Con un tiro en el cuello asesinaron a Efrenlis Rodríguez Arteaga, una adolescente de 17 años de edad, estudiante de quinto año de bachillerato del liceo privado Cultura Catia, situado en el oeste de la ciudad capital.

Desde la sede de la medicatura forense de Bello Monte, Libia Rodríguez, tía de la víctima, relató que el lunes a las 9:00 am, la muchacha se encontraba acompañada de un grupo de amigos y vecinos del sector Boquerón, barrio Isaías Medina Angarita , donde residía con sus padres.

“Eran conocidos de la zona que luego de estar con sus familias decidieron compartir entre amigos esa mañana”, relató Rodríguez.

En el grupo estaba un hombre identificado como Elvis Ramírez, de 36 años de edad, que tomó su arma de fuego y apuntó a Efrenlis Rodríguez.

“El tiro lo recibió en el cuello y murió de forma inmediata. Testigos afirmaron que el hombre manipulaba el arma en forma de juego. Ese supuesto juego le segó la vida a una muchacha que apenas comenzaba a planificar sus sueños y metas”, expresó Rodríguez. La adolescente era única hija y quería estudiar Criminalística. El victimario se encuentra prófugo de la justicia.

En otro hecho violento murió Claudia Carolina Muñoz Alfaro, de 24 años de edad, la mujer número 128 asesinada en la Gran Caracas en 2017.

Claudia Muñoz trabajaba en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, en Bello Monte, y estaba adscrita a la Unidad de Oficialía, dependencia que entrega los cadáveres. Fue hallada en el interior de su residencia en el sector Puente Maca, en Petare, el 1° de enero a las 12:00 del mediodía. Su cadáver presentaba 37 puñaladas.

Mariana Baena, prima de la víctima, narró que Muñoz Alfaro salió de su trabajo el domingo a las 3:00 pm hacia su casa para encontrarse con el padre de su hijo, a quien no quisieron identificar.

“Cuando el hombre llegó a la casa el equipo de sonido tenía el volumen al máximo, y como nadie le abrió la puerta decidió entrar a través de una ventana. Se topó con el cadáver de Mariana”, explicó Baena. Compañeros de trabajo y vecinos del barrio indicaron que la última vez que la vieron con vida fue el 31 de diciembre después de las 4:00 pm.

Familiares indicaron que el agresor revolvió cosas en la cocina y otras áreas de la casa “para simular un robo, pero lo único que se llevó fue su cartera en la que tenía su cédula y tarjetas bancarias”, indicaron.

Muñoz Alfaro era única hija y no tenía parientes en la capital. Dejó dos hijos huérfanos: un varón de 6 años de edad y una hembra de 9 años de edad, que se encontraba con su abuela en Palo Verde.

Durante los dos últimos años 7.000 evidencias que fundamentaban investigaciones sobre crímenes ocurridos en el país fueron hurtadas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Bello Monte y de otros estados del país, para ser vendidas “hasta en dólares”, de acuerdo con informaciones obtenidas extraoficialmente.

Luego de averiguaciones realizadas recientemente por el Cicpc, conjuntamente con el Ministerio Público, en los últimos meses de 2017 fueron detenidos 20 funcionarios adscritos al Senamecf en 7 entidades del país: 6 en el área metropolitana de Caracas; 3 en Aragua; 3 en Zulia; 2 en Bolívar; 2 en Guárico; 3 en Lara y 1 en Yaracuy.

Uno de los investigados en Caracas fue Henry Páez, un técnico en computación, quien fue acusado por delito informático el 30 de noviembre. Fuentes policiales señalaron que durante el interrogatorio el hombre confesó que había provocado la caída del servidor del organismo con la intención de extraer información y revelarla.

En el estado Aragua, el médico patólogo y funcionario del Cicpc, identificado como Eduardo Malavé Sanz, es buscado desde agosto por la policía judicial por vender supuestamente evidencias en divisas extranjeras, informaron fuentes policiales.

Contra todos los detenidos pesa un proceso penal por estar implicados en el hurto de evidencias, y su venta y manejo inadecuado, así como en develar información confidencial sobre el  proceso de autopsias.

Un número no determinado de casos se encuentra en riesgo de quedar impune por esta irregularidad. “Al extraviarse evidencias, no hay hecho punible ni culpables”, advirtió el comisario Javier Gorriño, abogado criminalista, quien indicó que la cadena de custodia de las evidencias es fundamental para garantizar la pureza de la evidencia desde el momento mismo de la recolección hasta la etapa en que estos elementos puedan convertirse en pruebas. “Su legalidad debe estar garantizada para que puedan ser descubiertas y controvertidas en juicio”.

Gorriño, quien fue funcionario de Homicidios de la extinta PTJ, explicó que hace 20 años no existía en Venezuela un procedimiento de custodia y resguardo de evidencias, aunque eran celosamente protegidas. “En la actualidad, para que el resultado tenga validez ante el tribunal penal, es necesario garantizar que las evidencias sean manejadas de una manera cuidadosa en la que se asegure que se encuentran conservadas, inalteradas e íntegras, desde que fueron recuperadas hasta el momento en que son incluidas como prueba ante el tribunal”.

Cuidar la prueba. Ante la constatación de las fallas de recolección y el hurto de evidencias, la nueva Dirección de Senamecf creó en septiembre una sala de resguardo de evidencias en todas las morgues del país. También, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz ordenó la revisión y reedición del Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas, según resolución publicada en la Gaceta OficialN° 41247 del 29 de septiembre de 2017, que entrará en vigencia el próximo 29 de diciembre.

Además de favorecer la sustracción, el manual anterior no se ajustaba a los actuales estándares internacionales, según el ministerio, que establecen protección y preservación del lugar de los hechos; recopilación de la información preliminar a través de testigos del hecho; observación, valoración y planificación; fijación del lugar de los hechos; búsqueda y tratamiento de las evidencias; liberación del lugar de los hechos, y documentación y remisión de evidencias.

Hasta la fecha no había control ni espacios adecuados para mantener las evidencias en resguardo y evitar que fuesen contaminadas hasta ser entregadas al Cicpc. “En crímenes del hampa común estas evidencias se perdían para no determinar culpabilidad. Las evidencias eran vendidas hasta en dólares”, afirmó una fuente de la morgue de Bello Monte; no obstante, advirtió que en casos como el asesinato de Mónica Spears o de otras figuras públicas estas evidencias fueron resguardadas.

Luego de la revisión del Manual Único y de su próxima entrada en vigencia, el ministerio instruyó que el nuevo instrumento es “de uso obligatorio para todas las instituciones policiales del territorio nacional que practiquen, entre sus labores, el resguardo, fijación fotográfica o por otro medio, colección, embalaje, etiquetado, traslado, preservación, análisis, almacenaje y custodia de evidencias, con la finalidad de mantener el criterio unificado de patrones criminalísticos”. Los resultados se verán en 2018.

Nuevas formas

El ministerio ordenó la creación de salas para la conservación de las evidencias recabadas durante la autopsia o del lugar de los hechos, así como cursos de formación académica para los médicos y funcionarios que participen en el proceso, “con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación, desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso, su trayectoria por las distintas dependencias de investigaciones penales, la consignación de los resultados ante la autoridad competente hasta la culminación del proceso penal. Las evidencias consisten en proyectiles de arma de fuego o pedazos de objetos metálicos, vidrio o plástico”, reveló la fuente.

Peritos, médicos forenses y funcionarios policiales deberán actuar en conjunto para evitar la pérdida de evidencias. “Todos tendrán la tarea de preservar las evidencias halladas en la escena del crimen; recopilar y valorar los datos obtenidos de ellas, y finalmente documentar y remitir dichas evidencias a la sala de resguardo para que puedan ser utilizadas subsecuentemente en los tribunales durante la tramitación de un juicio penal”, dijo el funcionario.

Si la evidencia, que puede ser un proyectil o un pedazo de vidrio u objeto metálico, se halla en el cadáver, el nuevo Manual Único establece que debe haber un formulario en el que se plasme la huella del médico patólogo que recibe el caso, quien además es el que inicia la cadena de custodia: recolecta la evidencia y la remite al área de fotografía. El patólogo, a su vez, la embala y la envía con un oficial de resguardo a la sala de evidencias y la registra en el libro diario. Finalmente, es llevada a la unidad criminalística del Cicpc, en San Agustín.

Con patrullaje de tanquetas, abundante despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado, establecimientos cerrados y rumores de saqueos, Ciudad Bolívar amaneció ayer, luego de la Navidad, como consecuencia, al menos, de un saqueo confirmado y otros dos intentos ocurridos el lunes en la noche en los que hubo al menos 22 detenidos.

“Después de la 1:00 de la tarde, la mayoría de los comercios ubicados en el municipio Heres cerraron sus puertas ante rumores sobre saqueos. En el caso del Paseo Orinoco se mantuvo la presencia de la Policía del Estado Bolívar”, señaló la periodista Pableysa Ostos.

Precisamente un año después de los episodios de saqueos, lo ocurrido volvió a repetirse en varios locales de la ciudad. La situación anormal de disturbios se registró en los sectores Los Coquitos y Las Moreas, denunciaron medios de comunicación regionales.

El hecho comenzó en el comercio Licores El Sordo con una irregular distribución de bebidas alcohólicas para evitar saqueos; sin embargo, el disturbio sucedió igualmente horas más tarde, informó Ostos.

“La gente abrió boquetes y saqueó lo que había en el sitio. Hoy 26 de diciembre el galpón estuvo custodiado por la GNB a pocos metros había personas esperando que estos se retiraran para entrar otra vez. Después de la 1:00 de la tarde, los funcionarios se retiraron del lugar y una vez más ingresaron personas al galpón para ver qué rescataban entre las botellas rotas y los destrozos que quedaron.”, dijo.

Entre los intentos abrieron un boquete a la pared de un abasto asiático ubicado en la redoma del psiquiátrico, donde también se generaron destrozos. Al mercado de distribución al mayor, Makro, además del boquete, tumbaron la reja del local. Ambos intentos fueron frustrados por la Guardia Nacional Bolivariana, informaron medios regionales.

Habitantes de la región también protestaron por la intensa escasez de alimentos en la zona y el retraso en la entrega de las cajas de alimentación subsidiadas por el gobierno, CLAP.

Cifra

22 detenciones practicó la GNB por los desórdenes en varios sectores de la capital de Bolívar, luego del día de Navidad.

Carla Zaras, directora de la Comunidad Penitenciaria Fénix, y cinco funcionarios penitenciarios (tres masculinos y dos femeninas), fueron liberados, luego de estar en manos de los privados de libertad quienes iniciaron un motín a las 3.30 de la tarde del pasado lunes.

Más de 50 horas duró la situación de secuestro en Fénix que culminó en horas de la tarde del miércoles. Las únicas peticiones de los reos eran el traslado para penales abiertos y el cese de los maltratos para sus compañeros.

Según las exigencias de los presos del área de Reflexión o conocida también como la Torre de Aislamiento, señalados de liderar el motín de Fénix, fueron complacidos por el Estado.

Se conoció que los mismos presos tendrían una lista de 250 privados de libertad que suministraron a las autoridades, estos serían los que van a ser trasladados para los penales que no tienen régimen penitenciario: Tocorón, en el estado Aragua, y Tocuyito, en el estado Carabobo.

Se conoció que la directora estuvo con ellos en el área de Media, y ante el temor de que le ocurriera algo, ninguna autoridad del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, había ingresado al penal, reseñó El Impulso.

Una fuente muy ligada a los hechos indicó que a ella no la tocaron, no sufrió maltratos físicos, pero sí la amenazaron con acabar con su vida si no se daban los traslados.

Existía una presunción por parte de las autoridades de que los reos poseían un explosivo, lo que sí sabían con certeza es que tenían en su poder el armamento de los custodios, así mismo estaban totalmente claros de que cargaban armas blancas con las que también pudieron atentar contra la vida de los funcionarios secuestrados en el recinto.

Consecuencias del motín

Familiares de los presos de Fénix temen que al sacar a los 250 reos que estaban envueltos en el motín, posteriormente sean “castigados” los que allí se quedan, porque tienen la experiencia de otras revueltas.

Los internos del Centro Penitenciario David Viloria, ubicado a unos metros del penal en conflicto, también se vieron afectados porque les suspendieron las visitas con la excusa de evitar una reyerta, de igual forma se supo que las 80 mujeres de Fénix fueron pasadas a Uribana.

Los custodios penitenciarios son otros de los que están pagando las consecuencias de este motín, pues esta semana comenzaba para algunos el permiso navideño.

Relataron que tienen hasta dos meses corridos laborando y ahora les anunciaron que dicho permiso no lo tendrían, que quedarían redoblando las guardias hasta el 10 de enero del siguiente año, situación que ha causado bastante malestar entre los funcionarios.

Mañana de zozobra

El miércoles, las áreas cercanas al penal amanecieron llenas de familiares. Se trataba de un grupo superior a las 100 personas, la mayoría mujeres quienes se tapaban del inclemente sol con sábanas, suéteres y franelas.

En la zona no existe un árbol que pueda dar sombra, sentadas en la tierra, recostadas a un carro o a la orilla de la vía, allí se encontraban en zozobra porque no sabían de los suyos.

Son pocas las familias residenciadas en Lara. Otras han llegado de San Cristóbal y Yaracuy, pero muchas se mantienen bajo comunicación vía telefónica con las mujeres de acá.

Algunos reos que se pudieron comunicar en la madrugada comentaron a su familia que les cortaban la luz, el suministro de agua, el cual se estaba agotando y además no tenían alimentos.

Sienten temor del destino de sus familiares, porque en horas de la noche un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) las retiró y ellas observaban cómo entraba y salía una camioneta tipo vans, blanca, al penal en donde montaban bolsas negras.

También se observaba más movimiento dentro del penal que los días anteriores, había varias motos, dos camiones de la GNB y continuaban las unidades del CICPC y la de la Base de Secuestro de Lara.

Cerca del mediodía un grupo grande de internos se subió una vez más al techo del área de Mínima de Fénix, algunos con uniformes amarillos, otros azules, con franelas y sábanas hacían señas a los familiares que allí estaban apostados. Ellos en cierto momento entonaron el himno nacional.

Trascendió que en esta oportunidad los destrozos causados dentro del penal fueron mayores en las áreas del comedor, las salas de visitas, entre otras; así mismo se supo que quemaron las colchonetas y parte de la ropa, dejando a muchos de los internos que no se sumaron al motín hasta descalzos y desnudos.

A las 12.26 del mediodía, salieron unas motos de la GNB y otros castrenses se acercaron a los familiares, mandaron a retirar los vehículos y las personas que estaban frente al penal, le dijeron que habría traslado.

“Lo que están negociando es la vida de la directora por el traslado”, enfatizó el guardia, pero a la misma vez y a modo de provocación con los allí presentes les indicaban que pronto acabaría todo:

“Ahora es que va a llegar la Navidad, cuando empiecen a sonar los cohetes de los buenos”, haciendo referencia posteriormente a que iban a ingresar al penal y seguido de esto vinieron más comentarios en donde vociferaban que los presos habrían quemado hasta las paredes, “pero no importa, cuando entremos nosotros nos encargaremos de pintarla”, así continuaban los maltratos verbales contra los familiares, quienes expresan que en cada visita son víctimas de ello.

Los reos, quienes miraban desde el techo, se agruparon en mayor cantidad al observar que los castrenses se acercaban a sus familiares, pero los funcionarios lograron alejar a los parientes a unos 10 metros de la entrada del penal.

Justo en ese momento llegaron dos autobuses. Se conoció que alrededor de las 2.30 de la tarde llegaron al menos siete Encava más para un total de nueve autobuses.

Los buses entraron al estacionamiento del recinto penitenciario y allí permanecían hasta el final de la tarde. Aunque los movían de un lado a otro, ninguno cruzó el portón para salir antes de las seis.

Pacto en la tarde

La quietud en el lugar se mantuvo hasta las cinco de la tarde cuando entraron dos camionetas con funcionarios del Conas.

Pocos minutos después, al techo del área de Mínima subieron dos funcionarios del Grupo de Repuesta Inmediata (GRI) del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y luego se les sumaron otros cuatro para recorrer la superficie y lanzar al suelo envases que habían dejado allí los reos mientras tenían el control, lo que significaba el restablecimiento del orden en el penal y el fin de la negociación a favor de los reclusos.

Demoraron poco en la cima de la estructura y ya cuando bajaban llegó una docena de motos abordada cada una por dos funcionarios de GNB más una patrulla del mismo organismo, todos se quedaron en el estacionamiento.

Con cada movimiento de los funcionarios las mujeres parientes de los prisioneros susurraban angustias, caminaban o lloraban.

Ninguna tenía certeza de si los traslados en efecto se concretarían ni cuáles eran los nombres incluidos en la lista.

Insistían en pernoctar nuevamente afuera de la cárcel si era necesario para despejar las dudas de si alguno de los suyos sería trasladado a un penal en otro estado.