La Asamblea Nacional (AN) condenó «categóricamente» la extensión de la orden ejecutiva estadounidense que declara a Nicaragua como una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad» del país norteamericano, lo que el Parlamento considera una «nueva arremetida» de Washington contra Managua.
«El imperialismo norteamericano realiza, una vez más, su criminal política intervencionista y supremacista contra un país de Centroamérica», reza el acuerdo en «repudio a las ilegítimas e ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas» por EE.UU. contra Nicaragua, aprobado durante la sesión del Legislativo venezolano.
Esas medidas, prosigue, son «contrarias a la libre determinación de los pueblos y al desarrollo económico, político y social de la nación centroamericana», y tienen el objetivo -señala- de «promover cambios políticos orientados a los intereses del imperio».
Por tanto, la AN se solidarizó con el pueblo y Gobierno nicaragüenses y con «el compañero presidente» Daniel Ortega, ante esta «nueva arremetida imperial» que -sostuvo- busca «impedir el crecimiento económico» de ese país.
«Le decimos a Nicaragua (que) cuenta con Venezuela en las buenas y en las malas, y si es en las malas, más cuenta con Venezuela», dijo el diputado chavista Pedro Carreño, presidente del grupo de amistad parlamentaria entre ambos países, quien leyó el acuerdo antes de ser aprobado.
El primer vicepresidente de la AN, el oficialista Pedro Infante, pidió llevar este miércoles el documento a la Embajada nicaragüense en Caracas, con el fin de que llegue al Gobierno de Ortega, como una muestra de la «solidaridad de la revolución bolivariana», en referencia al chavismo.
El pasado viernes, el presidente estadounidense, Joe Biden, amplió por un año más la orden ejecutiva de 2018 que declara a Nicaragua como «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior» de la nación norteamericana.
El «uso de la violencia indiscriminada y tácticas represivas contra los civiles» por parte del Gobierno de Ortega y Rosario Murillo, así como «su corrupción que conduce a la desestabilización de la economía de Nicaragua, sigue representando una amenaza», apunta la orden del presidente.
«La emergencia nacional, declarada el 27 de noviembre de 2018, debe, por tanto, continuar vigente más allá del 27 de noviembre de 2024», cuando vencía, señaló Biden.
