El número de muertos en un derrumbe ocurrido este martes en una mina de coltán en el este de la República Democrática del Congo (RDC), en una zona bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), subió a más de 200, incluyendo a unos 70 niños, confirmó el Gobierno del país.
«Tras una lluvias torrenciales excepcionales, este enorme deslizamiento de tierra sepultó varias excavaciones situadas en esta zona, actualmente ocupada por la rebelión AFC/M23 (Alianza Río Congo, que incluye al citado grupo rebelde), lo que complica enormemente cualquier intervención para rescatar a los mineros atrapados por el lodo», afirmó en un comunicado a última hora del miércoles el Ministerio congoleño de Minas.
Según el Ministerio, hubo también «numerosos heridos» que fueron evacuados a los centros sanitarios de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, del que forma parte el territorio de Masisi, donde se encuentra la zona minera de Rubaya afectada por el derrumbe.
Entre las víctimas no hay solo mineros
Este miércoles, Joseph Kamonyo, coordinador de la ONG local Aimons-nous Vivants, había estimado en cerca de cien los muertos en declaraciones a EFE, al detallar que los hechos se produjeron entre las 14.00 y las 15.00 hora local (12.00 y 13.00 GMT).
«Entre las víctimas, no solo hay mineros. Cuando una parte del yacimiento se derrumbó, incluso las vendedoras de bebidas y los propietarios de los restaurantes improvisados que se encontraban en las inmediaciones de la mina quedaron sepultados», lamentó Kamonyo.
En su comunicado, el Ministerio aseveró que «el Gobierno de la República denuncia con la mayor firmeza las precarias condiciones de explotación impuestas a las poblaciones civiles en estas zonas fuera del control del Estado».
Más de 400 muertos en enero
La misma explotación minera fue escenario el pasado 28 de enero de otro deslizamiento de tierra provocado por la lluvia que causó la muerte de alrededor de 460 personas, según confirmó entonces a EFE el presidente de la sociedad civil de Masisi, Telesphore Nitendike, si bien el Gobierno apenas mencionó 200 muertos.
Ya entonces, el Ejecutivo congoleño denunció en un comunicado un «sistema organizado de saqueo y explotación ilegal» de recursos naturales por parte del M23, al subrayar que las autoridades nacionales habían impuesto «la prohibición de toda actividad de explotación» en la zona por motivos de seguridad antes de que los rebeldes tomaran control de este territorio.
«Este estatus prohíbe formalmente toda extracción y comercialización, señalando a la comunidad internacional que los minerales provenientes de esta zona están marcados por violaciones de derechos humanos, trabajo forzado y presencia de grupos armados», recordó este miércoles el Ministerio de Minas.
El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma y, semanas después, de Bukavu, capital de la provincia de Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.
Esa zona es rica en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.
Los accidentes mineros son frecuentes en el país, donde muchas minas se explotan de manera artesanal y sin seguir las regulaciones y medidas de seguridad necesarias, además de que, en muchos casos, están operadas por grupos armados. EFE
