La medida ya se aplicaba en Cuzco, Puno y Tacna, y en algunas provincias de Apurímac, Madre de Dios y Moquegua, pero ahora se amplía a nivel regional y se incluye Arequipa

El Gobierno de Perú declaró este domingo el estado de emergencia en los sureños departamentos de Madre de Dios, Apurímac, Arequipa y Moquegua por 60 días, y prolongó por el mismo periodo la medida en las regiones de Cuzco, Puno y Tacna para controlar las protestas que han cobrado la vida de 69 personas.

A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo extendió el estado de emergencia a estas zonas donde se siguen reportando las mayores protestas antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones para 2023 y una convocatoria a una asamblea constituyente.

La medida ya se aplicaba en Cuzco, Puno y Tacna, y en algunas provincias de Apurímac, Madre de Dios y Moquegua, pero ahora se amplía a nivel regional y se incluye Arequipa.

Asimismo, el Gobierno decretó a medianos de enero y por 30 días el estado de emergencia en Lima, Callao, Amazonas y La Libertad, por lo que en total son once departamentos los que permanecen en estado de emergencia.

El decreto establece que durante el estado de emergencia quedan restringidos o suspendidos “los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”.

La norma precisa, además, que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, “con excepción del departamento de Puno, donde se requiere que el control interno sea asumido por las Fuerzas Armadas”.

Perú amplía el estado de emergencia

Detalla que la intervención de las fuerzas del orden se efectúa conforme la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de fuerza de los militares.

El documento también señala que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación”.

Por otro lado, el artículo tercero del decreto extiende por diez días la inmovilización social obligatoria, entre las 20.00 y las 4.00, que ya estaba vigente en la sureña región de Puno, uno de los epicentros de las protestas.

Desde que arrancaron las protestas en diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo, 69 personas han perdido la vida, la mayoría de las cuales eran manifestantes que fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, uno era policía y una veintena más murieron por hechos relacionados con las movilizaciones.

La norma lleva las firmas de la presidenta Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y los titulares de las carteras de Defensa, Interior y Justicia.

EFE

El líder mapuche estaba prófugo de la Justicia de Chile y fue encontrado en estado de ebriedad en el quincho de una vivienda.

La Policía de Río Negro detuvo esta madrugada al líder mapuche y prófugo de la justicia chilena, Facundo Jones Huala, en una vivienda de El Bolsón.

Según publica el medio argentino Perfil, la detención se logró tras un operativo de la fuerza provincial realizado las 4 de la madrugada en una vivienda del barrio La Esperanza de El Bolsón, donde el joven prófugo se encontraba escondido en un quincho.

La gobernadora de la provincia patagónica, Arabela Carreras, dijo en TN que Jones Huala estaba en el quincho de una casa donde había buscado refugio.

“Había rumores de personas que lo habían identificado en la zona desde hace varios meses y finalmente pudimos dar con él. Estaba en estado de ebriedad, en buena condición física, sólo, escondido y en una situación de delito común”, amplió la gobernadora.

Recordemos que Francisco Facundo Jones Huala había sido condenado por la justicia chilena a 9 años de prisión por ataques incendiarios y porte de armas de fuego en reivindicación del conflicto mapuche.

Desde 2018, el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), estuvo preso en Temuco, y desde entonces se sucedieron numerosas protestas para exigir su liberación.

De hecho, el año pasado la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo presentado por su defensa, y ordenó su libertad condicional, tras lo cual, hizo un llamado a hacer “sabotajes a grandes empresas” y definió como el “enemigo” al “gran capital trasnacional, el imperialismo y la oligarquía”.

No obstante, la Corte Suprema revirtió este dictamen el 15 de febrero del año pasado, ordenando nuevamente su detención. Pero, Jones Huala estaba inubicable.

Parlamentarios de La Araucanía destacaron detención de Jones Huala

Al respecto, parlamentarios de la región de La Araucanía destacaron la captura del comunero, emplazando de paso a la justicia por darle la libertad condicional.

“La detención en Argentina de este prófugo de la justicia chilena, es un hecho relevante y positivo, porque llevaba más de un año fugado sin que se conociera su paradero, lo que confirma el error de la justicia chilena de haberle otorgado la libertad condicional”, señaló la senadora Carmen Gloria Aravena.

En esa línea, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, sostuvo que “la Corte Suprema hizo justicia de una mala decisión que tomó la Corte de Apelaciones de Temuco”.

“Este tipo estaba haciendo lo mismo que hacía la CAM en Chile, lo estaba haciendo la RAM en Argentina”, agregó.

En ese sentido, la senadora Aravena pidió al Gobierno iniciar las gestiones para solicitar su extradición.

“Resulta esencial que el gobierno chileno inicie a la brevedad las acciones con el Ejecutivo de ese país para solicitar la extradición de este peligroso delincuente, de manera que termine de cumplir la pena acá”, pidió.

“Esto sirva como experiencia respecto a los beneficios carcelarios que algunos tribunales otorgan a personas que están involucradas en hechos de violencia similares en la Macrozona Sur”, fustigó.

“Espero que termine de cumplir su pena sin ninguna posibilidad de que ninguna corte chilena le dé una libertad condicional a este terrorista que debe estar preso y cumplir todos sus días preso”, sentenció por último el diputado Mellado.

Quién es Facundo Jones Huala

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es el mayor de 6 hermanos y fue fruto del casamiento huinca de María Isabel y Ramón Eloy Jones, quienes se separaron cuando su Facundo tenía 11 años.

Desde entonces, su vida se vio marcada por la búsqueda de oportunidades en distintas ciudades del sur de Buenos Aires y Chile, hasta que volvió a radicarse en Bariloche, donde se conectó con sus raíces mapuches y comenzó su militancia política, cuyo uso de la violencia lo llevó a una cárcel chilena.

Según relató su mamá María Isabel en numerosas entrevistas, Facundo se vinculó por primera vez con la causa mapuche a la edad de 11 años, durante la nevada de 1996 que provocó estragos en Bariloche, y que lo llevó a ayudar en la recaudación de donaciones de una emisora local.

“Ahí, en la radio, con esa nevada, se encontró con varios chicos mapuche, y empezó a saber su verdadera historia, a los 10 o 11 años más o menos”, contó María a Anfibia.

Más allá del mestizaje que lo caracteriza, Jones Huala reivindica su origen mapuche desde el lado paterno, originario de Cushamen, un paraje cercano a Esquel (Chubut) que fue adquirido por los Benetton, multimillonarios italianos dueños de un millón de hectáreas que van desde Chubut hasta Tierra del Fuego.

En pos de esa reivindicación, y con un marco teórico neomarxista, Jones Huala presuntamente comenzó su militancia, primero ayudando a los pobladores rurales a levantar sus casas en terrenos fiscales o de la familia Benetton, en forma de protesta, y se la pasaba entre Esquel y Bariloche.

Desde lo discursivo, suele asegurar que no quiere atacar al Estado argentino sino que la lucha era contra los “empresarios y grandes terratenientes”.

Diario Perfil

Este es el primer manifestante que muere por la represión policial en la capital peruana desde el inicio de las protestas sociales en diciembre pasado en demanda de la renuncia de Boluarte

Cuatro sacerdotes católicos nicaragüenses fueron declarados este jueves culpables de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad, informó la Unidad de Defensa Jurídica.

Los cuatro prelados fueron declarados culpables junto a dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa (norte de Nicaragua), por la jueza Nadia Camila Tardencilla, titular del Juzgado Segundo Distrito de los Penal de Managua, tras cuatro días de sesiones en un juicio que concluyó este jueves, indicó la Unidad de Defensa Jurídica, integrado por abogados que defienden a los religiosos.

La jueza declaró culpables a los sacerdotes Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente, y al diácono Raúl Vega González.

También a los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y al camarógrafo Sergio Cárdenas.

La Fiscalía de Nicaragua pidió 10 de cárcel y 800 días de multa para los cuatro sacerdotes, los dos seminaristas y el camarógrafo.

La jueza programó para el 3 de febrero la audiencia de lectura de sentencia.

El grupo de religiosos y laicos, junto al obispo Rolando Álvarez, fue detenido la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales en el palacio episcopal de la Diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados, y desde entonces se encuentran en la cárcel policial «El Chipote», oficialmente conocida como la Dirección de Auxilio Judicial, con excepción del obispo que se encuentra bajo «resguardo domiciliar».

EFE

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, instó este viernes al Congreso a que apruebe un adelanto electoral para 2023 como medida para salir de la crisis que atraviesa el país y en respuesta a una de las principales demandas de las protestas que tienen lugar en el país.

«Si Fuerza Popular y Alianza para el Progreso están pidiendo lo que ellos ya habían presentado (un adelanto electoral a 2023), que se retome en ese sentido esa propuesta que no tiene ningún condicionamiento y nos va a sacar del atolladero en el que estamos», dijo Boluarte en un acto de gobierno.

El partido fujimorista Fuerza Popular planteó este jueves que se modifique el adelanto de elecciones generales en Perú de abril de 2024 para una fecha de este año, una posición que será debatida hoy de nuevo en el Parlamento.

En su discurso, Boluarte recordó que «está el pueblo diciendo ‘adelanto de elecciones‘», por lo que, inicialmente, su Gobierno había «planteado como fecha para los comicios abril de 2024″, un proyecto que fue aprobado en el Congreso en primera votación y que debe ser ratificado en segunda.

«Sin embargo, las marchas de protesta continúan, hay más bloqueos, hay más violencia y, sí, lo conversamos con el ministro de Justicia y el primer ministro y lo pusimos a consideración de los ministros el proyecto de ley para adelantar (…) a diciembre de 2023», explicó la mandataria.

Por ello, hizo un llamado al Parlamento para que atiendan la petición de Fuerza Popular y criticó que, «si desde el lado de la izquierda radical«, plantean condiciones como incluir una consulta sobre una asamblea constituyente, estarán dando «una justificación más para poder radicalizar y ensangrentar al país«.

«Están generando más crisis y no están pensando en este problema que están generando estas movilizaciones. Que se adelante a elecciones a fecha y hora que el Congreso diga. Inmediatamente, estaremos convocando a esas elecciones», concluyó.

El legislador fujimorista Hernando Guerra García sorprendió el jueves en el Parlamento al pedir una reconsideración de la votación aprobada, en primera instancia, el pasado 20 de diciembre para que las elecciones generales se celebren en abril de 2024.

Al tratarse de una reforma constitucional, esa primera votación debe aún contar con el voto favorable de 87 legisladores en una siguiente legislatura, que la Comisión de Constitución también ha acordado que se adelante para este 15 de febrero, una medida que aún deberá ser debatida y votada por el pleno.

Guerra García planteó que se elabore un texto sustitutorio de la fecha de adelanto de elecciones a 2023 después de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, planteó esa medida en un comunicado.

EFE

La Defensoría del Pueblo de Perú confirmó este miércoles la muerte de un bebé de un año en Cuzco por hechos vinculados al bloqueo de carreteras por las protestas antigubernamentales, lo que elevó a 63 el total de víctimas desde que comenzó el estallido social en diciembre pasado.

Según el último reporte del organismo, el menor falleció el martes «en horas de la noche» por «hechos vinculados al bloque de vías» en el distrito cuzqueño de San Jerónimo.

Previamente, medios locales informaron que un bebé de un año y ocho meses que se dirigía al Hospital Regional de Cuzco por una infección estomacal llegó sin signos vitales al centro de salud de San Jerónimo.

La emisora RPP detalló que el vehículo particular que trasladaba al menor no pudo pasar el bloqueo que realizaban los manifestantes en el distrito de Oropesa, lo que imposibilitó la atención a tiempo del bebé.

Con esta nueva muerte, ya son al menos tres los bebés que han fallecido por hechos vinculados a las movilizaciones ciudadanas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones generales para este año.

El pasado 9 de enero se reportó el deceso de un bebé prematuro en la ciudad de Chucuito, en la sureña región de Puno, y después Unicef confirmó la muerte de un bebé nonato, cuya madre, embarazada de siete meses, no llegó a tiempo al hospital.

Hasta la fecha, según datos de la Defensoría del Pueblo, 46 personas que participaban en las protestas fallecieron fruto de enfrentamientos, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes.

A estas víctimas, se suman ahora diez decesos en sucesos relacionados con los bloqueos de carreteras y una muerta ocurrida en la norteña región de La Libertad, confirmada por la Policía.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados reportó la muerte de cuatro haitianos que no pudieron recibir asistencia médica por los bloqueos de carreteras, además del bebé nonato confirmado por Unicef.

EFE

La canciller peruana, Ana Gervasi, lamentó este martes al intervenir en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebró en Buenos Aires, que haya Gobiernos que “no hayan acompañado a “Perú” tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo.

“Es de lamentar que algunos Gobiernos de países particularmente cercanos no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de derecho y a la sucesión constitucional”, dijo Gervasi en referencia a la destitución de Castillo por el Parlamento tras su fallido intento el psado 7 de diciembre y la asunción de la jefatura del Estado por la hasta entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.

A juicio de Gervasi, algunos países, que no mencionó de manera directa, han “buscado establecer una narrativa tergiversada que no se condice con los hechos objetivos sucedidos en el Perú”.

“No deja de sorprender que en 2023, luego de que la gran mayoría de los países de la región han vivido episodios traumáticos de rupturas constitucional con secuelas sumamente dolorosas, no sea posible conseguir un rechazo unánime a un intento de cierre ilegal del Congreso y las instituciones tutelares de la democracia en mi país”, sostuvo.

El pasado 7 de diciembre, Castillo dictó en un discurso leído desde el Palacio de Gobierno el cierre del Congreso, la reorganización de todos los organismos del sistema de Justicia y la conformación de un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.

Tras ese anuncio, el Congreso cerró sus puertas para evitar su disolución y votó, con 101 votos a favor de 130 y solo seis en contra, destituir a Castillo.

Acerca de las protestas antigubernamentales desatadas desde el pasado 11 de diciembre y que piden la renuncia de Boluarte, la convocatoria de elecciones generales y de una asamblea constituyente, en las que han perdido la vida 62 personas, Gervasi explicó que el Ejecutivo “lamenta la trágica pérdida de vidas humanas”.

Destacó que estas “vienen siendo investigadas” por la Fiscalía, que “cuenta con plena autonomía” para hacerlo y “para que los responsables sean juzgados y condenados conforme a ley”.

“Es falso y ofensivo mencionar e insinuar, como se ha mencionado hoy, que el Gobierno haya autorizado reprimir con violencia a quienes protestan”, concluyó.

Boric y Perú

El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró poco antes en su intervención que Perú necesita un “cambio de rumbo” ante la violencia “inaceptable” del último mes.

“No podemos ser indiferentes cuando hoy en día en nuestra hermana nación de Perú personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas”, indicó Boric ante el plenario del bloque.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que no asisitió a la cita de Buenos Aires, pidió a la Celac un pronunciamiento conjunto contra la “represión” en Perú y por la libertad del exmandatario Castillo.

“No debemos dejar solo al pueblo hermano del Perú, fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo”, declaró el mandatario en un mensaje que envió en video a la VII Cumbre de la Celac.

EFE

Se investiga el presunto cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal

El juez da 20 días a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a la acusación popular para que soliciten la apertura de juicio oral

.El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha propuesto juzgar al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a su hijo Alejo y a su nuera Ana Catalina Varandas de Loureiro por presunto delito de fraude fiscal a la Hacienda Pública respecto a las ganancias obtenidas de sus negocios con la petrolera estatal PDVSA.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado (análogo al procesamiento) en la pieza separada, denominada ‘caso Morodo’, que abrió el pasado 12 de enero para agilizar el enjuiciamiento de esta causa y que se centra en los presuntos delitos cometidos contra la Hacienda Pública en los ejercicios de 2013, 2014 y 2017.

En esta causa se investiga el presunto cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo Morodo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera venezolana entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada.

El dinero supuestamente se blanqueó después mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador y dos socios venezolanos; uno de ellos, Juan Carlos Márquez, que se suicidó poco después de prestar declaración por estos hechos.

Fue la Fiscalía la que solicitó la formación de la citada pieza para que se pudiera así continuar con los trámites del procedimiento abreviado, como finalmente ha ocurrido.

Tres sociedades de supuesto asesoramiento legal

Abascal atribuye a los investigados el delito agravado contra la Hacienda Pública. En el caso del exembajador por el ejercicio de 2014, a su hijo por los años de 2013 y 2014 y a su nuera por los ejercicios de 2013, 2014 y 2017.

RTVE

La compañía recibió una sanción monetaria y la suspensión de la licencia del piloto a cargo del vuelo.

Las autoridades de la India multaron al operador aéreo ‘Air India’ con 37.000 mil dólares por su mala gestión en un incidente en el que un alto ejecutivo de un banco estadounidense miccionó sobre una pasajera.

El hombre ebrio, de nacionalidad india, al parecer orinó sobre una mujer de 72 años en la clase ejecutiva de un vuelo de la aerolínea, el 26 de noviembre de 2022 cuando este cubría la ruta de Nueva York a Nueva Delhi.

Razón por la que la Dirección General de Aviación Civil de India sancionó con tres millones de rupias (37.000 dólares) a la empresa y con una multa de 300.000 rupias (3.700 dólares) al director de servicios a bordo de ‘Air India’.

Asimismo, el organismo tomó la decisión de suspender durante tres meses la licencia del piloto a cargo del vuelo por «no cumplir con su deber» de garantizar la seguridad y la disciplina.

Dada la amplia repercusión que tuvo el caso en los medios de comunicación, el hombre fue arrestado semanas después de habérsele permitido desembarcar del avión tranquilamente.

Por su parte, el banco estadounidense Wells Fargo, donde trabajaba el sujeto, decidió destituir al banquero como vicepresidente de operaciones indias tras las acusaciones «profundamente inquietantes».

Entretanto, Air India enfrentó duras críticas por su manejo de la situación y debió disculparse por el incidente.

Agencia