La principal refinería de Venezuela, Amuay, se mantiene trabajando a 45% de su capacidad instalada de 645.000 barriles diarios, esto debido a que una unidad de destilación de crudo se mantiene detenida y por la realización de una parada del flexico que  requiere  mantenimiento, informaron a Reuters trabajadores de la instalación.

El incendio registrado en diciembre de 2012 causo la detención de una de las unidades de destilación de crudo de la planta, a lo que se sumó que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) paralizó esta semana el flexicoquer para un mantenimiento menor no programado.

PDVSA anunció que el programa de mantenimiento del flexicoquer se prolongaría por una semana, pero los trabajadores dijeron que la unidad, con una capacidad de 72.000 barriles diarios, aún está en proceso de parada segura.

Entre 15 y 30 días aproximadamente tomará inspeccionar la planta y realizar las reparaciones necesarias al reactor, que ha presentado problemas desde que fue intervenido en el 2012.

“Se requieren entre 10 y 12 días para la paralización total de la planta, solo así se podrá inspeccionar y conocer por qué el flexicoquer no ha podido trabajar a toda su capacidad”, explicó uno de los trabajadores.

Los empleados añadieron que una de las unidades de alquilación de Amuay también está detenida y que el craqueador catalítico está operando en forma parcial.

Para noviembre, Amuay estaba operando al 58% de su capacidad, refinando 377.000 barriles por día de crudo, según un informe interno al que tuvo acceso Reuters.

Por otra parte, la refinería Cardón estaba operando a un 77% por lo que todo el Centro de Refinación Paraguaná (CRP), estaba trabajando al 64% de su capacidad, por debajo del 74% de junio a causa de las paradas y la falta de piezas de reemplazo.

Desde la explosión ocurrida en agosto del 2012 que dejó más de 40 muertos, la refinería ha estado trabajando muy por debajo de su nivel histórico. Está produce combustibles para el mercado interno y para exportación.

Operadores precisaron esta semana que PDVSA está reduciendo su oferta de combustible para aviones en el mercado abierto desde que la unidad de destilación de crudo resultó dañada en diciembre. En las últimas semanas sólo lazó una oferta para vender un cargamento de 240.000 barriles.

Sin embargo, un funcionario de PDVSA que no quiso ser identificado afirmó que la compañía ofrecerá más combustible para aviones en las próximas semanas y que cumplirá con todos sus contratos de suministro.

Fuente: Notitarde

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible, por falta de representación, el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por los apoderados judiciales de Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal, contra el artículo 92, numeral 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

Este artículo publicado en la Gaceta Oficial N° 39.945, del 15 de junio de 2012, establece que «si se evidencia incumplimiento en cualquiera de los segmentos en los cuales el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia de Vivienda y Hábitat distribuye la Cartera Hipotecaria Obligatoria, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, podrá sancionar la fracción incumplida con una multa equivalente a 3 veces el monto incumplido, pudiendo aplicar la multa aquí establecida o direccionar los recursos financieros a solicitudes específicas de financiamiento».

A través de su ponencia, la presidenta, de la referida sala, Gladys María Gutiérrez Alvarado, recordó que ante la interposición de cualquier tipo de recurso, demanda o solicitud por un apoderado judicial, éste debe demostrar de forma fehaciente la identificación del instrumento poder que le fuere otorgado, así como, su consignación en autos en original o en copia certificada, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica que debe imperar en todo procedimiento, refiere una nota de prensa del TSJ.

El fallo plantea que los abogados que dicen actuar en representación de Venezolano de Crédito, Rafael Badell Madrid, Álvaro Badell Madrid y Nicolás Badell Benítez, «debieron consignar original o copia certificada del poder al cual hicieron referencia; sin embargo, se omitió este requerimiento al consignar copia simple del referido poder, por lo que en base a lo previsto en el artículo 133, numeral 3, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la jurisprudencia, se declaró la inadmisibilidad de la acción judicial presentada.

Fuente:Globovisión