La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobó las conclusiones de su reunión de medio año, en la que se debatieron las principales situaciones que afectaron las libertades de expresión y de prensa en las Américas desde su pasada asamblea de octubre.
En la reunión, celebrada de forma virtual del 20 al 23 de abril, se abordaron asuntos sobre la estigmatización, las agresiones contra periodistas y medios, y el acoso judicial y legal.
La SIP sobre Venezuela
En Venezuela, el gobierno cerró al menos ocho emisoras de radio y varios medios escritos tuvieron que migrar al espectro digital, con todo tipo de restricciones legales y financieras, detalló la SIP en sus conclusiones.
«El acoso judicial continúa siendo un arma de censura para gobiernos autoritarios que buscan controlar los contenidos de la prensa independiente. Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela obliga al diario El Nacional a pagar una indemnización de 13,2 millones de dólares a Diosdado Cabello, en un caso de supuesta difamación, lo que se consideró un fallo confiscatorio que apuesta a tomar el control de los activos del diario», detalló.
«El deterioro de las instituciones democráticas y la absoluta injerencia del poder político sobre el Poder Judicial se manifiesta en Venezuela y Nicaragua, entre otros países, en los que se abren constantes causas penales contra periodistas y medios de comunicación con el objeto de amedrentarlos», agregó.
Legislaciones para censurar
Varias iniciativas legislativas se utilizan para censurar la expresión, como el caso de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en Nicaragua, que restringe las operaciones financieras de varias organizaciones civiles y políticas, indicó la SIP: «Esto llevó a que varias organizaciones cerraran sus operaciones, entre estas, la Fundación Violeta Chamorro, que apoyaba a la supervivencia a una veintena de medios de comunicación independientes».
En muchos países también, como en Nicaragua y Venezuela, a pretexto de reducir la difusión de informaciones falsas, se está legislando para censurar y restringir la libertad de expresión de los ciudadanos en las redes sociales e internet, advirtió.
En Honduras, manifestó, el nuevo Código Penal incluye sanciones a la protesta y a la difusión de información relacionada. En Panamá, también se busca sancionar la difusión de lo que la autoridad considera noticias falsas, reservadas o que inducen al miedo.
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