La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania aprobó este miércoles con una amplia mayoría las dimisiones presentadas por los ministros de Justicia y Energía, Herman Galuschenko y Svitlana Grinchuk, respectivamente, por su presunta responsabilidad en la trama de comisiones ilegales destapada por las autoridades anticorrupción del país.
Según los investigadores, Galushchenko formó parte de una red que se lucró en tiempos de guerra con el cobro de sobornos a contratistas de la empresa nacional de energía atómica, Energoatom, desde el cargo de ministro de Energía.
Galushchenko dejó Energía en julio para ocupar la cartera de Justicia. Su sustituta al frente del ministerio responsable de la empresa Energoatom, Svitlana Mindich, también fue forzada a dimitir la semana pasada por su supuesta responsabilidad en los hechos delictivos de la trama.
Primeras imputaciones
Las revelaciones de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) han desatado la peor crisis política de toda la guerra debido a la aparición de varios ministros en las grabaciones interceptadas en la trama, que estaría liderada además por un exsocio y amigo del presidente Volodímir Zelenski.
La NABU anunció este martes la imputación de uno de los ministros que habrían formado parte de la red, el que fuera titular del Ministerio de Unidad Nacional, Oleksí Chernishov.
Algunas informaciones sobre la investigación aparecidas en el espacio público apuntan a la supuesta aparición en las cintas del actual jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, el exministro de Defensa Rustem Umérov, y el jefe de la oficina presidencial ucraniana y mano derecha de Zelenski, Andrí Yermak.
El diario de Kiev Ukrainska Pravda reveló en un artículo publicado el martes que varios colaboradores del más alto nivel de Zelenski le piden que cese a Yermak para superar la crisis provocada por el escándalo. EFE
La tramitación del proyecto de ley para aplicar la pena de muerte contra palestinos acusados de asesinar a ciudadanos israelíes avanza en la Knéset (Parlamento israelí) tras su aprobación este lunes por parte de la Comisión de Seguridad Nacional, que ahora lo enviará de nuevo al pleno para que siga el proceso parlamentario.
Poder Judío, el partido del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, promotor del proyecto, afirma que la aprobación en comisión parlamentaria supone «otro paso hacia la justicia histórica».
Según el diario israelí Yedioth Ahronoth, el pleno de la Knéset votará el proyecto de ley a lo largo de esta semana.
Netanyahu, a favor de la ley
Durante el debate en la comisión, el coordinador israelí para asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, aseguró que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, está a favor de la ley.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (3i), en el Parlamento en Jerusalén, en una imagen de archivo. EFE/Jim Hollander
«En el último debate, expresé una fuerte oposición a mantener esta discusión en cualquier caso debido al claro peligro que suponía para los rehenes vivos (en Gaza). Como ya están aquí, naturalmente nos encontramos en otra realidad», dijo Hirsch.
El pleno del Parlamento ya aprobó el pasado 28 de septiembre en una primera lectura que el proyecto de ley fuera a la Comisión de Seguridad Nacional, que ahora ha dado luz verde a la norma para que inicie su proceso de tres lecturas en la Knéset, la primera esta semana.
«El proyecto establece que un terrorista que asesinó a un ciudadano israelí por un motivo de racismo u hostilidad hacia el público, con la intención de dañar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en esta tierra, sea sentenciado a muerte y sólo a esta pena», dice el comunicado de Poder Judío.
El proyecto también permite que un tribunal militar pueda imponer por mayoría simple, y no por unanimidad, la pena capital, que además no podrá ser conmutada.
El proyecto también prevé condiciones más duras para presos
Imagen de archivo de un palestino detenido en Cisjordania. EFE/Edi Israel.
Las autoridades israelíes utilizan «terrorista» para referirse a cualquier palestino que ataca a sus soldados o a los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania, además de a aquellos que perpetran atentados en territorio israelí.
Bajo este paraguas, el Ejército de Israel ha llegado a referirse como «terroristas» a niños, mujeres y hombres que han lanzado piedras contra las tropas o los colonos y han sido abatidos a tiros por ello.
El término también es utilizado habitualmente en Gaza, en referencia a presuntos milicianos del brazo armado de Hamás y otras organizaciones, si bien en pocas ocasiones Israel prueba la pertenencia de estas personas a dichos grupos y sus ataques suelen matar también a numerosos civiles.
Además el ministro Ben Gvir, a cargo de la cartera de Seguridad Nacional en Israel, ha promovido también un endurecimiento de las condiciones de los presos palestinos, que denuncian habitualmente sufrir abusos e incluso torturas, así como privación del sueño, alimento o la higiene.
«Tras la reforma penitenciaria que lideré y la política del mínimo de lo mínimo para los terroristas, es hora de dar un paso más en materia de disuasión. La ley de la pena de muerte no solo es una medida moral y justa, sino también fundamental para la seguridad del Estado», dijo Ben Gvir en el debate de la comisión.
Hamás condena el avance la ley
El grupo islamista Hamás condenó este lunes el avance de este proyecto de ley israelí de pena de muerte, que calificó como «la fea cara fascista de la deshonesta ocupación sionista».
«La aprobación por el Comité de Seguridad Nacional de la Knéset del proyecto de ley para ejecutar a prisioneros palestinos y su redirección a la Knéset para su votación representa la fea cara fascista de la deshonesta ocupación sionista y representa una flagrante violación del derecho internacional», advirtió Hamás en un comunicado.
El grupo islamista hizo un llamamiento a la ONU, la comunidad internacional y otras organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos a llevar a cabo una «acción inmediata para parar este crimen brutal», así como a la formación de comités que puedan entrar en los centros de detención israelíes para examinar las condiciones de los presos palestinos.
La organización mencionó específicamente el caso de la prisión de Sde Teiman, en el desierto sureño del Néguev y protagonista en la última semana de las portadas de los medios israelíes por la filtración de un vídeo de varios carceleros abusando y torturando a un prisionero.
El Ejército está investigando la filtración, y no el contenido abusivo de las imágenes.EFE
El proyecto de ley para modernizar el servicio en las Fuerzas Armadas de Alemania, que incluye la reintroducción de elementos obligatorios con la posibilidad de un reclutamiento forzoso si faltan voluntarios, comenzó a debatirse este jueves en la Cámara Baja del Parlamento (‘Bundestag’) en medio de una gran controversia política.
«Necesitamos un servicio militar atractivo, un servicio militar con sentido» y «necesitamos modernizar y revitalizar el registro militar», dijo el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, al presentar el proyecto de ley ante el pleno.
«Solo así se encontrarán suficientes jóvenes motivados, tanto hombres como mujeres, dispuestos a prestar servicio en las Fuerzas Armadas o a alistarse en la reserva», abundó Pistorius, que se mostró abierto a que las deliberaciones parlamentarias enmienden su propuesta.
Rüdiger Lucassen, diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el principal partido de la oposición, reprochó a Pistorius en su intervención querer traer de vuelta el servicio militar en el país sin saber qué es lo que hay que defender, una acusación a la que respondió Norbert Röttgen, de la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU).
«Están siendo atacadas nuestra libertad y modo de vivir en Europa», señaló Röttgen en alusión a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, tras haber apuntado que el objetivo de la reforma es que Alemania «sea capaz de defenderse».
El canciller alemán Friedrich Merz observa mientras el copresidente del partido y facción Alternativa para Alemania (AfD), Tino Chrupalla, habla durante una sesión del Parlamento alemán, el Bundestag, en Berlín, Alemania. EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Desacuerdos en la coalición
La coalición de democristianos y socialdemócratas, liderada por el canciller Friedrich Merz, aspira a que la reforma esté aprobada antes de final de año, pero por el momento no han logrado ponerse de acuerdo sobre la forma concreta en la que se procederá si faltan voluntarios para alcanzar la meta de 260.000 soldados activos y 200.000 reservistas en 2035.
El martes, los negociadores de ambos bloques parlamentarios parecían haber llegado a un compromiso: que se eligiese por sorteo a los jóvenes varones que hayan de someterse a un reconocimiento médico y, de entre ellos, por el mismo procedimiento a los reclutas.
Pero horas más tarde llegó el veto del ministro de Defensa, que, a pesar de que gran parte de su partido desearía un servicio exclusivamente voluntario, insiste en que por razones prácticas todos los varones y no solo una parte deben ser reconocidos obligatoriamente, aunque solo algunos sean seleccionados después.
División social
Según una encuesta reciente de Forsa, el 54 % de los ciudadanos alemanes está a favor de la reintroducción del servicio militar obligatorio, suspendido en 2011, mientras que el 40 % lo rechaza.
La polarización es mayor si se observan los grupos de edad: el 61 % de los mayores de 60 años favorece el servicio obligatorio, pero el 63 % de los afectados -el grupo de entre 18 y 29 años- lo rechaza.
Entre tanto, la cifra de objetores de conciencia que se registran de forma preventiva no ha aumentado en lo que va de año, pues hasta finales de septiembre constan 2.529 solicitudes, informó a EFE la autoridad competente, la Oficina Federal para la Familia y las Tareas de la Sociedad Civil (BAFzA), frente a las 2.998 del año pasado.
El copresidente del partido y facción Alternativa para Alemania (AfD), Tino Chrupalla, habla durante una sesión del Parlamento alemán, el Bundestag, en Berlín, Alemania. EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Próximos pasos de la reforma
Si se aprueba el proyecto de ley de Pistorius, el año próximo los 650.000 jóvenes nacidos en 2008 recibirán formularios que los varones deberán rellenar de forma obligatoria, sobre sus aptitudes y su disposición a servir en el Ejército.
Idealmente, se seleccionará a cierto número de voluntarios para ser reconocidos y, de estos, se elegirá para un servicio de entre seis y 23 meses a aproximadamente 15.000, en base a las capacidades actuales de adiestramiento de las Fuerzas Armadas.
A partir de 2031 esta cifra deberá duplicarse hasta los 31.000 jóvenes, un contingente que los expertos dudan de que pueda ser reclutado de forma voluntaria con buenos sueldos, ofertas de formación y otros atractivos.
Un país de tradición pacifista
«Está claro que el crecimiento de las Fuerzas Armadas federales no será posible sin un cierto grado de obligación», dijo a EFE Christian Rieck, profesor de Estudios de Guerra de la Universidad de Potsdam, para quien la ley terminará siendo aprobada.
Rieck explicó que, a su juicio, Alemania no puede compararse con países como Suecia, con modelos mixtos voluntario-obligatorios similares, pues en ellos existe una larga tradición en la que el servicio militar es considerado un orgullo nacional.
«Resultará difícil generar suficientes voluntarios para el servicio militar reactivado», vaticinó, ya que impera la mentalidad de delegar la defensa a actores profesionales y la ‘Zeitenwende’, el giro proclamado por el Gobierno a raíz de la invasión rusa de Ucrania, no ha calado en parte de la sociedad.
No obstante, el verdadero reto para Pistorius será la creación de la infraestructura necesaria para albergar y entrenar a un número alto de reclutas, concluyó Rieck.
Con esta decisión del Senado, Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante una ley aprobada por el Poder Legislativo
La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó este miércoles 15 de octubre el proyecto de ley de Muerte Digna, y se convirtió en el tercer país de Suramérica en legalizar la eutanasia y el primero en hacerlo por vía legislativa.
Tras más de 10 horas de debate, todos los legisladores del oficialista Frente Amplio se expresaron a favor de esta iniciativa, así como también lo hicieron algunos de los opositores del Partido Colorado y del Partido Nacional.
El proyecto aprobado actual busca garantizar el derecho a «transcurrir dignamente el proceso de morir», mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.
Primer país por vía legislativa
Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante una ley aprobada por el poder legislativo, tras ratificar el proyecto de Muerte Digna en el Senado. Antes de ello, ya había avanzado en la Cámara de Representantes, donde obtuvo media sanción con 64 votos a favor y 29 en contra.
Sin embargo, Uruguay no es el primer país latinoamericano en que la eutanasia o la muerte asistida han tenido reconocimiento legal o judicial. En Colombia, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en 1997, y en 2022 amplió algunas condiciones para su aplicación. Por su parte, en Ecuador, en 2024 la Corte Constitucional decidió despenalizar la eutanasia para pacientes con sufrimiento extremo causado por enfermedades irreversibles o condiciones incurables, ordenando al Congreso que regule su aplicación.
Aun así, estos reconocimientos judiciales no siempre se traducen en leyes detalladas que regulen el proceso, los controles médicos, consentimientos y límites. Uruguay ahora está abriendo un camino distinto: legalizar mediante legislación la eutanasia, lo que le permitiría establecer criterios claros, comisiones médicas, protección legal y barreras para evitar abusos. En ese sentido, Uruguay redefiniría el panorama latinoamericano sobre el derecho a morir con dignidad.
La Policía Nacional del Perú dispersó este miércoles a los manifestantes que llegaron a los exteriores del Congreso en una marcha de protesta en Lima, que se repitió en otras ciudades del país contra el gobierno y el Parlamento, después de que intentaron tumbar las rejas de seguridad y encendieron fuego cerca a los agentes policiales.
Los jóvenes de la denominada ‘Generación Z’, junto a otros colectivos sociales, partidos y gremios laborales, llegaron en marcha hacia los exteriores del Parlamento, en el centro histórico de Lima, e intentaron tumbar las rejas de seguridad que había colocado la Policía para impedir el acceso a la sede del Legislativo.
Algunos manifestantes lanzaron botellas y objetos contundentes contra los agentes, y minutos después se encendieron algunos objetos en el frontis del Congreso, lo que generó el despliegue de la Policía para extinguir las llamas y retirar a los movilizados con el uso de gases lacrimógenos.
Cientos de policías congregados en el lugar rodearon a los manifestantes y los retiraron del frontis del Congreso hacia un puente, en dirección al distrito del Rímac, mientras que otro grupo más numeroso quedó detrás del cordón policial en la céntrica avenida Abancay.
Los enfrentamientos también se produjeron en la sureña ciudad de Arequipa, entre policías y manifestantes, que intentaban ingresar a la plaza principal de esa ciudad, que acoge el X Congreso Internacional de la Lengua Española con la participación del rey de España Felipe VI.
Protestas contra Jerí y principales líderes políticos
En Lima, los manifestantes portaban banderas y carteles en rechazo al Congreso y al mandatario José Jerí, nombrado el viernes pasado como presidente de la República, tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025) por incapacidad moral, en su calidad de titular del Parlamento.
Sin embargo, el rechazo juvenil responde a las denuncias de presunto abuso sexual contra Jerí y al rol de los principales partidos políticos, con representación en el Congreso, que mantuvieron con sus votos a Boluarte en el Ejecutivo, a pesar de las denuncias presentadas contra ella por la Fiscalía a raíz de los muertos en las protestas de 2022 y 2023, así como otros presuntos cargos de corrupción.
De la misma forma, contra medidas y leyes aprobadas en los últimos meses, como las iniciativas que aparentemente favorecen a las organizaciones criminales, así como la reforma del sistema privado de pensiones, entre otras.
En uno de los bloques de manifestantes también se movilizaron artistas, como la reconocida cantante y exministra Susana Baca, en un claro mensaje a las autoridades, tras los ataques de extorsionadores contra los grupos de música cumbia Agua Marina y Armonía 10, que dejaron heridos y un cantante fallecido.
Mientras los manifestantes comenzaron a llegar al centro de Lima, el mandatario peruano junto con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sobrevolaron la ciudad para supervisar las acciones de seguridad y orden en la capital.
La Generación Z marcha en varias ciudades
En otras ciudades del país, como la andina Huancayo, las manifestaciones de los jóvenes y comerciantes del mercado Modelo se dirigieron a la plaza Huamanmarca con carteles que pedían el cierre del Congreso, calificaban a Jerí como «violador» y afirmaban: «Este gobierno no me representa».
De la misma forma, en la ciudad norteña de Chiclayo, una enorme bandera de Perú era portada por cientos de manifestantes por las calles del centro de esa urbe por jóvenes y profesores sindicalizados del magisterio público.
Las marchas de protesta se han replicado en ciudades como Ayacucho, Cusco, Huaraz, Arequipa, Iquitos, Chimbote, entre otras, con el rechazo hacia los líderes de los principales partidos políticos y que también serán candidatos en las elecciones presidenciales y legislativas del 2026.
Posted on: diciembre 18th, 2024 by Super Confirmado
La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú anunció este miércoles que sesionará de manera extraordinaria para investigar una presunta red de prostitución que operaba en el parlamento, la cual habría ocasionado la muerte de una trabajadora.
Vamos a convocar a una sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización. En el Congreso de la República no puede haber existido una red de probable prostitución. Desde la Comisión de Fiscalización mostramos nuestra indignación y vamos a sesionar y, sobre todo, pedir informes a la Dirección de Recursos Humanos del Congreso de la República», dijo Juan Burgos, congresista y presidente de la Comisión, en rueda de prensa desde Lima.
Una investigación periodística, difundida el 12 de diciembre en un programa de la televisora local Willax, reveló la existencia de una presunta red de prostitución dentro del Congreso.
Según la investigación, Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, habría sido el líder de una red que contrataba mujeres bajo la fachada de asesoras y secretarias para ejercer la prostitución en el parlamento.
Asimismo, la investigación señaló a Andrea Vidal Gómez, exasesora parlamentaria, como la presunta encargada de captar a las mujeres.
Vidal Gómez fue desvinculada del Congreso en septiembre de 2024 y, tras la difusión de la investigación, fue acribillada por sicarios el 16 de diciembre en un taxi en el que viajaba en la ciudad de Lima.
La mujer falleció un día después del ataque que, se presume, estaría conectado a miembros de la presunta red.
