Buenos Aires, 15 jul (EFE).- Un tribunal de Argentina ordenó este martes a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y a otros ocho condenados por la denominada causa Vialidad que paguen 685.000 millones de pesos (537 millones de dólares) para cumplir con la ejecución de la pena por irregularidades en la concesión de obras viales.

El Tribunal Oral Federal número 2 de Argentina (TOF 2) dispuso que Fernández deberá afrontar junto a exfuncionarios de su Gobierno y empresarios el decomiso de ese monto por el “daño producido al erario público”.

En los próximos diez días hábiles, la exmandataria deberá depositar su parte del monto total en efectivo en una cuenta creada por la Justicia en el Banco de la Nación Argentina, plazo que de no ser cumplido activará un proceso de remate de las propiedades ya embargadas que le pertenecen.

Además de Cristina Fernández, deberán afrontar esos pagos el empresario Lázaro Báez y los exfuncionarios José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos en prisión.

En su resolución, el TOF 2 estableció el monto a través de peritos contables oficiales y definió la maniobra desarrollada durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández como un “daño producido al erario público” y un “gravísimo hecho de corrupción”.

Los jueces también rechazaron la pericia contable presentada por la defensa, que reclamaba devolver un monto mucho menor (42.000 millones de pesos, algo más de 33 millones de dólares).

Se espera que Fernández y el resto de los condenados apelen la resolución del TOF 2.

Fernández permanece bajo prisión domiciliaria desde el mes pasado, tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia a la condena a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Justicia argentina había dictaminado la semana pasada que la expresidenta siga en su actual lugar de prisión domiciliaria, que continúe portando una tobillera electrónica y que deba pedir autorizaciones especiales para recibir visitas por fuera del listado de familiares y personas esenciales presentado al comienzo de su condena el mes pasado.

En su resolución, los tribunales argentinos dictaminaron que la locación de la condena de Fernández no debería cambiar, a pesar de las habituales manifestaciones de militantes peronistas que, desde el inicio del encierro, ocupan las calles aledañas para mostrar su apoyo, lo que podría considerarse un perjuicio para el barrio y los vecinos. EFE