Karim Khan rompió su silencio sobre el caso de Venezuela y lo hizo lanzando una advertencia ante la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI). El fiscal alertó al Gobierno, a los jueces y fiscales que la vía de la complementariedad, ese espacio para que la justicia interna investigue y sancione los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, «se está agotando».

«Ha habido discusiones continuas sobre la complementariedad, pero la complementariedad no puede ser una historia interminable (…) Quiero dejar en claro que la pelota está en la cancha de Venezuela, pero la vía de la complementariedad se está agotando», declaró el jurista británico durante su participación en la apertura de la vigésimo tercera Asamblea de Estados parte del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos).

Tras denunciar que «no he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que yo esperaba», pese a los acuerdos y compromisos hechos por las autoridades en sus cuatro visitas al país, Khan aseguró que sus investigaciones sobre lo ocurrido desde 2014 no se han paralizado.

«Están en marcha, siempre han ido en paralelo, son activas y estamos trabajando en estrecha colaboración con una variedad de socios para cumplir con nuestras responsabilidades», afirmó.

Sin embargo, el fiscal no ofreció detalles de si su despacho ha podido identificar a alguno de los presuntos responsables de los delitos, ni mucho menos anunció medidas como solicitudes de entrevista u órdenes de captura, al tratarse de información confidencial por mandato de las reglas que rigen a la CPI.

Otras demandas

Karim Khan no solo criticó a las autoridades por su falta de voluntad para investigar crímenes como las torturas, las detenciones masivas y arbitrarias y la persecución contra la disidencia, sino que también les reclamó que liberen a los detenidos tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio.

> «Después de las elecciones de este año, insistí en mis comunicaciones con Venezuela, y en declaraciones públicas, en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente».

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de declarar a Nicolás Maduro ganador de los comicios presidenciales sin presentar los resultados detallados mesa por mesa provocó una ola de protestas en 20 estados del país, las cuales fueron duramente reprimidas por los cuerpos policiales y militares.

Según el Foro Penal Venezolano, más de 1.600 personas fueron detenidas en cuestión de días, incluidos 158 niños y adolescentes, y la inmensa mayoría de los arrestados sigue tras las rejas, aunque a finales de noviembre las autoridades anunciaron 225 excarcelaciones, de las cuales, según la mencionada ONG, se habían verificado 169 al día 23 de noviembre.

La represión fue condenada por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela (MIIDHV) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias internacionales más, pero hasta ahora Khan apenas había dicho que estaba siguiendo los acontecimientos.

Por último, el fiscal exigió a las autoridades que cumplan la palabra empeñada y dejen entrar a los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que fueron expulsados del país a principios de año, tal y como se lo prometieron en la visita que realizó al país en abril pasado.

Tratando de acallar las críticas

Las palabras de Khan se produjeron apenas 10 días después de las duras críticas que la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI (OPCV, por sus siglas en inglés) le hiciera por su actuación en el caso de Venezuela.

El despacho dirigido por la abogada Paolina Massidda denunció «la falta de progreso visible» en las averiguaciones abiertas por la Fiscalía a finales de 2021 sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, una situación que «genera un profundo sentimiento de incomodidad para las víctimas y refuerza su sensación de abandono, sin un recurso tangible a la justicia».

Agregó Massida:

> «Si bien los procedimientos nacionales son un aspecto importante de la justicia internacional, los esfuerzos para alentar tales acciones no deben realizarse a expensas de retrasar pasos investigativos concretos y decisivos a nivel de la CPI. Las víctimas temen que una prolongada dependencia de la complementariedad en este contexto pueda posponer la justicia y, por lo tanto, prolongar su sensación de abandono».

Explicaciones que no satisfacen

Las declaraciones de Khan no complacieron a todos. Así, los representantes de Argentina, Panamá y Uruguay aprovecharon la Asamblea de Estados Partes para cuestionar la falta de celeridad demostrada por el jurista británico en el caso venezolano. Esto declaró el embajador argentino ante la CPI, Mario Javier Agustín Oyarzábal:

> «Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional»,

Por su parte, el representante de Uruguay alertó que «están en juego la libertad, la integridad física y hasta la propia vida de cientos de personas», mientras que el de Panamá expresó su «profundo desacuerdo» hacia lo que calificó como “demora injustificada» en la investigación de «los crímenes atroces que se han cometido y continúan cometiéndose» en Venezuela.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Las declaraciones de Karim Khan representan un avance, pues frente a los graves hechos registrados tras las elecciones del 28 de julio el fiscal de la CPI solo había enviado unas declaraciones a medios internacionales en agosto. En cambio, sus declaraciones de diciembre en el marco de la Asamblea de Estados Partes, que fueron más contundentes, sin duda tuvieron una repercusión inmediata sobre actores oficiales que se vieron constreñidos a aceptar el retorno, aunque sea parcial, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como le extendieron al Fiscal una nueva invitación para que visite al país.

Además, el hecho de que el fiscal afirmara que la investigación ha avanzado ininterrumpidamente en simultáneo con la iniciativa de complementariedad positiva, sobre la que el Gobierno de Venezuela no ha mostrado avances significativos, es una señal de que su valoración de la situación Venezuela I ha cambiado y se está priorizando en relación con otras situaciones que cursan ante su oficina.

Nota de prensa Acceso a la Justicia.