Una comisión encabezada por los decanos de ciencias jurídicas y políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Los Andes (ULA) y Universidad del Zulia (LUZ), en compañía de gremios universitarios y el movimiento estudiantil, acudieron este lunes 2 de febrero a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el objeto de demandar al Estado venezolano por omisión constitucional ante ajuste salarial desde 2023.
Dicha comisión, estuvo encabezada por el profesor Juan Carlos Apitz, Decano de la Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y el profesor Pablo Aure, Secretario de la Universidad de Carabobo (UC) y Ex Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Apitz, al salir de la sede del máximo tribunal del país, explicó que cualquier organización sindical del país puede adherirse a dicha solicitud debido a que los derechos establecidos en la Carta Magna aplican a todos por igual.
No obstante, el profesor Pablo Aure, en su condición de Secretario de la Universidad de Carabobo y Ex Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, dijo que la petición que llevaron al máximo tribunal es muy clara: «Que los salarios del sector público, no solo el de los profesores universitarios, sino de todos los trabajadores del sector público, se equipare inmediatamente al valor de la Canasta Básica».
«Que se revisen de inmediato las nóminas de todos los trabajadores del sector público», indicó Aure.
Cabe recordar que el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente: «Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa (…). El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento».
El salario mínimo, y por ende la pensión de vejez en Venezuela, es de 130 bolívares mensuales, equivalente a menos de 50 centavos de dólares. Este valor no recibe ajustes desde el año 2022.
Los cálculos realizados hasta junio del año 2025 indican que hasta esa fecha la Canasta Básica tenía un costo de aproximadamente 500 dólares mensuales.
#AlMomento | Comisión encabezada por los Decanos de ciencias jurídicas y políticas de la UCV, ULA y LUZ en compañía de gremios universitarios dan sus apreciaciones luego de salir del @TSJ_Venezuela
El Dr @pabloaure secretario de la @UCarabobo dio detalles del encuentro pic.twitter.com/48pV0nhG8K
— Viva la UCV (@VivaLaUCV) February 2, 2026