Este miércoles, el gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia, informó a través de su cuenta en Instagram que comenzó su aislamiento por estar contagiado con covid.

“Aferrado a la Santísima Trinidad y con la fe en nuestro personal de salud comienzo mi aislamiento y tratamiento tras salir positivo a COVID-19”, escribió el mandatario.

Cabe destacar que este sería el tercer gobernador en resultar positivo a las pruebas del covid, luego del gobernador del Zulia, Omar Prieto, seguido de Edwin Rojas gobernador del estado Sucre.

Se supo que Yaracuy hasta el momento mantiene una cifra de 130 contagiados.

Sumarium

La Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana reiteró, este martes, su preocupación por la propagación de la pandemia del COVID-19 en cárceles de Venezuela, por lo insistió en la necesidad de que se otorguen medidas cautelares a presos políticos, civiles y militares. 

La abogada y directora de esta organización, Neida Pérez Morillo, sentenció que los ciudadanos que mantienen tras las rejas, además de la injusticia de la que son víctimas, hoy corren grave peligro ante la posibilidad de que se produzcan brotes de esta enfermedad. Este señalamiento lo hizo a propósito del supuesto primer contagio en la cárcel militar Cenapromil, Ramo Verde. 

«Como garantes y defensores de los Derechos Humanos solicitamos a los órganos competentes esclarecer si existen casos de coronavirus en centros penitenciarios y prestar la atención médica requerida para estos contagios, en apego y estricto cumplimiento del derecho a la salud del cual gozan todos los ciudadanos», sentenció la jurista.

En este sentido, reiteró la solicitud hecha, desde la declaración de cuarentena nacional en el país -en consonancia con los planteado por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet- en que se permita a los privados de libertad resguardarse en sus hogares de la enfermedad que hoy agobia al planeta. 

Pérez Morillo reiteró que el Estado venezolano está en la obligación de velar por la integridad física de todos los ciudadanos, y en razón de esto exigió atención urgente para la situación antes descrita.

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A pesar que las principales recomendaciones para protegerse del Covid-19 es lavarse las manos con frecuencia e incrementar las medidas de higiene, los habitantes de la ciudad de Valencia están cada vez más expuestos al virus debido a la escasez y mala calidad de agua que suministra la empresa estatal Hidrocentro. 

Jesús Armas, presidente de Ciudadanía Sin Límites, informó que gracias a Monitor Ciudad se determinó que “los valencianos están recibiendo solamente 35 horas de agua a la semana de las 168 horas. Lo que quiere decir que pasan 80% del tiempo sin tener acceso al agua en sus hogares. Esto representa un grave peligro para las personas debido a que en medio de la pandemia se necesitan extremar las medidas y normas de higiene”.

En cuanto a Caracas, durante las tres primeras semanas de junio los caraqueños recibieron un promedio de 59.8 horas cada semana.  “Esta cifra aunque sigue siendo muy baja y es alarmante porque representa una violación a los derechos humanos de los venezolanos, representa un ligero aumento en comparación con los meses de mayo y abril. Sin embargo, los reportes elaborados por Monitor Ciudad aseguran que la calidad del agua está disminuyendo y empeorando.

“Entre marzo y mayo de 2020, el promedio semanal de las personas que no recibieron agua fue de 40%, pero durante junio, esta cifra bajó al 33%. Ante esto hay que decir que aunque está llegando más agua a los hogares, se trata de un agua con olor, sabor y baja calidad para el consumo humano”. 

Sobre la calidad del agua, Armas agregó que 74% de los caraqueños piensan que la calidad del agua que recibieron fue muy mala. Por otro lado, el presidente de Ciudadanía Sin Límites denunció que los caraqueños en promedio están gastando 442 mil bolívares a la semana por agua embotellada. Es decir, a la semana gastan más por el agua embotellada que lo que reciben por el salario mínimo.

NP

Con el fin de garantizarles el acceso a los servicios básicos y de salud a los venezolanos en situación de refugiados, la diputada por el estado Zulia, Marianella Fernández solicitó a la plenaria de la Asamblea Nacional que se ejerzan las acciones necesarias ante la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La diputada zuliana, en el marco de la conmemoración el pasado 20 de junio del día internacional del refugiado, instituido por la ONU en el año 2001, condenó la situación en que se encuentra los mas de 5.5 millones de venezolanos, que se han visto forzados a abandonar el suelo patrio, buscando en otras latitudes un mejor destino para sus familias.
“Somos el segundo país después de Siria, con el mayor número de desplazados en el mundo. No deja de sorprendernos cuando citamos estas cifras, cuando el país no enfrenta un conflicto bélico. Lo que si hay es una férrea dictadura que ha inculcado los más elementales derechos de la población”.

Lamentó que la migración de los connacionales ha conllevado a mucho dolor, sacrificio, separación de la familia y hoy son víctimas, desafortunadamente, de xenofobia y de todas las penurias que conlleva ser emigrante.

“En nombre del órgano unicameral y de la fracción parlamentaria de Un Nuevo Tiempo (UNT), solicitó que se ejerzan las acciones necesarias ante la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN), para que se garantice el acceso a los servicios básicos y de salud de los connacionales”.

Así mismo la diputada zuliana solicitó que quede claro en el acuerdo que esta dictadura hay que sumarle la separación de las familias, cada lagrima dejada en los terminales y aeropuertos de Venezuela, las enfermedades y fallecidos en la distancia, “cada llaga en los pies de los hermanos venezolanos, que caminan cientos de kilómetros para llegar a un país de Suramérica”.

Subrayó que todo este sufrimiento que han vivido los venezolanos eso también hay que cargárselo a a la dictadura. “Los únicos culpables de las penurias que están pasando estos 5.5 millones de almas venezolanas por el mundo son Nicolás Maduros y sus secuaces, que hoy asaltan el poder en Miraflores y que muy pronto daremos cuenta de ello y que tendrán que responder por todas las tropelías que han cometido”, sentenció la parlamentaria Fernández.

Por último, aseguró que la única garantía para que los venezolanos salgan de esta crisis es la instalación de un Gobierno de Emergencia Nacional. “Abriremos las puertas para ese anhelado retorno, para que se produzca ese gran abrazo nacional. Fuerza Venezuela que los buenos seguimos siendo más”.

Detectives del Eje de Investigaciones de Homicidios del Cicpc en el estado Bolívar esclarecieron el homicidio de un niño de siete años en el sector Los Báez, parroquia José Antonio Páez, municipio Angostura del Orinoco, Ciudad Bolívar luego de que su progenitora perpetrara el hecho.

De acuerdo a la información proporcionada por Douglas Rico, el homicidio fue reportado por sus parientes, luego de presuntamente hallar al niño en el interior de su habitación suspendido con una correa y sin signos vitales en el extremo de una cama tipo litera, indicando que el menor se habría suicidado; sin embargo, al efectuar levantamiento del cadáver y necropsia de ley, sin embargo la versión fue desmentida.

Se determinó que falleció producto de estrangulamiento, siendo entrevistados los familiares del niño, quienes manifestaron incongruencias en sus declaraciones, hasta finalmente comprobar que la madre del menor, identificada como Yenni Josefina Valor Ron (39), mediante un ataque de ira perpetró el crimen, indicando que lo cometió ya que el infante era inquieto, y constantemente lo maltrataba, mientras que el padre Félix Antonio Rondón Rojas (55) y la hermana del niño, una joven de 17 años, colaboraron para simular que la víctima se habría suicidado.

A su vez se pudo conocer que el hermano del occiso, un joven de 12 años, fue puesto a la orden del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, para salvaguardar su vida y los detenidos puestos a la orden de las Fiscalías Cuarta y Novena del Ministerio Público del estado Bolívar.

NADYALH

 
 
 
 
Dos hombres fueron detenidos en horas de la mañana de este jueves cuando intentaron perpetrar un asalto en el Banco del Tesoro del Centro Comercial San Ignacio ubicado en el municipio Chacao del Estado Miranda.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10 de la mañana de este jueves cuando una pareja de antisociales ingresó al Banco del Tesoro ubicado en el C.C antes mencionado con la intención de robar la entidad, pero fueron detectados por autoridades policiales y los sujetos tomaron como rehenes a las personas que se encontraban en el banco.

Al lugar acudieron comisiones de la Policía Municipal de Chacao, el grupo BAE del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), así como funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que se encontraban en los alrededores del centro comercial, debido al operativo de combustible que se lleva a cabo en las estaciones de servicio de todo el país.

Luego de las respectivas negociaciones, la situación se resolvió cuando ambos antisociales decidieron rendirse ante las autoridades y se entregaron con la presencia de representantes del Ministerio Público.

EU

La Asamblea Nacional aprobó la Primera Discusión del Proyecto de Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolano en el extranjero.

El proyecto legal fue presentado a la sesión  ordinaria celebrada  este martes 19 de mayo, vía digital, por el diputado  Luis Silva, quien solicitó la urgencia reglamentaria por la importancia de este instrumento legal para presentar de este régimen los bienes y activos del Estado venezolano, el cual fue aprobado.

Explicó el diputado Silva durante su intervención que Venezuela durante los últimos 21 años  ha sido “desangrada y exprimida”, por la corrupción  y este proyecto legal permitirá asegurar  que esos activos y bienes de la República regresen a las manos de su legítimo dueño que es el pueblo  venezolano. 

 “La corrupción se ha robado el fruto del trabajo diario  de los venezolanos,  así como también se han  expoliado  los recursos  que generosamente la tierra nos ha brindado estas dos décadas  pérdidas de la involución del siglo 21. Es por ello  que desde esta Asamblea Nacional hemos  emprendido una cruzada  por recuperar y resguardar, de la corrupción, valiosos activos cuyo único dueño es el pueblo”, reiteró Silva

 Explicó, durante su intervención, este instrumento legal es una ley especial  de contrataciones públicas  asociadas a la defensa, recuperación,  aseguramiento y resguardo  de los activos, bienes e intereses del Estado Venezolano en el extranjero. “Con esta ley se busca garantizar que toda contratación sea manejada con eficiencia y honestidad, siempre bajo el control de esta Asamblea Nacional y del Contralor Especial”.

Agregó que se regula la contratación de bienes y servicios comerciales  en el marco del fondo para la liberación  de Venezuela, así como  la contratación de servicios profesionales, incluyendo servicios legales requeridos por el fondo de litigio.

Aseguró que esta ley especial se regirá  por los preceptos constitucionales  de legalidad,  transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia. “El objetivo es asegurar un proceso  de tomas de decisión  efectivo,  para seleccionar a nuestros asesores y representantes especialmente la selección  de los mejores profesionales que tendrán a su cargo la recuperación  y defensa de los  activos de la república”.

 León habría sido detenido por funcionarios de las FAES

Este martes, el partido político Voluntad Popular denunció la supuesta desaparición del diputado Ismael León, luego de que este denunciara la actuación de los civiles armados y las Fuerzas Armadas Especiales.

“La diputada @apichardob denuncia el secuestro del diputado @leon_ismael por funcionarios de las FAES que lo interceptaron en la Av. Libertador mientras el diputado se dirigía a la #SesiónAN en Cumbres de Curumo”, publicó la tolda naranja en su cuenta oficial de Twitter.

Tras el bloqueo por parte de los organismos de seguridad para ingresar al Palacio Federal Legislativo, los parlamentarios optaron por sesionar en Cumbres de Curumo, en Caracas.

La última vez que el parlamentario fue visto públicamente se encontraba en la sede de Acción Democrática y dio declaraciones a Vivoplay sobre la importancia de enfrentarse al terrorismo en Venezuela y apoyar a Guaidó.

#URGENTE | Denunciamos la desaparición del diputado a la @AsambleaVE, @leon_ismael.
Desde las 9 a.m aproximadamente, sus familiares, amigos y compañeros perdimos contacto con él.#21Ene

— Voluntad Popular (@VoluntadPopular) January 21, 2020

#URGENTE | Denunciamos la desaparición del diputado a la @AsambleaVE, @leon_ismael.
Desde las 9 a.m aproximadamente, sus familiares, amigos y compañeros perdimos contacto con él.#21Ene

— Voluntad Popular (@VoluntadPopular) January 21, 2020

 
 Con la finalidad de buscar un consenso parlamentario entre todas las fracciones políticas que forman el pleno de la Asamblea Nacional, este martes fue diferida la primera discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria, Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico.

La solicitud del diferimiento de este debate fue realizada por el diputado del bloque opositor por el estado Zulia, Enrique Márquez, quien resaltó que tal decisión fue acordada dado que este instrumento legal se materializará en la recepción y administración transparente de recursos importantes para atender la crisis que en este tema se vive en todo el país.

Márquez recordó que “no es una exageración catalogar de emergencia humanitaria lo que pasa en el Zulia o en Nueva Esparta con la energía eléctrica”.

Explicó cómo en el caso de unos de los estados más pujantes económicamente del país, como lo es el Zulia, las constantes fallas en el suministro del servicio eléctrico han derivado, no solo en la pérdida del confort para las familias, sino en el decaimiento del 90 % de su actividad comercial, por lo cual esta ley está destinada a atender la emergencia.

“Se recibirán recursos importantes de parte de la Corporación Andina de Fomento, CAF, para rescatar generadoras termoeléctricas e instalar nuevos generadores eléctricos, lo cual estará además blindado con un mecanismo de administración transparente que es una de las preocupaciones principales de todos los sectores”, precisó el parlamentario.

Reiteró que son numerosos los estados del país afectados de forma dramática por las fuertes fluctuaciones y largos apagones, en especial los de Occidente y Oriente, de allí que justificó la presencia de este martes en el hemiciclo de diputados acompañados de la sociedad civil, clamando por un acuerdo para atender esta emergencia humanitaria.

Durante su intervención para solicitar el diferimiento de la discusión del proyecto, Márquez señaló que en la construcción de esta ley participó gente de todos los sectores de la sociedad civil, clase política y representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para alcanzar un consenso que aún no se logra en el parlamento.

Fue contundente al aclarar que la administración de los recursos que otorgará la CAF para atender esta crisis humanitaria estará a cargo del PNUD, organismo que además revisará los contratos, adjudicará y, adicionalmente, operaría los primeros 3 años, garantizando el mantenimiento de todas las unidades nuevas y reparadas.

Expresó además que éste será un mecanismo transparente que obligará a la sinceración de precios en el servicio y contrataciones transparentes, por lo que considera necesario que esta ley se apruebe con el consenso de todas las fuerzas políticas de la AN.

Destacó que con las inversiones que se ejecutarán a través de este proyecto, se  aportará al país cerca de 1200 megavatios para suplir las necesidades de varios estados que afrontan situaciones caóticas en cuanto al suministro de electricidad.

La postergación para la discusión de este instrumento legal fue solicitada bajo el compromiso de que se usará el tiempo otorgado para buscar los acuerdos necesarios con la finalidad de que el mismo sea incluido como punto de debate en la próxima sesión con un acuerdo unitario, que permita atender la emergencia humanitaria ocasionada por la falta de electricidad en el país.

Prensa Fracción Parlamentaria UNT