La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Oficina de Libertad Condicional, órgano adscrito al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, exigieron al tribunal sentenciar a cadena perpetua a los dos sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas acusados de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras.
En sendos informes el gobierno de los EEUU argumenta que los acusados cometieron el delito de conspiración para traficar narcóticos, para lo cual cometieron una serie de faltas a la ley que en su totalidad se convierten en una base para que sean condenado a permanecer en la cárcel de por vida.
La defensa considera que una sentencia de cadena perpetua “es desproporcionadamente grande para castigar la conducta ofensiva real de los demandados que el gobierno logró probar durante el juicio que concluyó con un veredicto de culpabilidad el 18 de noviembre de 2016”.
Los acusados recibirán sentencia el 12 y 13 de septiembre de 2017, según lo estipulado por el calendario procesal de la corte federal de Manhattan.
La fiscalía de Distrito encabezada por Joon H. Kim presentó un informe previo a la sentencia donde enumera una serie de elementos que destacan la conducta delictiva de los sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Además del delito específico de conspirar para traficar y distribuir una cantidad superior a los 450 kilos de cocaína hacia los EEUU, los fiscales federales argumentaron que los dos acusados actuaron como cabecillas de una organización criminal, usaron la violencia, obstaculizaron la justicia, cometieron perjurio, estuvieron involucrados en la muerte de un sujeto y pretendieron sobornar a la autoridad para cometer el delito, lo cual incrementa los años que los acusados deberían pasar en prisión.
En los Estados Unidos, antes que un convicto sea sentenciado, la parte acusadora -en este caso la fiscalía de distrito- realiza un Informe Previo a la Sentencia (conocido como PSR por sus siglas en inglés) donde se presenta una descripción de la conducta del delito y la Oficina de Libertad Condicional presenta otro informe con las conclusiones del proceso. En el caso de los primos Flores los dos entes concluyen que por la gravedad de los delitos imputados, los acusados deben recibir prisión de por vida.
Los abogados defensores de Campo Flores y Flores de Freitas sostuvieron en un memorando entregado a la corte, que la descripción de la “Conducta del Delito” debería tener poco peso para la decisión del juez de la causa Paul Crotty “ya que no representa un análisis objetivo del expediente del juicio”.
Los abogados de la defensa critican que la sección sobre la conducta del delito es casi idéntica para cada acusado y que la misma va mucho más allá de describir la conspiración de importación de cocaína imputada en la acusación, sino que incluye especulaciones infundadas y falsa acusaciones de asesinato, soborno y otras actividades totalmente ajenas a las pruebas presentadas en el juicio.
Advierten que el hecho de que el gobierno confíe tan fuertemente en estas afirmaciones falsas e irrelevantes sólo refuerza los repetidos argumentos de los demandados de que “la conspiración acusada es exagerada y en gran medida una creación de informantes corruptos”.
Igualmente critican lo expuesto por la fiscalía en la sección de Conducta Ofensa excesiva, donde aparecen un número extraordinario de mejoras punitivas de las Directrices que pretende exigir (y que la Oficina de Libertad Condicional aplicó de forma mecánica) una condena excesivamente severa para los demandados.
Aseguran los defensores de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro que “el Gobierno orquestó una elaborada operación de picadura, pero sólo incluyó participantes no violentos. No se incautaron drogas ni armas de fuego, no se cometieron actos de violencia en relación con el caso, y los acusados resultaron ser aficionados inexpertos y no grandes narcotraficantes”.
Mientras el gobierno argumenta que éste es un caso de cocaína de dimensión internacional, la prueba demuestra que “son solamente discusiones torpes de una trama de drogas que nunca podría haber sido ejecutada realmente”, asegura la defensa.
Los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas afirman que “si algo quedó claro en el juicio fue que los informantes del gobierno eran traficantes de drogas con mucha más experiencia de la que alegaban tenían los acusados y, que los informantes fueron quienes llevaron a cabo este caso de narcotráfico a lo largo de la investigación e -incluso- durante el juicio, por lo cual recibieron pagos de la DEA y sendos acuerdos de cooperación con los fiscales”
La defensa argumenta que en vez de aceptar la realidad del caso, la prueba y los demandados, el Gobierno parece decidido a buscar la sentencia más alta posible, en contraposición a una sentencia razonable dentro de las circunstancias que amerita un proceso como éste.
Acotan que ante la falta de los fundamentos fácticos que supone una acusación internacional de narcotráfico real y violenta, el gobierno parece tratar de disimular su caso “con alegaciones irrelevantes y extrañas que no tienen nada que ver con una conspiración de importación de drogas de este caso”.
Al plantear afirmaciones sensacionalistas sobre la violencia desconectada, la corrupción política y la conducta extranjera no cotizada, el gobierno parece pintar a los demandados “con una luz falsa y exagerada para justificar una larga condena”.
Esto no está bien -dicen los abogados- esto no es justicia. Este caso resultó ser un “aguijón” en gran parte fallido que implicaba, en el mejor de los casos, torpes amateurs, pero que el Gobierno está tratando de convertir la sentencia en un homicidio de titularidad / extorsión / soborno / delito de tráfico de armas que está desconectado de la conspiración que fue el objeto del juicio. Ninguna persona razonable que se sentó durante el juicio podría salir con esa impresión del caso de los demandados.
La defensa señala que el caso va hacia la sentencia con un informe (PSR) en el cual inexplicablemente la Oficina de Libertad Condicional – recomienda prisión perpetua para ambos acusados, lo cual es desproporcionadamente grande a lo que la prueba demostró que era la conducta ofensiva real de los acusados.
Afirman los abogados que el caso de los primos Flores es el de “aguijón seco” donde el Gobierno no tomó ningún narcótico real, la cantidad del presunto cargamento en cuestión fue enteramente inventada (e inflada) por los informantes del Gobierno y donde la fiscalía no ha ofrecido ninguna prueba de que los demandados hayan distribuido jamás un solo gramo de narcóticos a nadie, en cualquier lugar y mucho menos a los Estados Unidos.
Señalan que no hay evidencia de que los demandados hayan poseído armas o que hayan participado en actos de violencia, y mucho menos que hayan habido asesinatos relacionados con el delito de convicción.
De hecho -afirman- la justicia exige que los acusados sean sentenciados no por el caso que el Gobierno deseara, sino por el delito por el cual fueron condenados -una “picadura” seca y no violenta inventada por informantes corruptos de la DEA.
Los abogados de los primos Flores también aseguran que las conclusiones de la Oficina de Libertad Condicional (basadas en las alegaciones de hecho del Gobierno) contienen numerosas controversias, entre las cuales destacan que el gobierno ha ofrecido pruebas insuficientes -o, en realidad, ninguna prueba- para apoyar la propuesta hecha para la sentencia.
La defensa asegura que en los informes PSR exageran con la cantidad de presunta cocaína implicada en la conspiración acusada de conformidad con la tabla de cantidades de la sección 2D1.1 establecida en la ley, que señala que a mayor cantidad de droga involucrada en la conspiración es más grave la falta y por ende más severa la condena.
-Los PSR reiteran la afirmación hecha por el Gobierno de que los demandados deben ser responsables por la distribución de más de 450 kilogramos de cocaína para calcular sus respectivos niveles de delito bajo la Sección 2D1.1.
Los abogados dice que el gobierno alegó que la conspiración involucró 800 kilogramos de cocaína. “Con esa cantidad de cocaína, no es de sorprender que se produzca un nivel de infracción en la tabla de sentencias federales que equivale al renglón 38, lo significa que los acusados podrían recibir sentencia de por vida”.
Los abogados de los sobrinos de Nicolás Maduro dice que los cálculos del Gobierno y de la Oficina de Libertad Condicional ignoran los mandatos claros de las propias directrices establecidas por las leyes para este fin, así como el hecho de que la cantidad de droga (800 kilos) es una ficción producida por informantes corruptos del gobierno que nunca podrían haber sido obtenidos por los acusados.
–Como bien sabe el Tribunal, nunca hubo entrega de cocaína en este caso. A lo sumo, la evidencia muestra la habilidad de los demandados para obtener un solo kilogramo. La constatación de que los acusados son responsables de la conspiración para importar, fabricar y distribuir más de 450 kilogramos de cocaína es simplemente errónea.
Asimismo califican de fallida la capacidad del Gobierno para demostrar que los demandados llegaron verbalmente a un acuerdo para exportar una cantidad de varios kilogramos de cocaína desde Venezuela a los EEUU. “El Gobierno y la Oficina de Probación ignoran las directrices que establecen que si el demandado no tenía la intención de proporcionar o comprar, o no era razonablemente capaz de proporcionar o comprar la cantidad acordada de la sustancia controlada, el tribunal excluirá de la determinación del nivel de la ofensa, la cantidad de sustancia controlada que el acusado establece que no tenía intención de proporcionar o comprar o no era razonablemente capaz de proporcionar o comprar.
En este caso es evidente que los demandados eran incapaces de proporcionar la cantidad de cocaína reclamada por el Gobierno y la Oficina de Libertad Condicional y que no tenían intención alguna de entregarla.
Los propios testigos del Gobierno describieron a los acusados como “novicios” que eran inexpertos y poco sofisticados en el comercio de estupefacientes, advierte la defensa.
Esta evaluación fue corroborada por el hecho de que ninguno de los acusados tenía antecedentes penales previos. De manera similar, antes de la operación de picadura en este caso, la unidad internacional de narcóticos de la DEA nunca había oído hablar de los demandados, acotan los abogados en el memorando.
La defensa cita al principal investigador de la DEA en el caso, Sandalio González, quien testificó en el juicio y “concluyó que los demandados eran aficionados”.
Los informantes del Gobierno, que eran traficantes de narcotraficantes de larga data, también consideraban que los acusados eran novatos completos que no sabían lo que estaban haciendo.
Discutiendo entre sí sobre los demandados, el Agente Especial González y CS-1 se refirieron a ellos como “idiotas”, acota la defensa.
-La mejor prueba de que los demandados eran novatos con una total falta de experiencia era que en realidad cayeron en la propuesta de CS-1, según la cual ambos tenían que viajar a Haití para obtener millones de dólares en efectivo sin tener que entregar ninguna droga a cambio, “un escenario tan absurdo que ningún narcotraficante experimentado lo habría creído y tan inverosímil que González y CS-1 tuvieron una apuesta entre sí sobre sí lo harían o no”.
Señalan que la carga de más de 450 kilogramos de cocaína es una enorme cantidad de narcóticos que sólo los traficantes experimentados y sofisticados podrían obtener. “Nada en el expediente sugiere que los demandados fueron capaces de entregar una carga tan grande a los informantes. Además, fueron los informantes -totalmente desacreditados- quienes dictaron, manipularon y finalmente fijaron la cantidades de cocaína que el acuerdo supuestamente implicaba.
La defensa insiste en en usar como argumento la teoría presentada a lo largo de todo el proceso y que fue rechazada por la corte y por el jurado, según la cual los informantes de la DEA, José Santos Peña y su hijo tendieron una trampa a los acusados y los incentivaron a cometer el delito para crear la ilusión de un esquema masivo de narcóticos para su propio beneficio.
“Fueron esos incentivos los que hicieron que los informantes infundieran la cantidad de narcóticos involucrados en la conspiración, cantidades imposibles que no guardan relación alguna con la realidad de la situación”, argumentan.
“Los informantes manejaron los contornos de la propuesta, lo que muestra lo poco realista que era”, señalan los abogados
Asimismo afirman que los acusados claramente no deben ser responsable de la cantidad escandalosa de cocaína que supuestamente iban a enviar a los Estados, tal como lo afirman los informes de la Oficina de Libertad Condicional y el gobierno.
Venezuela al día
Por Confirmado Massiel Bravo
