El partido de oposición Primero Justicia (PJ) exigió al Nicolás Maduro la liberación inmediata de los más de 1.800 presos políticos en Venezuela.

Una nota de prensa enviada por la tolda aurinegra, suscribe que PJ es actualmente el segundo partido de oposición en Venezuela con más presos políticos, contabilizando hasta el momento 34 líderes y militantes detenidos arbitrariamente, entre ellos el alcalde de Maracaibo (Zulia), Rafael Ramírez, miembro de la junta directiva nacional del partido, así como otros miembros de su equipo, como Pedro Guanipa, hermano de los dirigentes Juan Pablo y Tomás Guanipa.

Refirió a datos de la ONG Foro Penal que reporta la detención de 1.828 personas desde el 28 de julio, entre las cuales hay cerca de 200 mujeres y 68 menores de edad.

«Mientras tanto, Maduro se jacta de tener la cifra más alta de presos políticos en los últimos 25 años, con más de 2.400 personas detenidas. Estas cifras reflejan la represión desatada en respuesta a las manifestaciones en todo el país, donde los venezolanos exigían respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales, en las que participaron más de 12 millones de ciudadanos. Esto confirma las denuncias de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que evidencian el incremento de la represión y persecución contra el pueblo venezolano».

PJ también expresó su preocupación por la aprehensión de otros líderes de la oposición, entre ellos Henry Alviárez y Dignora Hernández, ambos miembros de la directiva de Vente Venezuela; los dirigentes de Voluntad Popular Freddy Superlano y Roland Carreño; el coordinador nacional de Convergencia, Biagio Pilieri, y Perkins Rocha, del Comando ConVzla. Hasta ahora, ni familiares ni abogados han tenido acceso a estos últimos tres líderes, quienes fueron víctimas de desaparición forzada a manos de funcionarios del régimen.

Además, señalaron que seis miembros del equipo de María Corina Machado se encuentran refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, donde «han sido acosados». Enfrentan cortes de servicios básicos como electricidad y la presencia constante de funcionarios policiales que amenazan con ingresar a la sede diplomática.

«Persiguen tanto a líderes de oposición como a defensores de derechos humanos y miembros clave de la sociedad civil, como el director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, quien lleva más de tres años detenido, y Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, con más de ocho meses en prisión. Más de siete millones de venezolanos han solicitado asilo en otros países desde 2014, huyendo de la violencia, inseguridad, amenazas, y la falta de alimentos y medicinas, enfrentando grandes peligros en su ruta migratoria».

PJ exige a Maduro la liberación inmediata de cada uno de los presos políticos, el cese de la persecución y la garantía de sus derechos fundamentales, conforme a la Constitución nacional. También exhortaron a la comunidad internacional a continuar registrando y denunciando las constantes violaciones de derechos humanos que enfrenta el pueblo venezolano.