El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigirá la nulidad del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) ha denunciado la «intención de persuadir a periodistas y medios para que no investiguen ni denuncien». Consideran que con la creación de este centro el gobierno «busca impedir la libre circulación de la información crítica».
Revise el comunicado completo del SNTP:
A usted presidente Nicolás Maduro, que ha declarado una ofensiva contra la corrupción, le recordamos que la falta de transparencia, la negativa a rendir cuentas, el ocultamiento de información, la prohibición del escrutinio de los asuntos públicos actúan justamente a favor de tan oprobioso mal que, coincidimos, frena el desarrollo de nuestro país
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denuncia la arremetida del gobierno del presidente Nicolás Maduro en contra de los medios de comunicación independientes y de sus periodistas, así como su intento por instaurar una censura previa para impedir que la información crítica circule con absoluta libertad.
En apenas horas, los venezolanos hemos sabido del surgimiento de un nuevo orden burocrático que pauta la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), cuando la verdad es que, a través de la opacidad y la desinformación, lo que busca proteger son los intereses de una gestión que ha fracasado en lo económico, en lo social y en materia de seguridad. Este nuevo organismo, que viene a sustituir el Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna), busca limitar, aún más, el ya difícil acceso a la información pública.
El decreto de creación del Cesppa, aparecido en Gaceta del pasado 7 de este mes, otorga facultades discrecionales a los funcionarios públicos, quienes podrán declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada, cualquier información, hecho o circunstancia que consideren estratégicos para preservar la seguridad nacional y «prever y neutralizar potenciales amenazas de enemigos internos o externos». Todo ello, constituye una grosera transgresión a los derechos consagrados en los artículos 57, 58, 143, 325 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El acceso a la información pública es un derecho humano que ni aún durante los estados de excepción, puede ser derogado por ley alguna, tal como lo pauta la Constitución, misma que le impone la obligación a los funcionarios públicos de ofrecer datos sobre los asuntos que son de su responsabilidad y que prohíbe, de manera explícita, la censura previa.
Tal como se procedió frente al Cesna en julio de 2010, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, junto a otras organizaciones gremiales y de derechos Humanos, anuncia que acudirá a la vía legal para que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anule el decreto 458 del Ejecutivo por sus claros vicios de ilegalidad y atropello a la libertad de expresión.
Intimidación
En las mismas horas, la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció el inicio de una investigación en contra del diario 2001 por la publicación de un trabajo que denuncia fallas en el suministro de gasolina. Como lo alertó esta organización desde el mismo momento en que se empezó a legislar de manera peligrosa para la libertad de expresión, la Fiscal pretende echar mano de los supuestos de “caos y zozobra” que se generan a partir de una información sobre la escasez, en este caso, de combustible.
Es un exabrupto la pretendida investigación que persigue un efecto persuasivo y de cohibición en los periodistas del diario 2001 y de todos los medios independientes del país, pero peor es la vulgar violación del derecho a la defensa evidenciado cuando la Fiscal adelanta opinión y sentencia que es falsa la información publicada por el periódico, aún y cuando resulta de un recorrido y varias entrevistas en las estaciones de servicio caraqueñas.
La investigación en contra del rotativo resulta de una petición del propio presidente Maduro, quien confesó haberle solicitado a la Fiscal el inicio de la investigación. Este hecho, reconocido durante un ejercicio de abuso de poder y explotando los recursos públicos, describe la lamentable ausencia de autonomía en las instituciones del Estado venezolano.
Desde ya, la Junta Directiva del SNTP advierte que cualquier averiguación, además de ser ilegítima, está marcada por un conflicto de intereses que inhabilita a la Fiscalía para indagar sobre un asunto del que ya se pronunció. El dictamen, adelantamos, será apelado en las instancias debidas, nacionales e internacionales.
A usted presidente Nicolás Maduro, que ha declarado una ofensiva contra la corrupción, le recordamos que la falta de transparencia, la negativa a rendir cuentas, el ocultamiento de información, la prohibición del escrutinio de los asuntos públicos actúan justamente a favor de tan oprobioso mal que, coincidimos, frena el desarrollo de nuestro país.
Fuente: Comunicado
