El incremento del 25% en el precio de la pasta y de una reducción a 50% de la cuota de producción de la presentación regulada, le darían un respirito poco al sector industrial, pero seguirán operando a pérdida.

«El aumento anunciado es insuficiente», dijo Nicolás Constantino, presidente de la Asociación Venezolana de Molinos de Trigo (Asotrigo), quien informó que con el nuevo precio de Bs. 5,41, el sector perderá Bs. 3 por cada kilo de pasta regulada que procese.

En cuanto a la flexibilización de la cuota de producción de la presentación regulada, indicó que aspiraban que se redujera a 30%; «pero se acordó rebajarla a 50%.

La agroindustria entiende el que la adecuación del precio de la pasta no se puede hacer de un solo golpe. «Ajustar el precio a la verdadera estructura de costos generaría un fuerte impacto en el bolsillo del consumidor». El empresario resaltó que aún con el aumento ofrecido, el precio de la pasta seguiría siendo solidario al consumidor.

Dijo que el Gobierno ofreció hacer ajustes cada tres o cuatro meses hasta llevar el precio a su verdadero valor, el cual estiman hoy día en Bs. 11,47 el kilo para la pasta regulada. «Este Gabinete Económico entiende que los ajustes deben ser más frecuentes. Confiamos en que cumplirán su promesa de hacer adecuaciones periódicas y si en realidad cumplen, subsistiremos», dijo el representante gremial.

Indicó que la industria procesadora de pasta ha estado subsidiando la pérdida que les produce la pasta con la elaboración de otros productos. «Pero hay empresas que solo producen pasta».

Fuente: Últimas Noticias

El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios (Indepabis) abrió un procedimiento administrativo y aplicó una multa por 1.500 unidades tributarias, equivalente a 160.500 bolívares, producto de una inspección que realizó este lunes en uno de los establecimientos que conforman una cadena comercializadora, a causa del remarcaje de precios en artículos escolares.

La coordinadora de Inspección y Fiscalización del Distrito Capital, Cariana García, explicó que el proceso administrativo forma parte de una jornada de fiscalización a nivel nacional a establecimientos comerciales y librerías donde se expendan útiles y uniformes escolares.

«Logramos detectar remarcaje de precios, es decir, productos que tenían un precio, y porque estamos en el mes de mayor demanda, ellos (comerciantes) colocan otro precio. También pudimos verificar oferta engañosa. Hacemos un llamado a todos los comerciantes y librerías que no deben remover las etiquetas y cambiar de precios por la temporada», instó.

Fuente: GV

El Ministerio de Alimentación sostiene este lunes una reunión con representantes de las cadenas de comercialización de alimentos, en la sede de este despacho, en Caracas.

Al encuentro asisten el viceministro de Políticas Alimentarias, Rafael Coronado; el presidente de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (Casa), Manuel Barroso, entre otros funcionarios.

Desde mayo pasado, el Ejecutivo mantiene encuentros con los diferentes sectores productivos, a fin de impulsar la producción y garantizar el abastecimiento de productos en el país.

Fuente: El Universal

Representantes de los trabajadores de las empresas del Estado denuncian que altos funcionarios del Gobierno y de las juntas directivas de las compañías están desmontando el control obrero, figura incorporada en el modelo de producción en 2008 por el presidente Hugo Chávez.

“Hay un sabotaje de sectores del Gobierno para impedir que los trabajadores gestionen las empresas y las hagan más productivas y autosustentables”, afirmó Orlando Chirinos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores y presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Cemento.

Dijo que grupos de la tecnoburocracia y de la derecha endógena están tomando decisiones sin consultar a los trabajadores.

Marcela Máspero, dirigente de Unete, responsabilizó a las nuevas “castas cupulares” del Partido Socialista Unido de Venezuela y al Gobierno de acabar con cualquier modelo de gestión que involucre la participación protagonista de los trabajadores, además de prohibir las protestas por sus derechos laborales.

El control obrero, conceptualizado por el socialismo, se comenzó a aplicar en las empresas básicas de la Corporación Venezolana de Guayana, el sector eléctrico y las fábricas estatizadas como Industrias Diana. Luego se extendió a otras. Pero no todas las firmas estatales tienen control obrero. No hay un censo que muestre el número de compañías que incorporaron este tipo de participación de los trabajadores en la gestión empresarial.

En 2010 Diana era un modelo, destacó el presidente Chávez en ese entonces. Pero hace dos semanas los trabajadores se declararon en conflicto –sin paralizar actividades– porque no fueron consultados sobre la designación de la nueva directiva de la industria. “Enviamos una comunicación al Ministerio de Alimentación para respete nuestra participación en las decisiones, y no hemos recibido respuesta”, informó el dirigente Jhonny Lucena. Dijo que el Gobierno debe acatar los lineamientos del presidente Chávez sobre el control obrero en una empresa que incrementó la nómina de 200 a 1.200 trabajadores, mejoró los sueldos y aumentó la producción 137% a 4.750 toneladas mensuales de aceite, margarina, manteca y jabón.

En descenso. La mayoría de las empresas con control obrero no ha logrado incrementar los niveles de producción. Chirinos indicó que las cementeras, estatizadas en 2008, operan a media máquina (producen 5.000 de 10.000 toneladas anuales de su capacidad).

Añadió que la directiva ha respondido con represión y más de 200 calificaciones de despido a los reclamos por el contrato colectivo y la inversión para modernizar las plantas. Aseguró que la situación de la industria del cemento se repite en buena parte de las empresas nacionalizadas como Agropatria, Owens, centrales azucareras, Rialca e Invepal, entre otras.

La experiencia exitosa de La Gaviota, procesadora de pescado en el estado Sucre, está a punto de ser otra luego de su estatización. La directiva la integran tres representantes del Gobierno e igual número de trabajadores y vecinos de la comunidad. Empezó a tener dificultades para operar porque las empresas estatales no le suministran envases e insumos, lo que se suma a decisiones del Ejecutivo que no han sido consultadas a los trabajadores.

En 2010 y en plena crisis eléctrica, Chávez designó a los delegados de los trabajadores en la directiva de la Corporación Eléctrica Nacional para aplicar el control obrero. Ángel Navas, presidente de la Federación de Trabajadores Eléctricos, señaló que los directores fueron destituidos durante la gestión de Argenis Chávez en Corpoelec. “Y el ministro Jesse Chacón pareciera no tener interés en la participación de los trabajadores para solucionar los problemas estructurales del servicio”, agregó.

José Luís Alcocer, dirigente de la Siderúrgica del Orinoco, refirió que en las empresas básicas de Guayana los trabajadores escogieron, en elecciones, a sus representantes en las juntas directivas. Sin embargo, las divisiones de la dirigencia sindical chavista diluyeron la iniciativa. “El Gobierno dejó morir el control obrero al no llamar a capítulo a estos dirigentes que luego fueron chivos expiatorios para justificar la caída de 50% en la producción”, recordó.

Otra visión

En el sector privado hay garantías

El control obrero no puede materializarse en las empresas privadas porque el dueño de la producción lo es de la riqueza y la distribuye. De este lado, la misión de los trabajadores es vigilar porque los productos lleguen al pueblo de manera suficiente y a precios justos, señaló Orlando Chirinos, directivo de la Unión Nacional de Trabajadores.

Precisó que las privadas deben tener influencia en las comunidades y la correa transmisora son los empleados organizados en sindicatos o consejos de trabajadores.

Chirinos explicó que el control obrero es para las empresas del Estado porque “son del pueblo y para el pueblo”, de allí que los funcionarios y directivos del modelo socialista no deben impedir la participación de los trabajadores y las comunidades.

Dirigentes de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela pidieron incluir el control obrero en la convención colectiva, pero Pdvsa lo impidió con el argumento de que no era el momento político para dar este paso.

Fuente: El Nacional

El Gobierno contempló para este 2013 un presupuesto de 396,4 millardos de bolívares que resultó insuficiente ante las necesidades de los entes oficiales, por tal motivo, en siete meses y medio se aceleró la aprobación de créditos adicionales.

En el primer período de sesiones, que culminó el jueves 15 de agosto, la Asamblea Nacional le aprobó al Ejecutivo un gasto adicional por 110,5 millardos de bolívares, que supera en 26% al autorizado en el mismo lapso del pasado año que fue 87,6 millardos de bolívares.

Por las operaciones extraordinarias aprobadas entre enero y agosto, la asignación de este año ya alcanza los 507 millardos de bolívares y registra un aumento de 28% con respecto a lo previsto inicialmente (396,4 millardos de bolívares).

Cuando las autoridades diseñan los presupuestos subestiman los ingresos y los egresos, razón por lo cual se terminan autorizando créditos adicionales, sin embargo, en los últimos años ese gasto adicional se ha disparado por el mayor tamaño que tiene el sector público.

Los créditos ya no sólo atienden los requerimientos del Gobierno central sino también las necesidades de las empresas estatales y de las industrias que fueron nacionalizadas.

El mayor peso

Ese crecimiento que ha registrado la estructura del sector público se ha reflejado en el salto de la nómina, que según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), supera los 2,7 millones de trabajadores.

Esa cantidad de empleados así como los ajustes de salarios y los pagos de beneficios inciden en las cuentas fiscales. Situación similar se registra con los pensionados. Los beneficiarios del IVSS y de la Misión en Amor Mayor han aumentado y, por ende, se tienen que efectuar más erogaciones.

Los recursos que se fijaron en el presupuesto nacional para todos los compromisos en la materia laboral y previsional resultaron limitados y, por ello, se han tenido que gestionar operaciones extraordinarias.

Del gasto adicional de 110,5 millardos de bolívares, el 73% (80,2 millardos de bolívares) fue para salarios, pensiones y otros compromisos laborales.

El peso de los salarios y las pensiones, además, ha llevado al Gobierno a buscar recursos para atender parte de los compromisos y una de las vías ha sido el endeudamiento.

En este primer período de sesiones la única ley financiera aprobada por el Parlamento fue la Ley de Endeudamiento Complementaria por 76 millardos de bolívares. De esa deuda, el 57% se orientará a pensiones y pasivos laborales.

Otros compromisos

Además de los compromisos ya mencionados, el resto del gasto adicional, que asciende a 30,3 millardos de bolívares, se destinó a las áreas de vivienda, infraestructura, agro, salud, comercio y ambiente.

Para atender los requerimientos de transporte, líneas de metro y vialidad, el despacho de Transporte recibió de manera adicional más de 1,4 millardos de bolívares.

Al área de vivienda se asignaron 6 millardos de bolívares para atender los subsidios directos habitacionales que se utilizan para completar la compra de las viviendas.

El sector salud recibió 2,3 millardos de bolívares para los gastos de funcionamiento y dotación de los hospitales. El Ministerio de Comercio tuvo de manera extraordinaria 526,6 millones de bolívares, y de esa cantidad, el 97% fue para el plan especial de adquisición de productos de aseo personal, que contempló la compra de papel higiénico, toallas sanitarias, crema dental, pañales desechables y jabón de tocador.

Fuente: EU

La directora nacional de Inspección y Fiscalización del Indepabis, Janina Colmenares, informó que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron un camión que transportaba cinco toneladas de azúcar en el sector Las Adjuntas, parroquia Macarao, en Caracas.

“Ellos hicieron un trabajo de inteligencia y detectaron un camión que estaba descargando azúcar en una zona que no era la que correspondía”.

La unidad de transporte debía trasladar el azúcar desde el estado Lara hasta una panadería en el estado Vargas, según la documentación que presentó el chofer.

“La panadería tampoco tenía capacidad para recibir 5.000 kilos de azúcar, por ende realizamos la medida de comiso (prevista en la ley) y pusimos a la venta el producto de una vez, porque los consejos comunales de la zona así no los solicitaron”, agregó Colmenares.

Dijo además que gracias a las denuncias hechas por vecinos del sector, se pudo detectar la irregularidad, por lo que invitó a los ciudadanos a ser contralores para evitar acaparamiento y especulación.

Fuente: Banca y Negocios

Este jueves se formalizó el nombramiento del nuevo presidente del Banco Central de Venezuela. Según la Gaceta Oficial 40.227, a partir de ahora la máxima autoridad del ente emisor es Eudomar Tovar.

Tovar sustituye a Edmée Betancourt, quien ocupó el cargo por tres meses y medio tras el nombramiento de Nelson Merentes como ministro de Finanzas.

Fuente: Globovisión

Petróleos de Venezuela informó que el próximo lunes 19 de agosto pagará los intereses del semestre culminado, a todos los tenedores de los Bonos Pdvsa vencimiento al 2022.

Los poseedores de estos Bonos deberán acudir al banco donde los adquirieron para informarse del estado y del método de pago.

Fuente: El Mundo

La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó una operación de crédito público para la emisión de Títulos de Deuda Pública, en bolívares y en dólares, por 10 millardos de bolívares. El monto será destinado al financiamiento de la Gran Misión Vivienda, como está estipulado en la Ley de Endeudamiento Complementario 2013.

La instancia parlamentaria también autorizó las condiciones para otras dos emisiones de bonos destinadas a la reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública hasta por 22,05 millardos de bolívares, operación contenida en la legislación aprobada en julio.

Un crédito adicional de 4 millardos de bolívares también fue autorizado por los diputados de la comisión, y se destinarán a las gobernaciones y alcaldías del país.

El monto no corresponde a las asignaciones del situado constitucional, sino de una erogación especial para atender necesidades salariales de las entidades. Los fondos vienen del Fondo de Eficiencia y fueron dirigidos al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia para su distribución.

El diputado Alfonso Marquina criticó que los recursos provengan del Fondo de Eficiencia, que se nutre de los dividendos de las empresas del Estado y no de fuentes ordinarias. Explicó que el situado se calcula sobre la base de un presupuesto deficitario, lo que no permite cubrir todos los requerimientos.

El crédito se aprobó posteriormente en plenaria junto con otras 6 asignaciones, 5 de las cuales fueron autorizadas por la Comisión de Finanzas la semana pasada. El total fue de 8,8 millardos de bolívares.

Fuente. El Nacional