositor venezolano expresó su agradecimiento por el recibimiento que ha tenido durante su estancia en España, adonde llegó en septiembre para solicitar asilo político, después de que la justicia ordenara su detención.
Sobre el impacto que puede tener en Venezuela la reciente victoria del republicano Donald Trump en Estados Unidos, González Urrutia opinó que hay que «esperar» a enero, cuando tome posesión, que será «cuando se van a materializar las señales».
«Hasta ahora, lo que hemos visto es que las designaciones del Gobierno son de la línea dura. Vamos a ver cómo se pone en práctica eso», comentó sobre los nombramientos anunciados por Trump.
«El Gobierno de Venezuela no debe estar muy contento», apostilló el opositor.
En su intervención, Edmundo González se refirió a crisis económica venezolana como una de las «más profundas» de la historia reciente.
Detalló «una contracción del PIB que supera el 70 por ciento», más de dos tercios de las empresas industriales han cerrado «debido a un entorno económico hostil» y se ha producido un «éxodo masivo de talento y fuerza laboral» de más de 8 millones de personas, aseguró.
Pero se mostró convencido de las posibilidades de recuperación: «Con las políticas adecuadas, Venezuela puede volver a ser lo que fue durante la segunda mitad del siglo XX». EFE
Este lunes se cumplen 111 días de la detención del dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano y su esposa, Aurora Silva espera un milagro para que sea excarcelado, en medio de los últimos acontecimientos que han ocurrido en el país.
En entrevista con ABC de España, afirmó que ha seguido con atención las excarcelaciones que se llevaron a cabo este fin de semana, y dijo que tiene esperanza.
«Es difícil porque mi esposo es uno del grupo al que ellos llaman ‘de mayor peso político’. Ojalá esté equivocada y ocurra el milagro».
Afirmó que no han podido verlo, pero le ha podido entregar paquetería dos veces por semana con comida, ropa y utensilios de aseo.
«Hasta el momento no tenemos ninguna información oficial más allá de la que nos dan los custodios en el Helicoide, que me han confirmado que está ahí desde el 7 de agosto, una semana después de su detención», explica Aurora. Cada vez que acude al centro de detención le dicen que aún no puede ver a su esposo, «y que solo puedo asistir los días de paquetería», dos a la semana, en los que entrega cosas personales -utensilios de aseo, comida y ropa-. Lo que pasa con ellos ya no lo sabe.
Otra vía de información es la de los rumores, «porque nada es oficial acá».
Así se enteró de que «a Freddy le han negado el derecho a la defensa privada, como a todos, y a la visita. En Venezuela el debido proceso no existe», denunció Aurora, a la que han mareado con informaciones contradictorias. Mientras en la defensoría del pueblo le aseguran que está autorizada la visita a su marido, se la niegan cuando llega al centro de detención. «Asumo que es el director del Helicoide quien tiene que autorizarla».
El embajador estadounidense Francisco Palmieri lamentó este jueves la noticia sobre el fallecimiento de Jesús Martínez, detenido tras el 28 de julio y quien formaba parte del equipo de Vente Venezuela en Anzoátegui.
Caracas, 14 nov (EFE).- La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en Venezuela, hizo un llamado este jueves a los familiares de los detenidos tras la crisis postelectoral a mantener la prudencia en las expectativas sobre posibles excarcelaciones, luego de que la Fiscalía se comprometiera a agilizar los procedimientos, según los allegados de los reos.
«Mi llamado específicamente a los familiares de los presos por motivos políticos, en este momento, cuidado con las expectativas, porque, además, nadie conoce nunca cuáles son los criterios que se utilizan para validar quién termina excarcelado y quién no y esto es algo importante», dijo el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, en rueda de prensa.
El activista pidió «esperar un poco», al tiempo que dijo que ojalá se liberen a la mayor cantidad de personas posibles, especialmente, a aquellos que tienen alguna condición delicada de salud.
El martes, familiares de los aprehendidos aseguraron, al salir de una reunión con el fiscal general, Tarek William Saab, que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) se comprometió a agilizar los procesos de los detenidos tras las presidenciales del 28 de julio.
«El fiscal general nos atendió el día de hoy. (Dijo) que comenzaba la celebración de procesos, que venían cosas buenas para los muchachos, que los inocentes van a salir y van a buscar la realidad de todo esto», declaró ante periodistas Theany Urbina, madre de uno de los 69 adolescentes detenidos en el contexto de la crisis poselectoral.
Por su parte, Dionexis García, madre de otro adolescente que lleva más de tres meses preso, espera que en adelante «sea más rápido el proceso» y se concedan excarcelaciones, eventualmente bajo la figura de medidas cautelares o sobreseimiento de las causas, escenarios que -dijo- se hablaron en la reunión.
Según el Foro Penal, hay 1.976 «presos políticos» en Venezuela, de los cuales 1.848 fueron detenidos tras las presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, asegura que ganó su candidato, Edmundo González Urrutia, por un amplio margen, pese a que el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro. EFE
El Frente Amplio de Mujeres se solidariza con las madres, abuelas, esposas, hijos, de los adolescentes y jóvenes privados de libertad, mujeres y hombres que llenos de esperanza y fe anhelan disfrutar una navidad donde el reencuentro familiar sea la clave para una verdadera paz.
El Frente Amplio de Mujeres se hace eco del clamor nacional por la liberación de los 1963 presos políticos, por el respeto a los DDHH de los detenidos en especial de las mujeres , jóvenes y personas con discapacidad recluidas.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la garantía de defensa por la dignidad y los derechos humanos, la cual no está siendo respetada al ni siquiera cumplirse el debido proceso a la defensa.
Mención especial para los menores de edad detenidos, a quienes se pretende juzgar con las mismas penas y criterios que a los adultos presos comunes, quienes también merecen el debido proceso y que sus derechos sean respetados.
Resaltamos que la Convención sobre los Derechos del Niño que en sus artículos 37 y 40 establecen que los adolescentes no deben ser juzgados como adultos. Por otro lado, no olvidemos que los menores de edad están en una fase de desarrollo vulnerable en la que requieren un enfoque especializado dentro del sistema penal y que en Venezuela no existe, al tenerlos privados de libertad en cárceles de alto riesgo con presos comunes situación que podría afectar su salud física y mental, por lo que los adolescentes y jovenes deben ser liberados de inmediato.
El Frente Amplio de Mujeres no cesara de exigir la libertad de todos los presos políticos, pensar distinto no es delito.
El cambio comienza con la libertad de los inocentes. Los 1963 presos políticos deben ser liberados de inmediato, pensar distinto no es delito.
La mañana de este miércoles concluyó una vigilia de 12 horas que llevaron a cabo madres de presos políticos que están recluidos en Yare III, estado Miranda.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos -Clippve- compartió fotos y videos de la jornada en la que, solicitan a la comunidad internacional y a los venezolanos que no abandonen su lucha porque sus familiares son inocentes.
«Culminamos 12 horas de vigilia en Yare III, estamos pidiendo a Dios que se mueva lo que se tenga que mover para la libertad de nuestros hijos, de nuestros hermanos y familiares. Creemos en Dios y confiamos en que serán pronto liberados», exclamó una de las mujeres al referir a las declaraciones recientes del fiscal general, Tarek William Saab.
«Dios sabe que nuestros hijos no son delincuentes ni terroristas, no hacemos daño a nadie. Queremos libertad para nuestras familias, no tendremos Navidad sin nuestros familiares. Queremos una Navidad sin presos políticos. Pedimos ayuda al mundo entero».
Caracas, 12 nov (EFE).- El Ministerio de Público de Venezuela se comprometió a agilizar los procesos de los detenidos tras las presidenciales del 28 de julio, según dijeron este martes familiares de los aprehendidos al salir de una reunión con el fiscal general, Tarek William Saab.
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La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela -PUD- condenó este martes la situación grave que enfrentan casi 2 mil familias venezolanas ante la detención de sus seres queridos, y exigió a Nicolás Maduro su inmediata liberación.
A través de un comunicado, el bloque opositor expresó que se une a la denuncia y alerta sobre la reiterada violación de los derechos humanos en Venezuela.
«Hasta la fecha, las organizaciones de DDHH registran más de 1.963 detenidos por razones políticas quienes no han tenido acceso a la designación de abogados de su confianza. Para todos ellos, la prisión se ha convertido en casi una pena de muerte anticipada debido a las condiciones inhumanas de reclusión en las que se encuentra la mayoría».
Reprochó que 69 menores de edad permanezcan detenidos y se le niegue atención médica, «causando en algunos casos daños irreparables a su salud. Con dolor, los venezolanos hemos sido testigos de los testimonios de las madres de los presos políticos, quienes han desnudado con sus relatos la cara cruel del sistema represor. Por tanto, exigimos el cese de la violación de los derechos humanos, los tratos crueles, inhumanos o degradantes y la tortura a los presos políticos, que se extiende diariamente también hacia sus familiares».
Además, muchos de los detenidos han sido sometidos a un aislamiento injustificado, sin informar a sus familiares las razones de estas medidas inhumanas.
«Esto se traduce para madres, padres y hermanos en engaños; juegan con su angustia y desesperación al no brindarles información sobre el paradero o las condiciones de detención de sus seres queridos, violando todos los protocolos y convenios internacionales en la materia. Estos venezolanos inocentes están tras las rejas solo por pensar distinto y defender la voluntad mayoritaria que el pueblo expresó en el pasado proceso electoral presidencial. Algunos han fallecido por falta de atención médica; otros han intentado o piensan en quitarse la vida ante la terrible situación de indefensión en la que se encuentran o como consecuencia de torturas que los llevan a estados psicológicos vulnerables. Hay presos políticos con graves patologías crónicas como el cáncer, la diabetes o enfermedades autoinmunes, a quienes se les ha negado la asistencia médica necesaria, condenándolos al deterioro absoluto de su salud y poniendo en peligro inminente sus vidas», advirtió la PUD.
Por tanto, exigen a Maduro asumir su responsabilidad de esta lamentable realidad y ordenar la liberación de los presos políticos, y en especial, la excarcelación inmediata de los menores de edad y de los presos políticos con condiciones de salud delicadas que requieren atención médica urgente para preservar sus vidas.
«Así como los venezolanos estamos unidos y determinados a defender la victoria de Edmundo González, estamos también unidos en la exigencia de la libertad de todos los presos políticos y en ponerle un alto a la violación de los derechos humanos en Venezuela».
¡Ya basta! ¡Libertad para los presos políticos! #Comunicado pic.twitter.com/pLixAQnu32
— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) November 12, 2024
Caracas, 11 nov (EFE).- Decenas de políticos de Venezuela que este año promovieron una opción que pusiera fin al Gobierno chavista, a través de las elecciones del 28 de julio, están hoy tras las rejas. Según registros de ONG, cerca de 170 militantes y activistas de partidos son ahora prisioneros acusados, en su mayoría, de terrorismo.
Casi todos fueron arrestados en los días posteriores a los comicios, en los que el presidente Nicolás Maduro fue oficialmente reelegido, tras lo cual la principal coalición opositora -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- cantó fraude y se desató una crisis que estremeció la política internacional, con protestas poselectorales y una oleada de detenciones.
Mientras el Ejecutivo habla de 2.400 detenidos en ese contexto, las organizaciones no gubernamentales estiman que el número oscila entre los 1.700 y los 1.800, lo que revela que un 10 % corresponde a políticos, propiamente afiliados a diferentes formaciones, que pasaron de gritar consignas en las calles a luchar por su libertad detrás de los barrotes.
Para la abogada Martha Tineo, de la ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP), hay «un agravamiento en la ejecución de la persecución por razones políticas en Venezuela», donde la Justicia emitió una orden de captura contra el candidato presidencial de la PUD, Edmundo González Urrutia, que lo llevó a exiliarse en España desde el 8 de septiembre.
«Esa posición contraria al poder ha sido criminalizada (…) no necesariamente estamos hablando de oposición, sino de cualquier ejercicio o posición que el poder considere contrario a sus intereses», expuso la jurista, al recordar que, además de políticos de base, hay activistas de DDHH, líderes sindicales, periodistas y estudiantes en las listas de «presos de conciencia».
«Esa persecución, más que selectiva, pasa a ser generalizada», subrayó Tineo a EFE.
Todos -incluidos 69 adolescentes-, a ojos del chavismo, están incursos en conspiraciones para derrocar a Maduro, cuyo triunfo en las urnas no ha sido reconocido por numerosos países, que han pedido al ente electoral publicar algún soporte que confirme ese resultado, pues González Urrutia asegura que ganó la Presidencia y difundió actas de votación para fortalecer su reclamo, aunque el Ejecutivo asegura que son falsas.
Mientras persiste el cuestionamiento sobre los comicios, 170 políticos acumulan días en prisión, un número de activistas que equivale a encarcelar a la mitad de los alcaldes del país o a que una redada policial hubiese vaciado todos los escaños del Parlamento de 2015, cuando la Cámara estaba integrada por 167 diputados.
Tineo explica que, antes del 28 de julio -de acuerdo con los registros de JEP-, apenas el 1 % de los considerados presos políticos tenían filiación real a una formación, una realidad que cambió, cree, bajo este «castigo ejemplarizante» que busca «desalentar la participación ciudadana», sobre todo en cuanto a los reclamos poselectorales.
«Las detenciones por razones políticas en Venezuela suelen seguir un patrón, todo empieza con una detención arbitraria», señala la abogada, tras denunciar que estas aprehensiones se concretan sin que los afectados estuviesen en flagrancia criminal o hayan sido objeto de una investigación penal, aunque la Fiscalía vincula a la mayoría de los capturados con supuestos planes golpistas o de magnicidio.
Luego, prosigue la jurista, hay «una negación al derecho a la defensa», pues -asegura- a ninguno de los políticos encarcelados se les ha permitido designar a un abogado de confianza y, por el contrario, el Estado ha asignado exclusivamente defensores públicos que, en algunos casos, «jamás» se han reunido con sus clientes.
A esto se suma -continuó- la necesidad de sortear en prisión los problemas para acceder a «atención médica debida», alimentos o agua potable, mientras pasan los días pensando en la posibilidad de ser condenados a la pena máxima, de 30 años, por estar acusados de los delitos más graves del ordenamiento jurídico.
«Todos (estos casos) están siendo ventilados ante tribunales especiales contra terrorismo, que solamente tienen sede en Caracas (…) están siendo llevados a juicio sin haberse podido defender de nada», resaltó Tineo, tras explicar que las audiencias ante el juez se han celebrado de manera virtual, con el privado de libertad oyendo los cargos que le imputan desde su sitio de reclusión. EFE