Cinco personas, incluida una menor de 15 años, fueron asesinadas en una comunidad indígena del pueblo nasa en el municipio colombiano Santander de Quilichao (suroeste), informaron autoridades locales este viernes.

Hacia las 4:00 de la mañana hombres armados irrumpieron en la casa del profesor Jhon Freiman Ramos y dispararon contra toda su familia. Además del docente, fallecieron su esposa Yisel Menza y una hija menor de edad, Jelen Ramos, indicó en un boletín la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

Poco después, dos hombres fueron asesinados en una vivienda cercana del mismo resguardo originario, añadió.

«Para nosotros es muy delicada la situación. En esa zona ya hemos tenido durante los últimos cuatro años situaciones contra la vida de líderes comunitarios indígenas, profesores y bienes sociales en el sector. Hacemos un llamado para que los crímenes se esclarezcan», dijo a Blu Radio la alcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán.

En la zona operan las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazaron el acuerdo de paz de 2016.

Las masacres -definidas por la ONU como el asesinato de tres o más personas indefensas en un mismo lugar- dejan 300 víctimas en lo que va de 2023 con 93 casos, según la ONG Indepaz.

El gobierno de Petro, el primero de izquierda en Colombia, pretende extinguir por completo el último conflicto armado interno del continente, mediante negociaciones de paz o beneficios penales a los grupos del narco que acepten desmantelar «pacíficamente» el negocio.

Sin embargo, su llamada política de «Paz Total» todavía no logra detener la espiral de violencia que envuelve al país luego del acuerdo de paz con las FARC.

El gobierno negocia con el Estado Mayor Central, el principal grupo disidente de esa guerrilla que opera en la zona, con quienes acordó un cese al fuego desde enero.

Globovision

Panamá cierra este 2023 marcado por la agravada crisis migratoria: este año se batió el récord de medio millón de migrantes en tránsito por el Darién, una cifra que duplica el registro del año pasado y marca un aumento de menores.

Según cifras de las autoridades panameñas, hasta el pasado 20 de diciembre cruzaron 513.782 migrantes, de los cuales la mayoría son venezolanos (326.589), seguidos de ecuatorianos (56.328) y haitianos (45.628) con el objetivo de llegar a EEUU y Canadá, en busca de mejores condiciones de vida.

Este 2023 «ha sido un año en que se ha batido un récord. Han pasado más de 100.000 niños, niñas y adolescentes, de ellos el 50 % son menores de 5 años«, dijo a EFE la experta basada en género del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Johana Tejada López.

La mayoría de las familias que migran son de Venezuela, Haití, Ecuador y Colombia, detalla la experta en el albergue de Lajas Blanca que, al igual que en Bajo Chiquito, es escenario de esa situación con numerosas familias con niños y adolescentes.

La experta de Unicef alerta de un incremento de la llegada de menores separados de sus padres durante la travesía y de los adolescentes que viajaban «solos».

La llegada masiva de migrantes obligó a los entes humanitarios a reforzar sus proyectos en Darién tras un 2022 que también registró la cifra récord en su momento de 248.000 personas en tránsito.

«Hemos trabajado de manera interagencial en lo que llamamos una ‘construcción de escenario’ para reorganizarnos y mejorar nuestras intervenciones en función de este crecimiento», detalla a EFE delegada de migración basada en Darién de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Verónica Martínez.

EFE

El Gobierno canadiense anunció este jueves que otorgará la residencia temporal en el país a familiares de ciudadanos canadienses que se encuentran en la Franja de Gaza aunque reconoció que no puede garantizar que los beneficiados por la medida puedan salir del territorio en estos momentos.

El ministro de Inmigración canadiense, Marc Miller, anunció la decisión en una rueda de prensa en la que señaló que se aplicará a las parejas, hijos, nietos, hermanos, padres o abuelos de ciudadanos canadienses o de residentes permanentes en Canadá.

Miller justificó la medida porque el asedio al que Israel somete el enclave desde los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre hizo «inhabitable» la Franja de Gaza, donde la ofensiva israelí causó la muerte de más de 20.000 personas, en su mayoría mujeres y niños.

Pero el ministro canadiense reconoció que no puede garantizar que los beneficiarios de la medida sean capaces de abandonar la Franja de Gaza ya que son Israel y Egipto quienes deciden que personas salen del territorio.

«El que puedan salir o no, no dependerá de Canadá pero nos esforzaremos en lograrlo», explicó Miller.

También este jueves, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró a los medios de comunicación que Canadá no quiere que Hamás tenga ningún papel en el gobierno de la Franja de Gaza y condicionó un alto el fuego a que la organización abandoné las armas y libere a todos los rehenes que tiene en su posesión.

Trudeau añadió que Canadá está trabajando de forma estrecha con los países de la región para avanzar hacia la solución de dos estados.

EFE

Hasta ahora, hay 980 heridos repartidos entre las dos provincias, según las autoridades, que también informan de 16 desaparecidos

Los equipos de rescate continúan trabajando contra reloj y en medio de una intensa ola de frío para encontrar supervivientes tras el terremoto que sacudió las provincias chinas de Gansu y Qinghai (noroeste) y que deja al menos 127 fallecidos y 734 heridos.

Además, hay al menos 20 personas desaparecidas, informa la prensa oficial, y los equipos están tratando de encontrarlos pese al temporal utilizando drones, excavadoras y topadoras.

Los equipos temen que las bajas temperaturas, de hasta -14 grados centígrados, dificulten las tareas de auxilio, según un testimonio de un rescatista citado por la revista china Newsweek, que también apunta a complicaciones para acceder a las regiones montañosas afectadas por el sismo, de magnitud 6,2, y que tuvo su epicentro en la frontera entre las dos provincias.

«Las 72 horas posteriores a un terremoto, cuando es más probable rescatar a los supervivientes, se podrían acortar por el mal tiempo, con lo que las víctimas atrapadas se enfrentan a un mayor riesgo», indicó la agencia estatal Xinhua.

EFE

El partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), que apoyó el nuevo documento, fue el primero en salir a reconocer los resultados y su líder, Javier Macaya, dijo que los chilenos «no quieren un cambio constitucional»

Más de 3.200 locales de votación abrieron este domingo sus puertas en Chile para recibir a los 15,4 millones de ciudadanos que tienen que decidir si aprueban o rechazan una nueva propuesta de Constitución.

La actual Carta Magna está vigente desde la dictadura (1973-1990), pero ha sido reformada decenas de veces en democracia.

Los locales de votación, que por ley son custodiados por los militares, cerrarán a las 18.00 hora local (21.00 GMT) y se espera que el resultado se conozca un par de horas después.

De 17 capítulos y 216 artículos, el texto no logró consenso político en el Consejo Constitucional, el órgano de 50 consejeros elegidos en las urnas que redactó la propuesta durante seis meses y donde la ultraderecha y la derecha tradicional hicieron valer su mayoría, con 22 y 11 escaños, respectivamente.

Las derechas defienden que la nueva propuesta constitucional es mejor que la actual Carta Magna porque «recoge» las preocupaciones ciudadanas actuales, como la seguridad o la migración, y aseguran que su aprobación pondrá fin a los cuatro años de incertidumbre institucional que provocó el estallido social de 2019.

La izquierda, en cambio, califica la propuesta de «dogmática» porque perpetúa el modelo neoliberal que instaló el régimen y supone «retrocesos» en derechos sociales.

Se trata del segundo proceso constitucional que vive Chile, tras el que concluyó en septiembre de 2022 con un contundente rechazo del electorado a un proyecto escrito por una convención de mayoría izquierdista que proponía una transformación radical de la institucionalidad chilena.

Las últimas encuestas publicadas hace más de dos semanas anticipaban que la ciudadanía votará también en contra de este nuevo texto, aunque los expertos dicen que el escenario está más abierto de lo que parece porque el voto es obligatorio -se implantó en 2022- y hay una gran bolsa de electores desconocidos que llevan años alejados de las urnas.

Otra incógnita es cuánto afectará a la opción que defiende la izquierda, la de rechazar la propuesta, un caso de corrupción que afecta a uno de los partidos de la coalición oficialista y que en los últimos días ha tomado impulso con la detención de dos personas.

De rechazarse, seguirá vigente la actual Constitución y se cerrará al menos durante este mandato el debate constitucional porque el presidente chileno, Gabriel Boric, ya ha dicho que no impulsará un tercer intento.

El gobernante viajó a su natal Punta Arenas, a más de 3.000 kilómetros al sur de Santiago, para sufragar a primera hora de la mañana y regresar luego a la capital para seguir el escrutinio.

EFE

La ciudad de Nueva York adeuda un total de 130 millones de dólares a 110 hoteles usados como albergues para miles de inmigrantes que han llegado a la ciudad desde hace un año y medio, según la Asociación de Hoteles de la ciudad.

«Nadie esperaba que (los hoteles) tardaran tanto en recibir el pago», dijo al canal 7 de la cadena ABC Vijay Dandapani, presidente de la Asociación.

Indicó la ciudad no ha pagado por esa ocupación desde el pasado septiembre y reconoció que es la primera vez que esto ocurre.

Dandapani aseguró que la Asociación recibe diariamente llamadas de frustrados dueños de hoteles preguntando cuándo recibirán su dinero.

El pasado enero, la Administración del alcalde Eric Adams firmó un contrato de emergencia por seis meses con la Asociación de Hoteles a la que pagó 275 millones de dólares para albergar a unos 5.000 inmigrantes, en medio de una oleada que llegaban a la ciudad y que aún no ha cesado.

La participación de los hoteles como parte de este acuerdo era voluntaria.

Dandapani cree que los pagos se han retrasado porque los costos del hotel exceden lo presupuestado por la ciudad, a medida que la crisis migratoria continúa.

Adams ha reclamado que la llegada de más de 140.000 migrantes, de los que mas de 60.000 están en albergues a los que se provee de comidas y otros servicios, ha creado una crisis fiscal, gastos que para finales de 2025 se proyectan en 12.000 millones de dólares.

El fiscal de cuentas de la ciudad, Brad Lander, cree que el retraso responde a que el Departamento de Servicio a los Sin Techo no tramitó a tiempo la aprobación a la prórroga por un año del contrato.

Miles de comidas tiradas a la basura

Ha trascendido además que al menos 5.000 comidas para inmigrantes van a parar a la basura diariamente tras quejas de muchos de que se han enfermado luego de consumirla o de problemas con la calidad, como moho en el alimento, de acuerdo con The New York Times.

«El primer día que comí esta comida tuvieron que llevarme al hospital», dijo al diario un emigrante.

Las comidas son provistas por DocGo, empresa de servicios médicos, que tiene un contrato con la ciudad por 432 millones de dólares para servir tres veces al día a 5.000 personas en diversos albergues, a un costo máximo de 11 dólares cada una, pese a que la compañía carecía de experiencia en este tipo de servicio.

A 11 dólares por comida, el desperdicio en un periodo de 20 días costaría a los contribuyentes unos 776.000 dólares, o alrededor de 39.000 dólares al día, de acuerdo con The New York Times, que tuvo acceso a documentos de la DocGo.

A ese ritmo, la factura por la comida no consumida superaría el millón de dólares al mes, destaca el diario.

La queja de los migrantes ha sido documentada por empleados de la empresa a través de los informes diarios sobre las comidas pero, pese a ello, el representante de DocGo ha marcado en el documento que estos sí disfrutaron de los alimentos, señala además el Times.

Los inmigrantes han denunciado antes problemas con la calidad de las comidas lo que ha llevado a muchos a cocinar en sus habitaciones, pese a que esta prohibido.

EFE

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el líder independentista catalán Carles Puigdemont, se reunirán próximamente para «normalizar la relación y negociación entre ambos», según anunció este jueve el secretario general de la formación secesionista JxCat, Jordi Turull.

El Gobierno español aseguró que no tiene agendado ningún encuentro, tal y como dijo la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, poco después.

De acuerdo a las declaraciones que Turull hizo a varios medios, la reunión, que no tiene fecha fijada, sería en el extranjero y sin la presencia del mediador elegido para hacer seguimiento de las negociaciones entre los socialistas españoles (PSOE) y JxCat.

La figura del mediador, el salvadoreño Francisco Galindo Vélez, fue una de las exigencias de la formación de Puigdemont en el acuerdo alcanzado para facilitar la investidura de Sánchez como jefe del Ejecutivo de España.

EFE

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, único ente habilitado para investigar a un presidente, decidió este miércoles abrir una «investigación previa» en contra del mandatario colombiano, Gustavo Petro, por la posible financiación irregular de su campaña electoral.

Tras analizar las copias enviadas por la Fiscalía, esta comisión «ordenó apertura de investigación previa» y también se «decretaron pruebas con el propósito de esclarecer los hechos».

Todo el caso comenzó cuando el pasado junio varias publicaciones periodísticas revelaron audios de Armando Benedetti, entonces embajador en Venezuela y una de las personas más cercanas a Petro durante la campaña, en los que hablaba de unos dineros supuestamente ilegales recibidos cuando era candidato presidencial.

En los audios enviados a la exjefa de gabinete Laura Sarabia (actual directora del Departamento de Prosperidad Social), el ahora exembajador alega que él recaudó esos » 3,7 millones de dólares al cambio de hoy para la campaña de Petro y le dice que si él habla y cuenta quienes financiaron su campaña en la costa atlántica, acabarán «todos presos».

Todo ello fue asunto de investigación, que más tarde derivó en la detención del hijo del presidente Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en un caso en el que también se cuestionó la financiación de la campaña que llevó a Petro a ser presidente.

La Fiscalía detuvo a Nicolás Petro y a su exesposa, Daysuris Vásquez, pero se tuvo que abstener de investigar a Petro, pues se sale de sus competencias, por lo que remitió la notificación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

La Comisión retomó el lunes, tras desestimar varias peticiones de recusaciones de miembros de esta cámara, el proceso de investigación por presunta financiación ilegal y por superar el tope de gastos de campaña.

Este ente pidió para esta fase, que aún es preliminar y reservada, a varios organismos las pruebas y procesos que tengan en su poder para proseguir con la investigación.

EFE