La cantidad de niños con medidas de protección que son trasladados –por un tiempo incierto– a casas hogares ha aumentado, afirman expertos. Sin embargo, está disminuyendo el número de instituciones dedicadas a atender a estos niños, que en muchos casos son candidatos a ser adoptados; en otros a ser colocados en familias sustitutas o a ser reinsertados a sus familias biológicas.
En 2016 la asociación civil Proadopción y el Centro de Investigación Social realizaron una investigación sobre las entidades de atención de cuidados residenciales y ejecutoras de medidas de protección a niñas, niños y adolescentes en la Gran Caracas, con base en una lista que les entregó la Defensoría del Pueblo.
La base de datos incluía 62 entidades. Los encuestadores visitaron 56 y consultaron a las 6 restantes por teléfono. Corroboraron que 11 instituciones cerraron y 30 migraron a otro ramo o cambiaron de objeto. El resultado: solo 21 casas hogares permanecen activas en el área metropolitana.
El Estado no recabó información precisa sobre el porqué estos centros dejaron de funcionar como lugares de abrigo para niños que están a la espera de que se les restituya el derecho de vivir en familia, pero José Gregorio Fernández, director de Proadopción, considera que el principal motivo son las dificultades económicas para desarrollar sus programas y brindar una atención adecuada.
Carlos Biern, presidente de la asociación civil, agrega que las organizaciones que se mantienen abiertas “dedican el grueso de su tiempo a sobrevivir para conseguir la comida y las medicinas para los niños”.
El Informe de Gestión 2015 de la Defensoría del Pueblo, que desde 2007 forma parte del Sistema Rector Nacional de Protección Integral de Niñas, Niñas y Adolescentes, confirma que entre las principales demandas que las ONG presentaron en las mesas técnicas ese año estuvo garantizar a las entidades de atención el acceso a alimentos regulados.
Runrunes
Por Confirmado: Francys Garcìa
