En 2014, los grupos estudiantiles de San Cristóbal escogieron una fecha emblemática del chavismo para salir a las calles a protestar, justamente, contra el gobierno chavista de Nicolás Maduro. El 4 de febrero, el mismo día que, 22 años atrás, el teniente coronel Hugo Chávez Frías intentó dar un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, los jóvenes colmaron las avenidas con gritos y pancartas. Se enfocaron en la inseguridad, en la violencia en las calles, en la poca acción del Gobierno, en la escasez de productos básicos, en la inflación y en todos los problemas que la oposición sigue señalando hoy y el chavismo atribuyendo a conspiraciones.
San Cristóbal se convertiría en la chispa que desató el fuego y ocho días después Caracas y todo el país vivirían el temblor. La represión de las marchas pronto contagió a los indignados de otras ciudades y la historia ha sido recordada de sobra por estos días: 42 fallecidos, 486 heridos y 1.854 detenidos, entre ellos el líder opositor Leopoldo López.
Esta semana el Táchira se agita de nuevo. Kluivert Ferney Roa, estudiante de 14 años del colegio Agustín Codazzi, murió de un disparo en la cabeza. Fue imputado como posible responsable del homicidio el agente antimotines de la Policía Nacional Bolivariana Javier Mora Ortiz y en la ciudad la indignación vuelve bloquear las avenidas, a protestar con furia. Y los estudiantes vuelven a expresarse: “Venciendo el cerco represivo nos encontramos en la Av. Urdaneta en el Min. Interior exigiendo justicia y la derogación de la resolución 8610”. Así lo notificaba Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, en su cuenta en Twitter. La resolución 8610 permite, desde hace cerca de un mes, que las autoridades utilicen armas potencialmente mortales para contener protestas salidas de control.
Las versiones sobre la muerte de Kluivert Roa varían, pero incluso el presidente Nicolás Maduro pidió que se procese al agente culpable. Compañeros del joven fallecido declararon que le dijo a Mora Ortiz que “dejara la represión” y el policía, “arrecho”, lo agarró. Sin embargo, Roa logró zafarse para huir y entonces ocurrió el hecho más escabroso de esta historia: el policía le disparó en la cabeza. La otra versión es de Ramón Cabeza, jefe de Seguridad Ciudadana del Ejecutivo regional. Para él, el agente apeló a su arma en defensa propia.
¿Por qué una vez más las protestas se focalizan en San Cristóbal? ¿Por qué en el Táchira? Luis Vicente León, director de la firma Datanálisis, considera que se debe a que el estado, fonterizo con Colombia, es una “zona hipersensible”. “El desabastecimiento allí es superior al del resto del país —explica el analista—. Como los productos básicos son comprados al tipo de cambio preferencial establecido por el Gobierno (6,3 bolívares por dólar), existe el contrabando de extracción: si esos productos logran cruzar la frontera hacia Colombia, pueden ser vendidos en el mercado colombiano a precios más bajos y pagados en moneda fuerte a los contrabandistas”. Allí la cadena comienza a extenderse: para combatir el contrabando, el Gobierno restringe los despachos de productos que van al estado y cierra la frontera. Por eso una queja común de los tachirenses es que se sienten ciudadanos de segunda categoría, al margen del resto del país.
Todo esto ocurre y ha ocurrido sin contar con que el alcalde de San Cristóbal (capital estatal), Daniel Ceballos, fue destituido y detenido el pasado 18 de marzo, acusado de rebelión civil por promover y no detener las protestas del año pasado. Ceballos es otro de los 1.854 detenidos que dejó la ola indignada de 2014 y hoy permanece preso en la cárcel de Ramo Verde, el mismo lugar de reclusión de Leopoldo López y del recientemente detenido Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas.
El estado de Táchira vuelve a estar en el frente de batalla contra el Gobierno. Luis Vicente León afirma que, hasta ahora, el gobierno Maduro reconoce un riesgo que evidentemente no quiere ver crecer y la acción ha sido efectiva. El agente Mora Ortiz fue imputado por los delitos de “homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles” y uso indebido del arma de dotación. El presidente condenó la muerte y la fiscal, Luisa Ortega Díaz, dijo que investigará la relación de la resolución 8610 con los hechos y envió un mensaje de tolerancia: “Un llamado a todo el pueblo venezolano y a los cuerpos policiales a actuar moderadamente, a actuar con control”.
Por: Diego Alarcón Rozo
Fuente: elespectador.com
