El Parlamento comenzará el segundo período de sesiones ordinarias con otro tiro en el ala: los parlamentarios llevan dos quincenas sin cobrar y ahora la medida le llegó a los funcionarios que ejercen cargos de Libre Nombramiento y Remoción
La Asamblea Nacional comenzará su segundo período de sesiones ordinarias este martes 20 de septiembre aunque debió haberlo hecho el pasado 15 de los corrientes tal como lo estable el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Olvidando que el Gobierno nacional realizaría la XVII Cumbre de Países No Alineados en la Isla de Margarita, el presidente de la institución, diputado Henry Ramos Allup, anunció que sesionarían en el estado Nueva Esparta. Dicho anuncio se esfumó en pocas horas dado que el Presidente Nicolás Maduro anunció la prohibición de vuelos hacia ese territorio insular.
El mencionado segundo período ordinario está amenazado de una serie de circunstancias. No conforme con las casi 20 decisiones que el Tribunal Supremo de Justicia ha tomado arbitraria e inconstitucionalmente en contra de la Asamblea Nacional ahora los parlamentarios deben enfrentar el gran reto de trabajar sin cobrar el sueldo que les corresponde por ser diputados de la República.
Como se recordará, después que el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, anunció que le consultaría al máximo tribunal del país si podía o no suspenderle el sueldo a los diputados, diversos funcionarios de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) se presentaron en la institución con el objeto de “pedir” la nómina. Nunca se conoció si esa fue la recomendación del TSJ, pero igual se llevaron la documentación requerida, en consecuencia, desde el pasado 30 de agosto, los diputados no perciben lo que les corresponde por concepto de sueldo. Por cierto, no se conoce si la medida fue extendida hasta los diputados del PSUV. A lo mejor éstos han corrido con mejor suerte aunque muchos de ellos tienen varios meses sin hacer acto de presencia en el Hemiciclo de Sesiones.
Cabe destacar que el sueldo actual de un diputado de la República no alcanza la cantidad de 55 mil bolívares mensuales. Con ese dinero, por ejemplo, aquellos que no tienen su residencia en Caracas, deben cancelar pasajes aéreos, estadías en hoteles capitalinos, comida y transporte, además de hacer su vida normal en los lugares donde viven. Vale recordar que de acuerdo al artículo 197 de la Constitución, los diputados están obligados a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, no obstante, aquellos que son suplentes no tienen sueldo fijo solo cobran “una dieta” cuando el principal se ausenta por enfermedad o porque está cumpliendo una misión fuera del país.
Un hotel muy económico en Caracas cobra la cantidad de 9 o 10 mil bolívares por noche. De manera muy discreta se ha conocido que varios parlamentarios, dada la situación económica del país, ya no pueden hospedarse ni siquiera en aquellos lugares ubicados en Sabana Grande por lo tanto muchos han optado por dormir en Quinta Crespo o la avenida Lecuna, frente a Parque Central. Hasta hace poco había un convenio con el Hotel Alba Caracas, pero de pronto la tarifa subió de 1.500 bolívares por noche a 20 mil por lo tanto cabe preguntarse si los diputados que viven en el interior del país podrán trasladarse a Caracas para cumplir con sus labores. La actividad que se desarrolla en el Parlamento los obliga a permanecer en la ciudad por lo menos tres días y dos noches.
Llama la atención que la Junta Directiva del Parlamento no ha organizado una airada protesta, ni ha ventilado a través de los medios de comunicación, ni ha desarrollado una campaña a través de las redes sociales para que el mundo entero conozca que hace una quincena ellos no perciben el sueldo que les corresponde por ser diputados de la República.
Empleados de confianza sin sueldo
Otro de los inconvenientes que deberá enfrentar el Parlamento durante este segundo período de sesiones ordinarias es que todos aquellos empleados que ejercen cargos, de Libre Nombramiento y Remoción, de acuerdo a la Ley de Estatuto de la Función Pública, (también denominados cargos de confianza, con códigos 99) tampoco percibirán el sueldo que les corresponde porque el Gobierno nacional decidió, desde este 15 de septiembre, castigarlos a ellos también debido a la actividad que desarrollan. En este grupo figuran: el Secretario y Subsecretario, el Consultor Jurídico, Secretarias Ejecutivas, Directores de Línea, Asesores y Asistentes Parlamentarios, entre otros.
La situación económica del país obliga a todos a generar ingresos semanales, quincenales o mensuales. Podrán estos empleados ir a cumplir sus funciones sin tener un medio en el bolsillo?. No cabe duda que la medida afectará el buen funcionamiento de la institución. Tampoco por esta razón la directiva de la Asamblea Nacional ha levantado su voz ante el Ejecutivo Nacional, incluso, ni siquiera le advirtió a sus trabajadores que esto podría ocurrir.
Entrando en materia legislativa
Si la Asamblea Nacional logra superar los inconvenientes presupuestarios antes descritos deberá, entre la agenda de trabajo, abordar temas tales como la aprobación del Presupuesto de la Nación y la nueva extensión del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que una vez más ha anunciado el Ejecutivo Nacional en la persona del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.
De acuerdo al artículo 187, Ordinales 6 y 8 de la Carta Magna, una de las atribuciones de la Asamblea Nacional es aprobar las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. El texto indica que esto debe hacerse en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional.
Vale destacar que ya es costumbre que el Ejecutivo envía al Parlamento los Proyectos de Ley de Presupuesto y el Proyecto de Ley de Endeudamiento antes del 30 de octubre de cada año. Luego de recibir los extensos documentos las autoridades de la Asamblea Nacional deben, entre otras cosas, llevar a cabo una Sesión Especial para que el Ministro de Finanzas y Planificación explique las cifras y los proyectos que ejecutarán en lo adelante. La Comisión de Finanzas, seguidamente, debe desarrollar un trabajo permanente para reunirse con todos los representantes del Ejecutivo Nacional y descifrar cada una de las partidas presupuestarias. Por tratarse de proyectos de ley ambos son sometidos a primera y segunda discusión. Una vez sancionados son remitidos al Palacio de Miraflores. En el marco de esta discusión el Parlamento también pasa a conocer los Proyectos de Presupuesto del Banco Central de Venezuela y de la propia Asamblea Nacional.
Este año existe una particularidad que podría impedir que se lleve a cabo el procedimiento antes descrito: el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, tiene en sus manos el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica No. 2.452, instrumento que podría servir de excusa para no someter a consideración del Poder Legislativo los instrumentos legales antes mencionados. De ser así se generaría una situación inédita en el país puesto que nadie, experto o no en la materia, sabrá a cuánto asciende el Presupuesto de la Nación y cuál será el destino de cada partida. Claro está, esta peligrosa improvisación vendría a sumarse al discrecional e inescrupuloso manejo que el Gobierno hace de los recursos del Estado. Hasta los momentos, a pesar de que el Parlamento ha revisado los Proyectos de Presupuesto y Endeudamiento, la debacle económica ha sido cada vez más compleja debido que los funcionarios públicos de alto nivel manejan con entera particularidad los fondos públicos. La medida vendría a profundizar aún más la crisis.
Como se recordará la Asamblea Nacional ya ha desaprobado en tres oportunidades el mencionado Decreto de Estado de Excepción. Si la solicitud llegara nuevamente al Parlamento los diputados deberán sostener la posición que han fijado hasta los momentos debido a que consideran que con el instrumento se vulnera el contenido de la Constitución, de los derechos humanos y del estado de derecho.
Antes del 15 de diciembre la Asamblea Nacional deberá, además, concretar la conformación del Comité de Postulaciones Electorales, instancia que deberá escoger a los o las dos rectoras del Consejo Nacional Electoral que sustituirán a las rectoras Tania D’Amelio y Socorro Hernández, ambas con el período vencido. La Comisión Preliminar, integrada por 11 diputados de la Unidad, que deberá escoger a los miembros de la Sociedad Civil, no se ha reunido más de dos veces y ni siquiera ha podido escoger al parlamentario que presidirá al grupo. El país espera que a partir de este segundo período puedan cumplir cabalmente con la tarea que se les encomendó.
La opinión pública nacional debe saber que la incorporación de los tres diputados indígenas, Nirma Guaruya, Julio Ygarza y Romer Guzamana, es un tema no solo jurídico y electoral sino numérico y cuantitativo puesto que el voto de estos tres parlamentarios es lo que permitirá completar las dos terceras partes que se requieren para escoger, sin la Bancada del PSUV, a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Es por esta razón que el Tribunal Supremo de Justicia ha insistido en la desincorporación de éstos.
Asimismo queda pendiente llevar a segunda discusión un conjunto de Proyectos de Ley, entre ellos, el Proyecto de Enmienda Constitucional, el cual tiene como finalidad recortar a 4 años el período presidencial. El presidente de la AN, diputado Henry Ramos Allup manejó este tema como una solución a la grave crisis política del país, pero luego no lo volvió a abordar. Parece que la propuesta de Referendo Revocatorio lo desvió del propósito inicial.
Hasta los momentos la Asamblea Nacional tampoco ha podido ejercer, vía interpelaciones o reuniones de trabajo, las funciones de control que establece el texto constitucional. Ningún funcionario del Ejecutivo Nacional ha atendido las invitaciones que les hace llegar el Poder Legislativo, ni siquiera el Alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez, mostró disposición de reunirse con los miembros de la Comisión Mixta que se designó para investigar los casos de profanación de tumbas que se vienen presentando en el Cementerio General del Sur, aquí en la ciudad capital. Los funcionarios no acuden a los llamados que les hace el Parlamento, pero los diputados tampoco salen de su confort y buscan ser atendidos. El único diputado que ha tenido la oportunidad de reunirse con un miembro del Gabinete fue el diputado Richard Blanco, quien sostuvo un encuentro con la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. De ese acercamiento aún no se tienen resultados a pesar de que las noticias provenientes de las cárceles del país es cada vez más dantescas.
Muy lamentable ha sido que dos funcionarios del Parlamento, el Comisario Ángel Coromoto Rodríguez y el joven Alejandro Puglia, se encuentren arbitrariamente detenidos por el solo hecho de ser servidores de la institución. Veremos que más sucede en estos tres meses que restan de gestión.
Fuente: Exclusivo Confirmado.com
Aura Marina González
