En el primer semestre de 2015, Espacio Público registró un total de 147 violacionesa la libertad de expresión, lo que representa una disminución de 61% respeto al mismo periodo del año anterior. Esta disminución refleja la correlación entre altos niveles de conflictividad social y el aumento del número de violaciones a la libertad de expresiónregistrada en años anteriores.En este sentido, el año 2014 estuvo caracterizado por numerosas movilizaciones de calle y un incremento en la represión a los manifestantes, en su mayoría durante protestas pacíficas. Esto degeneró en un incremento de las violaciones a la libertad de expresión – un total de 373 entre enero y junio de 2014 – ocurridas principalmente durante la cobertura de las manifestaciones por parte de periodistas e infociudadanos.
La intimidación se ubica como la violación más frecuente, con un total de 37 ocurrencias lo que representa un 25% del total, seguida por el hostigamiento verbal que alcanzó un 22,45%, y en tercer lugar la censura con un 19%.
Al igual que el primer trimestre del 2015, la intimidación se ubicó en el primer lugar de incidencia, seguido de la censura y el hostigamiento verbal. La intimidación junto al hostigamiento verbal se desarrolló principalmente en el contexto de las colas para la obtención de productos básicos a las afueras de los establecimientos. Se impidió la toma de fotografías o grabaciones, e incluso se presentaron agresiones por parte de cuerpos de seguridad, trabajadores de los comercios, y en menor medida, usuarios en cola. Para el segundo trimestre del año, el hostigamiento verbal y la intimidación están vinculados a la retención arbitraria de periodistas y sus equipos de trabajo por cuerpos de seguridad o grupos particulares, en especial cuando intentan cubrir temas incómodos para la gestión gubernamental e incluso durante procesos electorales. También se manifiesta en la prohibición de acceso a edificios o espacios públicos por parte de funcionarios bajo motivos personales o de enemistad política, en declaraciones destinadas a desacreditar el trabajo periodístico independiente, el señalamiento de la prensa como adversario político por parte de funcionarios cuando no se sigue la línea pro-gubernamental. Estas acciones violan el derecho a la libertad de expresión consagrado en los artículos 57 y 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de perfilar un patrón de desprestigio, rechazo e incluso criminalización de los medios de comunicación y periodistas cuando se critica a la gestión de gobierno o a sus funcionarios.
La censura[1]se ubicó como el tercer tipo de violación más frecuente, 28 ocasiones que representan el 19% de las violaciones. En doce (12) casos fueron responsables los dueños o directiva de medios de comunicación, seguidos por los cuerpos de seguridad, en 7 oportunidades, Conatel y Cencoex fueron responsables de 3 censuras, el gobernador del estado Vargas, Jorge Luís García Carneiro, fue responsable de 2 actos de censura, mientras que particulares, simpatizantes del Gobierno Nacional, hackers y el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial de Violencia contra la Mujer, del estado Táchira, ejecutaron una censura respectivamente.
El tratamiento de temas incómodos para la gestión gubernamental es el denominador común en los casos de censura por parte de la directiva de medios de comunicación. La compra-venta de medios críticos se ha manifestado en un cambio de línea editorial hacia una postura favorable a la línea gubernamental, lo que deviene en una serie de tensiones internas que se traducen en censura,y reduce el espectro de opinión a un entorno cada vez menos plural. El despido y la salida de artículos, por diferencias respecto a la línea editorial o la emisión de opiniones políticas a través de cuentas personales de los periodistas describen la mayoría de este tipo de casos. La suspensión arbitraria de transmisiones por parte de Conatel (el caso de Infinita 90.9 FM) y el rechazo de temáticas asociadas a grupos sexodiversos también ha constituido actos de censura, específicamente por parte del diario El Universal[2].
La mayor incidencia de casos se registró en el Distrito Capital con 46, seguido por los estados Anzoátegui y Zulia, con seis casos cada uno, Carabobo y Táchira con cuatro (4) respectivamente. A nivel nacional, es decir, a través de medios con alcance en todo el territorio nacional, ocurrieron 20 violaciones, e Internet se utilizó en 5 oportunidades para realizar amenazas por redes sociales o atentados contra cuentas personales.
Víctimas
Periodistas, medios de comunicación, reporteros (as) gráficos y trabajadores de la prensa (camarógrafos, conductores, asistentes) suman el 92% del total de víctimas. En menor medida, funcionarios han sido privados de sus cuentas personales, o demandados por emitir opiniones. Infociudadanos han resultado detenidos por tomar fotografías o les han sido confiscados sus equipos de comunicaciones de forma arbitraria, situación que les impide ejercer su derecho a la información y al trabajo. Las declaraciones sobre temas sensibles para la gestión gubernamental como la escasez de medicinas, la crisis eléctrica y la emisión de denuncias en general han sido motivos para persecución, detenciones y aperturas de investigaciones hacia representantes gremiales y programas informativos.
Descalificaciones y detenciones fueron algunos de los métodos usados para silenciar a quienes informaron sobre temas sensibles a la administración estatal que movieron la opinión pública en Venezuela durante el primer semestre de 2015. El hostigamiento se centró en expertos de temas asociados a la inseguridad, la salud y la economía.
El presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, doctor Carlos Rosales Briceño, fue detenido y liberado posteriormente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), tras emitir declaraciones sobre la escasez de medicinas en el país[3].
El presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Lara, Luis Vásquez Corro, fue recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en el estado Lara, desde este 19 de abril luego de haber declarado al diario El Impulso sobre la situación actual de la represa El Guri. Los efectivos dijeron que la razón de la detención era que un grupo de personas denunció ante el Sebin sentirse afectado por las declaraciones que diera el ingeniero al diario El Impulso.[4] Vásquez Corro fue liberado la mañana del 20 de abril. Deberá presentarse ante el tribunal cada vez que el ente legal así lo requiera. Al ingeniero se le imputó el delito establecido en el artículo 296 del Código Penal, que contempla la figura de difusión de informaciones falsas, y por el cual se pueden pagar de dos a cinco años de cárcel[5].
El mayor porcentaje de víctimas son hombres, que representan el 56% (55 ciudadanos), y las mujeres alcanzan un 43% (42 personas). Durante los diferentes registros de este primer semestre hemos observado que las féminas se ubican como víctimas en un alto porcentaje de incidencia, la más elevada desde 2005 cuando fue de 47% y entre 2006 y 2014, esta osciló de 23% a 38%.
Victimarios
Los funcionarios públicos desplazaron a los cuerpos de seguridad como principales victimarios, los cuales se habían mantenido en el primer lugar durante los meses enero-mayo de 2015. Los funcionarios han arremetido contra la prensa en 30 oportunidades. En concordancia con lo que se ha registrado en estos primeros meses del año, para el total semestral enero-junio 2015, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se ubica como el principal victimario entre los servidores públicos. El 40%, es decir, doce (12) de treinta (30) arremetidas contra la libertad de expresión fueron ejecutadas por Cabello, entre descalificaciones públicas y demandas judiciales[6] contra medios de comunicación y periodistas.
Los cuerpos de seguridad se ubican en el segundo lugar, responsables del 21% de las violaciones a la libertad de expresión. La tendencia de agresiones, impedimentos de cobertura, y retención de equipos de trabajo mantienen una tendencia importante en 2015 al considerar que los cuerpos de seguridad fueron los mayores victimarios durante el 2014, responsables de 100 violaciones, escenario que atenta directamente contra el derecho al trabajo periodístico y el acceso a la información de las personas.
Nota de Prensa
