Los bombardeos del Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, han desatado una tormenta política y jurídica en el país al confirmarse la muerte en ataques recientes de al menos doce menores de edad reclutados por esa guerrilla.

Las operaciones, ordenadas por el presidente Gustavo Petro, han abierto un debate sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH), la responsabilidad estatal y el papel de los grupos armados en el reclutamiento de niños.
Las siguientes son las claves para entender la situación:

¿Qué es el EMC?

El Estado Mayor Central (EMC) fue formado por los frentes primero y séptimo de las antiguas FARC que rechazaron el acuerdo de paz firmado entre esa guerrilla y el Gobierno colombiano en 2016.

Según el Ministerio de Defensa, el número de integrantes del EMC creció este año el 20 %, con lo cual se calcula que ese grupo tiene unos 4.000 hombres en armas, que se financian con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Este grupo comenzó en departamentos de la Orinoquía, como Guaviare, Meta, Guainía y Vaupés, pero con el tiempo fue expandiendo sus operaciones a otras regiones del país, como Putumayo, Casanare, Arauca, Tolima, Huila, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

El Gobierno de Petro entabló negociaciones de paz con el EMC pero en 2024 las suspendió y luego las retomó solo con una facción de ese grupo que es la menos beligerante.

Alias Iván Mordisco

El jefe del EMC es Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

Mordisco, quien fue jefe del frente primero de las antiguas FARC, fue dado por muerto en una operación militar en julio de 2022 en el departamento del Caquetá y este año se volvió a especular con su posible muerte en otro ataque.

Sin embargo, Mordisco reapareció este martes en un video difundido en redes sociales para amenazar al Gobierno colombiano por ordenar los bombardeos contra sus frentes en los que murieron menores reclutados a la fuerza.

Los menores fallecidos

Los últimos bombardeos contra esta disidencia dejan al menos doce menores fallecidos que estaban en las filas del EMC.
Según el Instituto de Medicina Legal, la cifra incluye a cuatro niñas y tres niños muertos en un bombardeo el 11 de noviembre en el Guaviare, donde cayeron 20 guerrilleros.

Otros cuatro menores murieron en un bombardeo el 1 de octubre en el Caquetá durante una ofensiva contra el EMC que, según el Gobierno, mantenía campamentos con reclutamiento activo de adolescentes.

A ellos se suma otro menor que falleció en un bombardeo en Arauca, frontera con Venezuela, el 13 de noviembre, en una acción también dirigida contra el anillo de seguridad de Mordisco.

El debate humanitario

Estas muertes avivaron las críticas a Petro porque cuando estaba en la oposición fue crítico de los gobiernos de turno cada vez que los bombardeos mataban a menores reclutados por la guerrilla, y la Defensoría del Pueblo le pidió suspender esos ataques.

En el centro del debate está el principio de distinción del DIH, que exige diferenciar en todo momento entre combatientes y población civil, y tomar medidas para evitar daños colaterales a personas especialmente protegidas, como niños reclutados ilegalmente.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia expresó su «profunda preocupación» por la muerte de los siete primeros menores, aunque coincidió con el Gobierno en que los grupos armados que incorporan menores a sus filas los convierten en «escudo humano», lo cual constituye un crimen internacional.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), general Luis Carlos Córdoba, aseguró este martes en una entrevista con EFE que los bombardeos contra grupos armados ilegales continuarán siempre que sean «estrictamente necesarios».

La respuesta de Petro por los bombardeos

Pese a las críticas, Petro asumió la responsabilidad política de la operación en el Guaviare y pidió perdón a las familias de las víctimas. No obstante, insistió en que el ataque cumplió con el DIH porque, según él, «no había civiles» y el Ejército «no sabía de la presencia de menores».

Según el mandatario, eso evitó una posible emboscada de unos 150 hombres de las disidencias a soldados desplegados en la zona. El presidente argumentó además que renunciar a este tipo de operaciones crearía un incentivo perverso para que los grupos armados sigan reclutando niños.

Estos ataques se han intensificado pese a que Petro comenzó su Gobierno con la promesa de privilegiar el diálogo mediante el programa de «paz total».

Instituciones como la Procuraduría General (Ministerio Público) y la Fiscalía Penal Militar y Policial abrieron indagaciones sobre los bombardeos con el fin de determinar si se cumplieron los principios de precaución, humanidad y proporcionalidad que exige el DIH. EFE

Los bombardeos contra grupos armados ilegales continuarán siempre que sean «estrictamente necesarios», afirmó este martes el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), general Luis Carlos Córdoba, en medio de las críticas al Gobierno por la muerte de al menos doce menores de edad en varios ataques de ese tipo.

«Si este adversario introdujo menores en su dispositivo de combate, prohibir estas operaciones sería como otorgar un incentivo perverso para que ellos sigan reclutando niños, niñas y adolescentes para blindarse de la acción del Estado», manifestó el oficial en una entrevista con EFE.

La FAC es la encargada de ejecutar los bombardeos en apoyo a la tropa en tierra, razón por la cual la polémica sobre los menores muertos en esos ataques involucra directamente a esa rama de las Fuerzas Militares.

Bombardeos con víctimas menores de edad en Colombia

«La fuerza pública siempre tiene la obligación, el mandato constitucional de llevar la seguridad, de restablecer el orden y la ley en cada rincón del país y la integridad del territorio por todos los medios, métodos legítimos», subrayó el oficial.

En ese sentido, el comandante de la FAC señaló que «las operaciones militares se han planeado y se seguirán planeando con plena observancia al derecho internacional humanitario (DIH) y respeto por los derechos humanos, acorde a la doctrina y a la inteligencia que se suministre para cada operación».

Esta táctica se utiliza «siempre guardando los principios de humanidad, distinción, limitación, proporcionalidad, precaución en cada uno de los ataques, la necesidad militar y la no reciprocidad, buscando siempre golpear un objetivo militar y mantener una ventaja militar», explicó.

Polémica por muerte de menores reclutados ilegalmente

La confirmación de que al menos doce menores de edad reclutados de manera forzada por las disidencias de las antiguas FARC lideradas por Néstor Vera, alias Iván Mordisco, cayeron en bombardeos este mes en los departamentos de Guaviare (centro-sur) y Arauca (este) ha provocado una controversia en el país y críticas al presidente colombiano, Gustavo Petro, por aprobar estos ataques que condenó cuando estaba en la oposición.

«Hay un total registrado, al momento, de 12 en total», dijo el general sobre el número de menores muertos confirmados en las filas del grupo criminal.

El oficial señaló que el dato de tres menores caídos en otra operación militar en agosto «es una desinformación», pues no murieron en un bombardeo de la FAC sino en un combate del Ejército con la facción que lidera Iván Mordisco.

El comandante de la FAC añadió que cuando el presidente autoriza un bombardeo, «como última opción», lo hace después de un análisis de información de inteligencia que pasa por diferentes instancias hasta llegar al Ministerio de Defensa y finalmente al jefe de Estado.

«Se emplea el método de derrota»

El bombardeo se hace «tratando de garantizar (…) el mínimo de afectación sobre la población civil, sobre bienes o personas protegidas», y «siempre se tiene en cuenta esto y la capacidad armada del enemigo (…) con el fin de debilitarlo y evitar que más adelante atente» contra la tropa y las comunidades.

«Por esa razón se emplea el método de derrota, que se llama el bombardeo sobre el cabecilla, que se centra exclusivamente en el cabecilla, en su área básica localizada para poder de esta manera doblegarlo y quitar la presión sobre la población», lo que, sin embargo, no impide que haya otras bajas, precisó.

Petro asumió la responsabilidad por los bombardeos a las disidencias y pidió perdón a los familiares de los menores, aunque defendió esta táctica como única forma de proteger a los militares en la zona de los ataques.

«Desafortunadamente, algunos de estos grupos criminales están utilizando el reclutamiento forzado (…) y condenamos de manera vehemente este tipo de actividades en las que se utiliza a nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes en actividades criminales que no revisten nada diferente a un interés económico de unas mafias que están tratando de tomar control de una zona y generando temor en la sociedad», agregó el general Córdoba. EFE