Pdvsa suspendió la producción de crudo mezclado de la empresa PetroPiar, que mantiene en sociedad con la estadounidense Chevron, por la saturación de su capacidad de almacenamiento de petróleo. La producción por diseño de este proyecto es de 210.000 barriles por día.

Debido a los diversos impactos de las sanciones estadounidenses, Pdvsa ha tenido problemas de diverso tipo, como dificultades para conseguir transporte, repuestos y, por supuesto, recursos financieros para detener la caída de las exportaciones. Ahora, cuando clientes tan importantes la petrolera china CNPC, no reciben sus embarques, la limitada capacidad de almacenamiento de la empresa se convierte en un grave problema.

La agencia especializada Argus Media señala que la planta mejorada había sido reconvertida para mezclar crudo extra pesado de la Faja del Orinoco con petróleos livianos Mesa y Santa Bárbara para obtener un petróleo tipo Merey de 16 grados API, y ahora no se sabe cuándo se reanudarán las actividades.

Las fuentes consultadas por Argus indican que la producción efectiva de PetroPiar era de aproximadamente 130.000 barriles por día; es decir, 62% de la capacidad instalada. Se esperaba que la producción alcanzara un volumen de 170.000 barriles por día, pero ahora reina la incertidumbre.

«La suspensión está vinculada a una acumulación de exportaciones y a la falta de capacidad de almacenamiento operativo. Pdvsa ha estado luchando para comercializar su crudo ácido pesado, ofreciendo cargas con grandes descuentos, ante las sanciones de Estados Unidos que han alejado a muchos compradores, con la notable excepción del Rosneft controlado por el estado de Rusia. Incluso los chinos han pausado temporalmente los levantamientos en una aparente táctica comercial relacionada con la disputa comercial más amplia de Beijing con los Estados Unidos», señala la agencia.

Chevron tiene una licencia hasta el 27 de octubre para permanecer en Venezuela. No está claro si la estadounidense, ante esta eventualidad, adelantará su eventual salida, pero los precios petroleros en alza por los ataques del fin de semana a instalaciones clave de Arabia Saudita parecen desestimular una decisión más rápida.

«Las exportaciones de Pdvsa a China e India se han ralentizado desde que Estados Unidos intensificó sus sanciones a Venezuela el 5 de agosto, lo que llevó a los compradores de ambos países a reducir sus relaciones petroleras con Venezuela para minimizar los riesgos potenciales implícitos en las sanciones ampliadas, dijeron los funcionarios venezolanos», señala Argus.

Puede leer la historia completa de Argus Media aquí

Argus Media

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General N° 34, que permite el desbloqueo de activos vinculados al gobierno de Nicolás Maduro a cargo de personas específicas, siempre que presenten una declaración completa sobre estos bienes, sus orígenes y elementos relacionados, de acuerdo con la norma 31 CFR § 501.603.

Esta licencia aplica a los bienes del Estado venezolano en Estados Unidos, o donde el gobierno de Maduro o las personas sancionadas tengan intereses afectados por la Orden Ejecutiva N° 13.884, aprobada el pasado 5 de agosto, siempre que los solicitantes del desbloqueo cumplan los siguientes criterios:

– Sean ciudadanos estadounidenses.

– Extranjeros residentes permanentemente en Estados Unidos

– Personas con visa de residencia o no residente válida en Estados Unidos, que no formen parte de la misión diplomática permanente de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas.

– Antiguos funcionarios y contratistas del gobierno de Venezuela.

Las personas que se beneficien de esta licencia tendrán derecho al desbloqueo de los activos y la devolución de fondos asociados.

Los responsables deberán presentar en un lapso de 10 días, excluyendo feriados, a partir de la fecha de desbloqueo del activo un informe completo sobre el bien de acuerdo con la instrucción 31 CFR § 501.603 que regula las operaciones de bloqueo y desbloqueo de activos, por parte de la OFAC.

Esta licencia permitirá desbloquear cuentas y la administración de activos, salvo algunas excepciones previstas en la misma norma y que básicamente incluyen a todos los bienes financieros y de otro tipo no previstos en esta disposición.

Especialistas consultados señalan que esta licencia flexibiliza la posibilidad de que algunos ex funcionarios y contratistas vinculados a Maduro se presten a colaborar con las investigaciones sobre supuestas irregularidades con bienes del Estado. Al mismo tiempo, se pueden desbloquear activos útiles para incrementar la capacidad de gestión del gobierno interino reconocido por Estados Unidos.

Los informes a presentar deben incluir toda la información sobre la situación, propiedad, valor estimado, operaciones realizadas con los activos, conexiones administrativas y cualquier otra que la OFAC considere relevante.

B y N

“No hay suficiente dólares para satisfacer la demanda de los empresarios”, expresó el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela(Fedecamaras), Ricardo Cussano , refiriéndose a la falta de oferta de divisas oficiales.

Cussano afirmó que la Ley de Impuesto a los Grandes Patrimonios no “incentiva la producción nacional”.

El presidente de Fedecámaras aseveró que no se opone a un incremento salarial y destacó que en “inviable” una propuesta de dolarización por las condiciones actuales de la economía.

En una entrevista para Unión Radio Cussano manifestó que “si esas medidas no van insertas en un programa de reactivación del aparato productivo, de generación de empleo, de confianza para que regrese la inversión, ese salario será amenazado por la hiperinflación”.

Para finalizar, el representante sectorial destacó lo necesario que es “incentivar la producción nacional”, la confianza para recuperar la inversión y el empleo.

UR

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) anunció ayer que Mastercard dejará de prestar servicio al Banco Agrícola de Venezuela y el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según reseñó nota de prensa.

El anuncio lo hizo en el marco de una reunión de seguimiento con representantes de la banca pública y privada para determinar el estatus de los proyectos solicitados en la Circular conjunta del Banco Central de Venezuela y la Sudeban relativa a los medios alternativos de pago e integración de las operadoras de tarjetas.

Para este miércoles se discutirá en una mesa de trabajo con los equipos técnicos para que en un plazo de diez días se presenten las medidas que se deben tomar para la puesta en marcha del suiche nacional y la interconexión de las operadoras, esto a través del proyecto desarrollado por la empresa Consorcio Credicard denominado “Naiguatá”.

El presidente de Sudeban, Antonio Morales, considera que las sanciones estadounidenses obligan al sistema financiero venezolano a innovar un servicio propio en Venezuela. “Debemos lograr en un corto plazo los objetivos planteados desde el pasado mes de mayo, en aras de lograr la independencia de nuestro sistema de pagos, y de esta manera garantizar su operatividad a pesar de los ataques externos”.

Antonio Morales además solicitó a la banca nacional realizar una revisión periódica de los límites para las transferencias mismos y sugirió que en un plazo de una semana fuesen aumentados como mínimo a 10 millones de bolívares diarios.

DESCIFRADO

El factor humano es indispensable en cualquier institución y la banca no es ajena a esta realidad. La banca al igual que todas las organizaciones tienen el objetivo de crecer y ser más competitivas para mejorar su posición en el mercado y esto no se consigue únicamente a través de la incorporación de nuevas tecnologías, modelos de negocio, optimización de ingresos y manejo adecuado de gastos, sino que también es necesario contar con un proceso ideal de gestión de los recursos humanos involucrados.

En la partida gastos de personal, la banca se registra el monto pagado a sus empleados, como sueldos y salarios, utilidades, viáticos, seguridad social, etc., y se incluye también las remuneraciones a los directivos.

Al mes de julio del año en curso la banca venezolana ha destinado Bs. 328.239,5 millones a gastos de personal en contraste a Bs. 221,2 millones al mismo lapso del año pasado, para un aumento del 148.259,2%.

Sin embargo, el número de trabajadores del sector bancario venezolano, muestra una clara disminución, ya que la nómina actual registrada es de 52.139 empleados versus 65.495 a junio del año 2018, lo que evidencia un ajuste del 20%, durante ese lapso.

El sector bancario muestra 16 trimestres en recesión con una contracción acumulada entre el primer trimestre del 2019 y el mismo período de 2014, de -87%. La banca no ha escapado a la intensa crisis por la que atraviesa la economía venezolana.

Esta situación ha conllevado a una severa caída en el tamaño del sistema financiero venezolano, al punto de que la cartera de créditos de la banca equivale, en términos dolarizados, al cierre del primer semestre, a US$ 333 millones, cifra inferior, por ejemplo, a la mostrada por el banco número 22 de Colombia. En otras palabras, el banco número 22 en el ranking de la banca colombiana muestra una cartera de créditos superior (US$ 370 millones), a la registrada por toda la banca venezolana.

En los últimos 12 meses, los ingresos financieros de la banca venezolana, que son aquellos recibidos principalmente por la cartera de créditos y cartera de inversiones, muestra un alza de 59.789,6% en contraste a 148.259,2% contabilizado por los gastos de personal. Esta situación ha conllevado a que los gastos de personal absorben el 36,09% del total ingresos financieros de la banca al cierre de julio del año en curso, en contraste con el 14,57% para el mismo mes del año pasado.

A continuación, los montos acumulados, a julio 2019, que han gastado en personal los 10 primeros del país, en este rubro, representando estos top ten el 85,6 del total gastos de personal de la banca venezolana.

BANCA Y NEGOCIOS

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) decidió reducir en 227.100.863 dólares la indemnización que Venezuela debe pagar a ConocoPhillips por la expropiación de los proyectos de producción de petróleo extrapesado «Petrozuata» y «Hamaca», en la Faja Petrolífera del Orinoco, y del bloque de extracción de crudos medianos y livianos «Corocoro», por diversos errores de cálculo en el laudo original.

Las expropiaciones ocurrieron en 2007 y ConocoPhillips recurrió casi de inmediato al Ciadi para denunciar violaciones al contrato de asociación estratégica, de conformidad con el artículo 36 del Convenio del organismo arbitral y presuntos daños patrimoniales causados por el proceso de expropiación.

El laudo, divulgado por el Centro de Información Nacional, brazo comunicacional del presidente de la Asamblea Nacional y mandatario reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó establece que la indenmización por Petrozuata baja de 3.386.079.057 a 3.370.955.417 dólares, una reducción neta de 15.123.640 dólares.

El pago por la expropiación del proyecto Hamaca pasa de 4.498.085.150 a 4.443.122.885 dólares, una baja de 54.962.265 dólares. La penalización por «Corocoro» en el Golfo de Paria se redujo de 562.140.959 a 552.059.091 dólares, una disminución neta de 10.081.868.

Sin embargo, la corrección más importante, por su monto, se corresponde con la compensación por la pérdida financiera potencial causada a ConocoPhillips, de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Asociación Estratégica, que se ajustó a la participación de 50,1% de la estadounidense en el negocio, ya que la decisión inicial estableció el cálculo de este pago sobre el total del valor de proyecto.

De esta manera, la compensación baja de 286.740.989 a 139.807.899 dólares, una reducción de 146.933.090. Se mantiene la estructura de intereses a tasa Libor a 12 meses, o cualquier otra equivalente si esta es descontinuada.

El procurador especial José Ignacio Hernández, designado por Guaidó, reivindicó como un triunfo esta rectificación del Ciadi: «La República logra una victoria en el caso ConocoPhillip, al lograr la rectificación del laudo dictado en su contra y obtener así un ahorro superior a 200 millones de dólares. La Oficina del Procurador Especial sigue trabajando en la defensa del Estado».

– Ciadi: harina de otro costal –

Sin embargo, el elemento curioso en este proceso es que las respectivas procuradurías de Nicolás Maduro y Juan Guaidó se hicieron parte del proceso.

En este sentido, la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP presentó un poder de representación de la República firmado por José Ignacio Hernández, el 5 de abril de 2019, mientras que los bufetes De Jesús & De Jesús, de Panamá, junto con Dentons Europe CS LLP, de Praga, República Checa, se presentaron como apoderados de la República en representación del viceprocurador general encargado, Reinaldo Muñoz Pedroza.

Los bufetes del gobierno madurista acudieron al Ciadi como apoderados del país el 6 de marzo de 2019 y enviaron una carta a los árbitros, el 19 de abril, para reivindicar la validez del poder conferido en marzo, y solicitar que Curtis fuera excluida del proceso, porque previamente se le había retirado la representación. Por si hiciese falta, Muñoz Pedroza, ahora como procurador encargado, presentó un poder adicional el 29 de abril, a favor de De Jesús y Dentons.

La decisión final del Ciadi no pudo ser más «salomónica». Como ambas representaciones de la República pedían en esencia lo mismo y, a los efectos de los demandantes y los árbitros, no hay dudas de que la contraparte es la República Bolivariana de Venezuela, independientemente de quien la represente, consideró que determinar una representación válida excedía los términos del laudo y, por lo tanto, prescindió de meterse en el asunto.

Así lo dice el Ciadi: «… la verdadera cuestión ante el Tribunal es identificar a las Partes, y en particular a la Demandada, e identificar su posición, la cual debe ser abordada en las conclusiones del Tribunal. En este respecto, el Tribunal no se enfrenta a ninguna posición o manifestación en conflicto. En primer lugar, como ambos representantes afirman actuar en nombre de la Demandada, no hay disputa de que representan a la misma Parte: la República Bolivariana de Venezuela. No hay otro individuo o firma de abogados que reclame un poder similar en nombre de Venezuela. En segundo lugar, no existe conflicto sobre el fondo de las cuestiones sujetas a rectificación del Tribunal. De hecho, en el caso de las dos firmas que afirman actuar en nombre de Venezuela, la Solicitud de Rectificación es idéntica a la Solicitud de fecha 16 de abril de 2019».

BANCA Y NEGOCIOS

La ausencia de Estado de Derecho y de transparencia imposibilita al ciudadano venezolano tener en sus manos una detallada descripción del destino que se la darán a sus impuestos. La Asamblea Nacional no fue el órgano que discutió y aprobó la Ley de Presupuesto Nacional, tal y como establecen nuestras leyes, sino que fue por medio de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que el pasado 18 de diciembre de 2018 se informó la aprobación de un presupuesto para el 2019 de Bs 1,5 Billones, que al dólar oficial a la fecha de su aprobación equivalían a USD3934 millones.

El pasado 14 de agosto de 2019, en Gaceta Oficial Nº 6472, se publicó el Decreto Nº 3953, que dicta el Instrumento Normativo con Tratamiento de Ley Especial de Endeudamiento Complementaria Nº 2 para el Ejercicio Económico Financiero 2019. En otras palabras, se modificaron los límites de deuda establecidos para el 2019 –que originalmente era 824 mil millones- llevándolo a 36 billones, lo que representa un aumento de 4266%; y especificando, en este momento, la emisión de una serie de bonos por Bs 23 billones.

 
El límite de financiamiento original del endeudamiento para 2019 equivalía a casi el 54%, lo que ya resulta escandaloso tomando en cuenta que el país se encuentra en cesación de pagos de deuda externa. Pero el envilecimiento de la moneda nacional hace que hoy se exija ese número exorbitante de 36 billones, para equiparar e incluso remontar dicha carga a casi el 66% del monto previsto para el presupuesto de 2019.

La billonaria emisión de bonos de la deuda pública nacional La intención de expandir los límites de financiamiento es en efecto poder acceder a un endeudamiento mucho más elevado. En la misma Gaceta Oficial N.º 6.472, se encuentran los decretos correspondientes a la emisión de bonos de deuda pública por valor de Bs. 23 billones, monto que equivale a USD 1652 millones de acuerdo al tipo de cambio de la fecha de emisión de la gaceta (14 agosto), lo que representa el 41,99% del presupuesto de 2019, calculado también en dólares. En la siguiente tabla se detallan los montos de la emisión de los bonos de acuerdo a las partidas o conceptos establecidos en la ley de endeudamiento.

Estos Bs 23 billones representan casi dos veces la liquidez monetaria, la cual se encuentra al 16 de agosto en Bs. 11,7 billones. Esto quiere decir que el total de bolívares que está actualmente en circulación tan solo podría adquirir el 50% de la deuda que se está emitiendo. La pregunta obligada es entonces: ¿Cómo se colocará dicha deuda? En otras ocasiones se ha recurrido a la banca, prácticamente obligándola a adquirir la deuda pública, pero en los últimos tiempos el sector ha sido fuertemente restringido, al obligársele a mantener un encaje marginal del 100%, lo que ha reducido casi en su totalidad sus posibilidades de intermediación. ¿Se flexibilizará esta política para utilizar nuevamente a la banca para facilitar el financiamiento público? ¿Cuánto tiempo duraría ese respiro? ¿Resultará esto suficiente? ¿O se retomará la perversa práctica de monetizar el déficit por intermedio del Banco Central?

En un contexto económico, caracterizado por la presencia de hiperinflación y profunda recesión, preocupa cada vez más la incontenible voracidad fiscal, que incluso en periodos de bonanza ha manifestado la insostenibilidad de las finanzas públicas. La consecuencia de este comportamiento no es otro sino la pérdida de derechos, de libertad, de ciudadanía económica.

 Nota de prensa 

Este lunes,  la Cámara de Comerciode Maracaibo publicó su acostumbrada encuesta aplicada a las empresas afiliadas que se encuentran identificadas en su directorio empresarial.

69% de los encuestados aseguró que trabaja con dificultades, 24% dijo estar en vía de cierre, 5% cerró y solo 1% dijo que funcionan normalmente.

El informe resalta que entre las áreas más afectadas está el flujo de caja y la capacidad de producción. Los empresarios han debido afrontar mayores endeudamientos, renegociaciones con proveedores, tomar nuevas estrategias de ventas y cambiar las políticas de cobranza.

Dramática situación de la empresa privada en el Zulia. Urge un cambio político y económico. La velocidad de la destrucción se acelera. Hilo pic.twitter.com/JWWyJAAF4q

— Carlos Larrazábal G (@clarrazabalg) August 26, 2019

La velocidad de la destrucción se acelera. pic.twitter.com/iJwEKJnObt

— Carlos Larrazábal G (@clarrazabalg) August 26, 2019

NAD

El presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa), Omar Bautista, advirtió que actualmente hay alrededor de 70 fabricas de autopartes y repuestos nacionales activas y en la espera de poder reactivar por completo sus operaciones.

«Alrededor del 30% está sin trabajo, está manteniendo los equipos, la maquinaria y esperando un mejor momento para que puedan reactivar sus actividades«, recordó.

En el programa A Tiempo de Unión Radio, instó a «sincerar la situación» y buscar soluciones efectivas para la industria.

«Hay que sincerar la situación y que se busquen opciones; una opción es que nosotros podamos tener financiamiento para adquirir materia prima importada que nos permitan sustituir las nacionales hasta tanto Sidor se reactive», añadió.

El vocero de la industria agregó que 43% del parque automotor del país está inoperativo, lo que es igual a casi 2 millones y medio de vehículos.

Unión Radio