Venezuela está a punto de perder el control de su filial de refinería estadounidense Citgo, después que un juez federal comenzó a elaborar un proceso de venta de acciones de su empresa controladora para pagar las deudas internacionales de Venezuela, informó el portal especializado Argus Media.
El tribunal seguirá adelante con el proceso de venta de las acciones de la compañía controladora de Citgo para pagar los 1.400 millones de dólares que se deben a la desaparecida empresa minera canadiense Crystallex.
Las sanciones estadounidenses bloquean actualmente cualquier ejecución de la venta, pero es razonable avanzar hasta donde las sanciones lo permitan, en lugar de obligar a los propietarios de Crystallex a esperar indefinidamente, determinó el juez Leonard Stark.
«Todas las partes están de acuerdo en que, en virtud de la ley y la política actual, una venta de acciones de PdVH no puede completarse sin una licencia específica [del Tesoro de EE.UU.]», escribió Stark. «Pero todos los pasos preparatorios que pueden ser tomados sin tal licencia pueden y deben ser tomados».
El representante especial de EE.UU. en Irán y Venezuela, Elliott Abrams, advirtió a los jueces federales que la pérdida de Citgo, o incluso los pasos hacia tal fin, podrían dañar irreparablemente los intereses de Washington, que apoya a la oposición liderada por Juan Guaido.
Los abogados estadounidenses en la corte ofrecieron una defensa mucho más fría, declinando tomar una posición sobre las disputas de contratos legales y, en su lugar, confiar en las sanciones del poder ejecutivo que bloquean cualquier transacción relacionada con los activos venezolanos.
Stark no tomó tales preocupaciones a la ligera, dijo. Pero el gobierno de Estados Unidos podría manejar más apropiadamente tales consideraciones a través de sanciones y el Departamento del Tesoro de los EE.UU., dijo.
«El gobierno no ha dicho que el tribunal está ‘bloqueado para seguir adelante’ y, en opinión del juzgado, ha llegado el momento de que el proceso de venta proceda», escribió Stark.
Stark nombrará un agente especial para supervisar la venta, incluyendo las condiciones mínimas de publicidad, y se requerirán depósitos «sustanciales» de buena fe de los oferentes, y solo se liquidarán tantas acciones como sean necesarias para satisfacer los juicios.
Venezuela, ConocoPhillips, los EE.UU. y otras partes podrían decidir añadir a la venta otros titulares de sentencias contra el país. Stark también rechazó una propuesta de que solo Pdvsa pudiera administrar la venta, ya que cualquier información pertinente a la venta debería ser obtenido y utilizado independientemente de la administración de Pdvsa.
Venezuela tuvo todas las oportunidades de pagar a los acreedores, y todavía podría, escribió Stark.
«Pero, habiendo hecho que Crystallex emprendiera una década de esfuerzos extensos y costosos para cobrar su deuda legal. El tribunal no va a permitir que un deudor de una acreencia vencida por largo tiempo lleve a cabo su propio proceso de liquidación, a pesar de la objeción de su repetidamente victorioso acreedor de la sentencia», escribió Stark.
No se pudo contactar inmediatamente con los abogados de las partes y la junta directiva para que hicieran comentarios.
– La OFAC mantiene la protección –
Para el ejecutivo avalado por la Asamblea Nacional electa en 2015 ha sido una prioridad la recuperación, control y defensa de los activos de la Nación saqueados y puestos en riesgo por las acciones irresponsables de expropiación y endeudamiento de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, indicó un comunicado.
En este sentido, «el Gobierno Legítimo ha tenido que hacer frente a complejos y avanzados litigios internacionales que la dictadura nunca atendió y que hoy ponen en riesgo inminente a los activos de la Nación en el extranjero. Tal es el caso del proceso que se lleva a cabo en la Corte de Delaware, en el que la minera canadiense Crystallex habría demandado a la República por la pérdida que enfrentó en 2008, luego de que Hugo Chávez expropiara la mina de oro La Cristinas, que se le había concedido para su explotación desde el año 2002».
Este jueves 14 de enero, se conoció la decisión del Juez Leonard P. Stark, titular de la Corte de Distrito del estado de Delaware, en relación con la demanda de Crystallex contra la República de Venezuela que afecta en dos dimensiones opuestas: mientras dicho fallo favorece la petición de Crystallex, ordenando el avance de un proceso de venta de las acciones de PDV Holding, Inc., cuya única propiedad en Estados Unidos es Citgo; reafirma que dicha venta no podrá realizarse mientras exista la protección conseguida por el equipo del líder de la oposición, Juan Guaidó, a través del Departamento del Tesoro de EE. UU.
«Sobre esto es importante recordar que el Gobierno de Estados Unidos ha sido un aliado clave en la protección de los activos de los venezolanos y que, gracias a las gestiones del Gobierno Legítimo, el Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos (OFAC por sus siglas en inglés), mantiene una protección que prohíbe que ningún acreedor, incluyendo Crystallex, pueda embargar activos de PDVSA, lo que ratifica la protección de PDV Holding, Inc. y por ende de Citgo».
Añade el comunicado remitido por el Centro de Comunicación Nacional que «si bien esa medida, lograda gracias a las gestiones del Gobierno Legítimo, protege hoy a Citgo, es fundamental tener presente que la filial petrolera y otros activos de la nación siguen en riesgo por culpa de las acciones irresponsables de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quienes –junto a sus cómplices– comprometieron los activos de la nación de manera inescrupulosa, sin importarles el bienestar de los venezolanos y el futuro del país».
Guaidó ratifica su compromiso con la defensa de Citgo y con cada uno de los activos de la nación, «por lo que –respetando la independencia de poderes en EE. UU. y los mecanismos de justicia– ratificamos al pueblo de Venezuela que vamos a continuar explorando estrategias, y acciones legales y diplomáticas para seguir protegiendo a Citgo y todos los activos de la República, fundamentales para la reconstrucción una vez se conquiste el cese de la usurpación en Venezuela. Y esto lo seguiremos haciendo aún a pesar de la intensa persecución a la que son sometidos todos los miembros del Gobierno Legítimo, la Asamblea Nacional, y en este caso particular, la Procuraduría Especial y el equipo de abogados que defiende el interés nacional», concluye el comunicado.
Fuente: Banca y Negocios
Por: Maria Laura Espinoza
Twitter: @i_am_LauEz14
