La organización Amnistía Internacional (AI) denunció este martes en un comunicado que El Salvador ha utilizado su sistema penal «como arma para castigar a quienes defienden derechos humanos».
AI sostuvo que el régimen de excepción prorrogado por más de 40 meses y las reformas al sistema penal «han desvirtuado el Estado de Derecho en El Salvador» al consolidar un «aparato represivo que, en lugar de impartir justicia de manera imparcial, se utiliza como un arma para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos y para silenciar las voces críticas».
«En lugar de impartir justicia imparcialmente, el sistema penal en El Salvador se ha convertido en un arma para castigar la disidencia y sofocar el espacio cívico. Defender derechos humanos o protestar pacíficamente hoy puede costar la libertad”, señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
A juicio de la organización, en el país centroamericano se ha consolidado un modelo que «da apariencia de legalidad a la detención masiva sin pruebas, la suspensión de garantías judiciales y la imposición de plazos desproporcionados de detención administrativa».
Señaló que ha documentado «cómo las autoridades han hecho uso de tipos penales amplios y ambiguos, como ‘agrupaciones ilícitas’ u ‘organizaciones terroristas’, para criminalizar a líderes comunitarios, sindicalistas y personas defensoras del territorio y el medio ambiente».
«Por su parte, organizaciones locales contabilizan más de 70 casos de este tipo en el que las personas han sido víctimas de detenciones arbitrarias, privadas de su libertad y sometidas a procesos judiciales sin las garantías propias del Estado de Derecho», subrayó.
Recordó que en julio pasado declaró «personas prisioneras de conciencia» a la abogada anticorrupción Ruth López, al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al pastor y líder comunitario José Ángel Pérez «al determinar que fueron encarceladas exclusivamente por su labor de defensa de derechos humanos y por ejercer pacíficamente su libertad de expresión».
AI también indicó que la situación carcelaria en El Salvador «continúa siendo alarmante», dado que la «incomunicación prolongada, el hacinamiento extremo, la falta de atención médica oportuna y el riesgo de tortura caracterizan el régimen penitenciario».
Sostuvo que estos riesgos también los enfrenta los abogados y críticos del Gobierno salvadoreño detenidos Enrique Anaya y Fidel Zavala.
«La incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención son parte de una estrategia deliberada para infundir miedo y quebrar tanto a las personas detenidas como a las comunidades que representan. El impacto es devastador: autocensura, reducción de actividades y un espacio cívico cada vez más asfixiado», agregó Ana Piquer, según la nota.
Amnistía Internacional exigió a las autoridades salvadoreñas la «liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos».
Miami (EE.UU.), 4 ago (EFE).- La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), que engloba a los expresidentes de derecha de trece países iberoamericanos, condenó este lunes la reciente reforma de la Constitución aprobada en El Salvador, que permitirá a su actual mandatario, Nayib Bukele, optar por un tercer mandato consecutivo.
“Veintisiete expresidentes del Grupo IDEA condenan (la) inconstitucional reforma que impone la reelección presidencial indefinida en El Salvador y viola la Carta Democrática Interamericana”, indicó en la red social X el foro internacional.
Acompañó la publicación de un breve comunicado firmado por los expresidentes de más de una decena de países iberoamericanos. Entre los firmantes se hallaban los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy, el mexicano Felipe Calderón, el argentino Mauricio Macri, o el ecuatoriano Lenin Moreno, entre otros.
En ella, el grupo IDEA instó a “los órganos de tutela responsable de velar por el cumplimiento” de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Carta Democrática Iberoamericána.
Y advirtió que la decisión de Bukele se asemejaba a aquella “que condujo a la consolidación de la dictadura en Venezuela”.
La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó el pasado viernes una reforma constitucional que permitió la reelección indefinida, amplió el periodo presidencial a seis años -cuando era de cinco- y eliminó la segunda vuelta electoral.
Esto ofrecerá a Bukele vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo. Sin embargo, hasta el momento el mandatario no ha hecho públicas sus intenciones de postularse para un tercer mandato. EFE
@CIDH @OEA_oficial @StateDept @EU_Commission @Europarl_EN 27 expresidentes @IDEA_Grupo condenan inconstitucional reforma que impone la reelección presidencial indefinida en El Salvador y viola la Carta Democrática Interamericana. La prohibió la Corte IDH: https://t.co/Ff9GtmGhse pic.twitter.com/xt9EifGKTp
— Iniciativa Democrática de España Y Las Américas. (@IDEA_Grupo) August 4, 2025
El fiscal general de la República, Tarek William Saab informó este lunes que ordenó abrir una investigación formal contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele y otros dos altos funcionarios de ese país, por presuntas “torturas” que sufrieron los 252 ciudadanos venezolanos que estuvieron recluidos en la cárcel para terroristas Cecot.
En cadena de radio y televisión, Saab declaró que Bukele habría ordenado las torturas a los prisioneros venezolanos que estaban en ese país.
La investigación abarca también al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y la viceministra de Seguridad Pública, Osiris Luna Meza.
Destacó que recopiló los testimonios y evidencias de los 252 venezolanos que regresaron al país, el pasado viernes 18 de julio.
«Privación ilegítima de libertad; sufrieron torturas sistemáticas que incluyeron golpizas por parte de los custodios, ataques sistemáticos de perdigones; tratos inhumanos o degradantes, los mantenían arrodillados por horas en pisos ásperos, los paraban sobre sus manos y los mantenían expuestos a luz artificial intensa; recibieron alimentos en estado de descomposición. Hubo negación de atención médica y prohibición de contacto con familiares e incomunicación», dijo Saab.
«Él (Bukele) ordenó cada una de las acciones violatorias a los DDHH», aseveró.
El titular del Ministerio Público mostró varios videos con testimonios de los venezolanos que estuvieron recluidos en el CECOT de El Salvador en la que estos relataron los abusos de los que fueron víctimas.
Ciudad de Guatemala, 17 jul (EFE).- La reconocida organización humanitaria Cristosal anunció este jueves en Ciudad de Guatemala el cierre de sus operaciones en El Salvador ante una “escalada represiva” en contra de activistas de derechos humanos, que ha incluido varias detenciones.
“Ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala. Esta decisión responde a una situación insostenible del acoso estatal, amenazas directas a nuestro personal y a la criminalización de defensores”, señaló en una conferencia de prensa el director ejecutivo de la organización, Noah Bullock.
Bullock indicó que “nuestro rol como organización no es alinearnos con gobiernos o ideologías, sino incidir para que los derechos humanos y las víctimas estén en el centro de toda gestión pública”.
El director de Cristosal indicó que la organización enfrentó “una campaña sistemática de acoso legal, administrativa, espionaje y vigilancia en nuestras actividades y hogares, campañas de difamación en contra de nuestra organización”.
Aclaró que Cristosal no renuncia a su permiso de operaciones en El Salvador y han presentado su “inscripción ante el registro de agentes extranjeros en El Salvador”.
En un comunicado difundido hoy, la organización señaló que el “régimen de los hermanos Bukele ha desmantelado los principios básicos de la democracia” y lamentó que “bajo un estado de excepción permanente y con control casi absoluto de todas las instituciones, El Salvador ha dejado de ser un Estado de derecho”.
Denunció que en El Salvador “expresar una opinión o exigir derechos básicos hoy puede costar la cárcel”, por lo que “la libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana se han convertido en conductas castigadas y limitadas por el poder”.
La ONG considera que la detención de la abogada Ruth López, jefa Anticorrupción de dicha organización, “no es un caso aislado, sino (que forma) parte de una estrategia de castigo ejemplar para intimidar”.
López se encuentra detenida desde el 18 de mayo pasado bajo una acusación de enriquecimiento ilícito y su caso ha sido puesto bajo secreto.
“Cristosal ha enfrentado acoso legal y administrativo, espionaje, vigilancia de sus actividades y hogares, así como campañas de difamación. Aunque este contexto adverso no es nuevo, es la primera vez que en El Salvador no existen garantías de defensa”, alertó.
“Nos estamos reorganizando para cuidar nuestras voces y aportar la defensa de los derechos humanos, (que) se mantenga viva, libre y al servicio de las víctimas”, agregó.
Cristosal, que extendió su labor a Guatemala y Honduras, ha brindado acompañamiento a víctimas de la violencia de las pandillas y de atropellos estatales, ha sido una de las más críticas del Ejecutivo de Nayib Bukele y parte de las ONG que han recabado más de 6.400 denuncias de derechos humanos en los últimos años.EFE
Ante la falta de información sobre los 252 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador, el cardenal Gregorio Rosa Chávez solicitó en la iglesia San Francisco de San Salvador que el presidente Nayib Bukele proporcionara noticias sobre estos individuos, quienes llevan al menos cuatro meses extremadamente incomunicados.
Las primeras palabras del cardenal durante su petición se centraron en los derechos humanos de cada uno de los detenidos, enfatizando que los prisioneros tienen «derecho a lo mínimo que está establecido en la ley internacional´´, reportó teleSUR.
Los migrantes fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad destinada a pandilleros, tras ser acusados por Donald Trump de formar parte de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua.
Desde el 15 de marzo, no se ha tenido información sobre ninguno de ellos, ni siquiera por parte de familiares o amigos cercanos. Ninguno de estos casos es aceptado para poder ver a los detenidos.
San Salvador, 2 jun.- El 85,2 % de los salvadoreños aprueba el trabajo del presidente Nayib Bukele en El Salvador, a seis años en el Ejecutivo, y un 88,5 % de los ciudadanos consideran que el principal logro del mandatario es la seguridad con la implementación de un régimen de excepción contra las pandillas, señalado de violentar derechos.
Así lo demuestran los resultados de una encuesta de la Unidad de Investigación de La Prensa Gráfica (LPG Datos) publicada este lunes.
De acuerdo con el sondeo, al preguntar a los encuestados si aprueba o desaprueba el trabajo que ha realizado Nayib Bukele como presidente hasta el momento, el 85,2 % respondió que lo aprueba, el 10,8 % lo desaprueba y un 4 % no respondió.
El principal logro de Bukele, luego de seis años, es “su trabajo en seguridad pública”, ya que el 88,5 % de los salvadoreños señala como “el área en la que más ha cumplido, destacando la reducción de la violencia y el combate a las pandillas como los mayores aciertos, indica la encuesta”.
En contraste, de acuerdo con el sondeo, los principales fracasos del presidente Bukele, cuyo segundo mandato es señalado de inconstitucional al reelegirse a pesar que la Constitución lo prohíbe, están relacionados con el área económica.
“Aunque el respaldo a Bukele sigue siendo alto en todos los sectores, los datos muestran una tendencia de moderación en el entusiasmo ciudadano, especialmente entre los sectores con educación universitaria y mayores ingresos”, indica.
Además se subraya que “la aprobación de Bukele, luego del primer año de su segundo mandato, es 7,3 puntos más baja que la lograda al cierre de su primer quinquenio, en 2024 cuando alcanzó un 92,5 % de aprobación.
El mandatario cumplió el domingo 1 de junio el primer año de su segundo período de cinco años al frente del Ejecutivo y brindó un discurso en el que dijo que El Salvador “va por un buen camino”, en defensa de la medida de régimen de excepción, que ha dejado más de 86.000 detenciones de supuestos pandilleros y miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.
Asimismo acusó a medios de comunicación y ONG de “coordinar el ataque” contra su Gobierno y aseguró que la democracia y los derechos humanos “son términos para someter”.EFE
Caracas, 15 may (EFE).- Familiares de los presos venezolanos que están en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador criticaron este jueves que se use a los migrantes como una forma de “ataque político” en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección en julio de 2024.
“No aceptamos que sigan usando a nuestros familiares como forma de ataque político al Gobierno venezolano, liderado por nuestro presidente Nicolás Maduro. Señor (gobernante de El Salvador, Nayib) Bukele, lo que usted hace es una franca violación de los derechos y acuerdos internacionales”, señaló en una rueda de prensa en Caracas Mirelys Cacique, una de las madres de los más de 250 venezolanos deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador.
De igual forma, hizo un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a los “pueblos solidarios del mundo”, a los salvadoreños, a no normalizar “el dolor”.
“A nuestros familiares no se les respetó el debido proceso en dos países, esto debe parar”, insistió.
Cacique indicó que los familiares de estos migrantes no descansarán hasta verlos de regreso a sus hogares.
Por su parte, Yetzy Arteaga señaló que el núcleo familiar ha sido “violentado” con estas deportaciones.
“Este día (Día Internacional de la Familia) para todos está siendo marcado por una lucha incansable por defender nuestra familia para que esta sea reunificada, para que nuestros migrantes perseguidos vuelvan”, añadió.
Entretanto, Indhriana Parada, asesora legal de este grupo de familiares, indicó que con esta deportación de migrantes desde Estados Unidos hacia El Salvador se “institucionaliza la violación masiva a los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los principios básicos de las Naciones Unidas”.
“Son muchachos que emigraron y son muchachos que tienen el derecho a la defensa y al debido proceso”, apostilló.
Este martes, Maduro aseguró que su Gobierno está listo para buscar a los más de 250 migrantes del país caribeño detenidos en una cárcel en El Salvador, tras haber sido deportados por EE.UU. en marzo pasado, bajo la acusación de supuestamente pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua.
El gobernante hizo un llamado a exigir que “esos muchachos que están secuestrados sin juicio, sin derecho a un juez, sin derecho a la defensa y sin haber cometido ningún delito sean puestos en libertad de inmediato”.
El martes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que este grupo de migrantes en El Salvador podría estar en una situación de desaparición forzada en vista de la “completa incertidumbre” sobre su paradero y la situación en la que se encuentran tras ser deportados por EE.UU.
La portavoz de ese organismo de la ONU, Liz Throssell, afirmó que “ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado listas oficiales de los detenidos y su situación legal en El Salvador sigue sin estar clara”. EFE
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele mostró este sábado imágenes de pandilleros en una megacárcel para deslegitimar declaraciones de dos cabecillas del grupo Barrio 18 al diario digital El Faro sobre una presunta negociación que le ayudó a llegar al poder en 2019.
«Bukele hizo pacto con las pandillas», ironizó el mandatario en la red social X junto con un video en el que se ve a pandilleros esposados ingresando al penal de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), con capacidad para 40.000 presos.
Hace una semana Carlos Cartagena, Alias «Charli», y otro cabecilla identificado como Liro Man de la facción Revolucionarios de la pandilla Barrio 18 relataron a El Faro los detalles de una presunta negociación que ayudó a Bukele llegar al poder.
Cartagena afirmó al diario que las pandillas negociaron a través de dos colaboradores de Bukele -sancionados por Washington- el apoyo para que éste llegara a ser electo alcalde de San Salvador de 2015 a 2018 y luego presidente en 2019.
Las entrevistas dan seguimiento a una investigación de El Faro que reveló en 2020 el supuesto acuerdo de Bukele con las bandas para reducir los homicidios, algo que el presidente niega.
Con la inscripción de «el pacto», el video publicado por el gobernante también incluye un gráfico de cómo El Salvador pasó de ser el país sin guerra más violento del mundo a uno de los más seguros en 2024, con 1,9 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Liro Man aseguró que los contactos fueron hechos por Carlos Marroquín, director del programa del gobierno «Tejido Social» y Osiris Luna, viceministro de Justicia y Director general de Centros Penales de El Salvador.
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