El partido Encuentro Ciudadano condenó este martes el asedio y persecución que mantienen los cuerpos de seguridad contra cinco miembros del equipo de María Corina Machado en la Embajada de Argentina en Caracas. Ya suman 300 días asilados.
A través de un comunicado, el partido político que encabeza la defensora de derechos humanos Delsa Solórzano pidió a organismos internacionales intervenir para lograr los salvoconductos.
Comunicado íntegro:
Desde Encuentro Ciudadano, condenamos enérgicamente el asedio y persecución que el régimen mantiene contra cinco ciudadanos venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, Magalli Meda, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Omar González y Humberto Villalobos quienes, por más de 300 días, han visto vulnerados sus derechos fundamentales bajo la custodia provisional de Brasil. La acción de rodear la sede diplomática con funcionarios armados y privarla de servicios básicos, como la electricidad, constituye una flagrante violación del derecho internacional, en particular las disposiciones contenidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que garantiza la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la obligación de los Estados receptores de respetar su integridad.
Asimismo, la negativa a otorgar los salvoconductos a los asilados vulnera el derecho de asilo, reconocido en instrumentos internacionales como la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que protege el derecho de las personas a buscar refugio frente a la persecución política.
Exigimos que cese de inmediato el asedio a la embajada, se restablezcan los servicios básicos y se respete el principio de inviolabilidad diplomática. Instamos a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos a intervenir para garantizar el otorgamiento de los salvoconductos necesarios para que estos ciudadanos puedan salir del país con dignidad y en plena seguridad.
La persecución sistemática contra quienes disienten del régimen constituye una muestra más de la violación masiva y reiterada de los derechos humanos en Venezuela. La libertad, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida deben prevalecer.
