Informe de Volker Türk:
Desde mi última actualización a este Consejo, la situación en Venezuela ha estado marcada por la intervención militar estadounidense del 3 de enero y sus consecuencias.
En respuesta a dicha intervención, las autoridades venezolanas declararon el estado de emergencia. Según informes, las fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados utilizaron esta circunstancia como pretexto para tomar medidas intrusivas, lo que contribuyó a generar un clima de temor entre la población. Insto a las autoridades a que reevalúen el decreto para garantizar su necesidad y proporcionalidad.
Al mismo tiempo, las autoridades venezolanas han tomado medidas para corregir algunos de los errores del pasado.
El 19 de febrero se aprobó una nueva Ley de Amnistía. Lamento que se haya redactado sin la debida consulta a toda la sociedad.
Según las autoridades, unas 7700 personas han sido liberadas incondicionalmente al amparo de la ley. Mi oficina ha solicitado la lista oficial de los liberados, así como acceso sin restricciones a varios centros de detención, hasta ahora sin éxito. Insto a una mayor transparencia en lo que respecta a la liberación de los detenidos.
Hemos confirmado que, desde mi última actualización, unas 950 personas que se encontraban detenidas arbitrariamente han sido liberadas —algunas bajo estrictas condiciones—, entre ellas defensores de derechos humanos, figuras políticas, periodistas y sindicalistas. Entre los liberados destacan Javier Tarrazona, Eduardo Torres, Kennedy Tejeda, Carlos Julio Rojas y Rocío San Miguel.
Si bien comparto el alivio de quienes han sido liberados y de sus seres queridos, jamás debieron haber sido detenidos. Espero que esta práctica cese para siempre y que las autoridades adopten medidas para garantizar la libertad de opinión, incluyendo la defensa de los derechos humanos.
Unos 60 presos han podido recibir visitas de sus familiares o comunicarse con ellos, mientras que anteriormente no se tenía información sobre su paradero.
Señor Presidente,
A lo largo de este período, han persistido las preocupaciones estructurales y sistémicas en materia de derechos humanos.
Mi oficina ha recibido información sobre la continua tortura y el maltrato a los detenidos, incluso en los centros de Rodeo 1 y Fuerte Guaicaipuro. Esto es sumamente preocupante.
Muchos venezolanos siguen detenidos arbitrariamente, entre ellos personas con discapacidad y problemas de salud graves, personas mayores y al menos un niño.
El espacio cívico sigue restringido. Años de represión han provocado que la gente tema expresarse.
La ley de supervisión de las ONG sigue obstaculizando la capacidad de la sociedad civil para trabajar de forma segura y libre, y debe ser derogada.
Espero que la revisión anunciada de la Ley Constitucional contra el Odio signifique que ya no se utilice para reprimir la disidencia.
Señor Vicepresidente,
Los venezolanos siguen enfrentándose a importantes dificultades para acceder a la atención médica, los servicios de agua y saneamiento, y los alimentos.
La población del país protesta contra los bajos salarios, que resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Por consiguiente, insto a las autoridades a garantizar el pleno respeto a la libertad de reunión pacífica.
Los pueblos indígenas siguen enfrentando severas restricciones para acceder a su derecho a la salud, lo que contribuye a las altas tasas de mortalidad. No se ha logrado ningún avance en la autodelimitación de sus territorios.
Insto a las autoridades a que garanticen que todas las reformas económicas e inversiones, incluidas las de los sectores de petróleo, gas y minerales críticos, respeten la soberanía de los venezolanos sobre sus recursos naturales. Los ingresos deben destinarse a promover los derechos económicos, sociales y culturales de todos los venezolanos, así como a proteger el medio ambiente.
Señor Vicepresidente,
Los venezolanos experimentan una mezcla de esperanza, miedo e incertidumbre.
Los derechos humanos deben guiar el camino que tenemos por delante, y me gustaría destacar cinco áreas clave para la acción.
En primer lugar, las autoridades deben liberar de inmediato y sin condiciones a todos aquellos que siguen detenidos arbitrariamente.
En segundo lugar, proteger y ampliar el espacio cívico. Esto es fundamental para reparar el tejido social y fortalecer los procesos democráticos.
Insto a las autoridades a que permitan a la sociedad civil trabajar libremente, a que garanticen su participación en los asuntos públicos y a que protejan a las ONG, a los periodistas, a los miembros de los sindicatos y a los defensores de los derechos humanos contra las amenazas y los ataques.
En tercer lugar, reformas estructurales en los sectores de justicia y seguridad. Esto incluye desmantelar los marcos jurídicos y las prácticas que han permitido la represión de la disidencia política. Dichas reformas son fundamentales para garantizar el acceso a la justicia y reconstruir la confianza en las instituciones.
El Gobierno también debería desarmar y disolver a los grupos civiles armados que han intimidado y ejercido control sobre la población.
En cuarto lugar, es fundamental garantizar y ampliar el acceso a la atención médica, la alimentación, el trabajo y los servicios básicos. Insto a las autoridades a garantizar salarios, pensiones y otras medidas de seguridad social adecuadas para cubrir las necesidades básicas, y a renovar su compromiso con los derechos laborales. Asimismo, deben demostrar mayor transparencia en las estadísticas oficiales sobre el mercado laboral, la seguridad alimentaria y el acceso a la salud y la educación. Esto es esencial para generar confianza.
Finalmente, los venezolanos deben unirse y acordar una estrategia integral de justicia transicional. La sociedad venezolana sigue profundamente polarizada. Para sanar estas divisiones se requiere rendición de cuentas por todas las graves violaciones de derechos humanos cometidas en las últimas décadas. Esto, a su vez, exige que se preserven todas las pruebas, incluso si se clausuran los centros de detención.
Otras medidas importantes incluyen la reforma institucional, las reparaciones, el establecimiento de la verdad y las garantías de que no se repitan las graves violaciones de los derechos humanos.
Estas medidas de fomento de la confianza basadas en los derechos humanos allanarían el camino para el regreso seguro y digno de los millones de venezolanos que se encuentran fuera del país.
Insto también a las autoridades a que cooperen con todos los mecanismos de derechos humanos y rendición de cuentas, incluida la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela establecida por este Consejo. Asimismo, las animo a que reviertan su decisión de abandonar la Corte Penal Internacional.
Me he puesto en contacto con las autoridades venezolanas al más alto nivel, compartiendo mis observaciones y la disposición de mi oficina para brindar apoyo.
Celebro la decisión de las autoridades del 3 de marzo de conceder visados a mi personal.
Necesitaremos una presencia constante para cumplir plenamente el mandato de mi Oficina en apoyo de los derechos humanos en el país.
En este momento crítico, el futuro del país debe ser decidido únicamente por su pueblo.
Las autoridades, la oposición dentro y fuera de Venezuela, y todos aquellos con responsabilidades políticas deben unirse en torno a los derechos humanos y dar prioridad al pueblo de su país.
