El venezolano tiene derecho a saber qué sucede con el sistema eléctrico. La crisis del sector que vive el país es un tema espinoso y peligroso también, porque ya se ha visto que cualquier opinión emitida sin fundamento (o con él) puede acarrear la sanción de la privativa de libertad. Pero no se trata de la distribución, la capacidad instalada, el consumo o cualquier otro tópico, hay una reflexión sencilla que no admite contradicciones, el ciudadano tiene un derecho que no se le respeta, a la información oportuna, veraz e imparcial. En los años que ha durado esta crisis son muchos los argumentos que se han empleado como excusa, pero ha faltado un reconocimiento de incapacidad gerencial por parte de las autoridades y se ha pasado por alto a la comunidad nacional, su derecho a disfrutar de servicios de calidad y a recibir información adecuada sobre el funcionamiento de los mismos. Esta situación pone en duda la vigencia de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y mantiene al país en una constante anomia que impide el desarrollo económico. Es por ello que el Grupo Orinoco, organización de académicos, profesionales y expertos en energía y ambiente quiere hacer un llamado a los actores nacionales para promover el involucramiento de los venezolanos en la exigencia de una respuesta clara y concisa sobre el estado actual de nuestras empresas eléctricas.
En abril muchos medios de comunicación recordaron la promesa del ministro Jesse Chacón al asumir la dirección del Ministerio del Poder Popular para la Energía, cuando dijo que renunciaría de no estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en tan solo cien días. Dos años después todavía se espera el cumplimiento. Si bien hace algunas semanas se difundieron noticias sobre nuevas inversiones en el área, poco después se anunció el recorte de la jornada laboral en el sector público para disminuir el consumo eléctrico. Esta situación ambigua implica la total y absoluta falta de planificación. Es pasar de una ¨fiesta de inversiones¨ en una semana, a una situación restrictiva y hostil escaso tiempo después, donde además se vuelve a las fiscalizaciones y multas. Ante este panorama cabe preguntarse: ¿qué sucede realmente con el sector eléctrico nacional? ¿fue un fracaso la estrategia escogida de la generación distribuida? ¿aguantaría la gestión actual una rueda de prensa abierta con la participación de representantes del sector productivo nacional y expertos de toda índole? ¿dónde están las estadísticas de la cantidad de apagones en diferentes estados, los artefactos dañados en hogares, las horas hombre perdidas y la productividad mermada?
Para seguir recordando, basta volver al 2010 cuando el ex presidente Hugo Chávez también redujo la jornada laboral para ahorrar energía tras la amenaza del descenso en la cota del Guri. Han pasado cinco años ya, un período gubernamental completo de aquellos anteriores a la reforma constitucional. Ya debería estar funcionando Tocoma, otra planta hidroeléctrica en el bajo Caroní, ¨una de las más grandes del continente¨ y que supliría deficiencias del Guri, sobre la cual también prometió Chávez: «El 9 de septiembre (de 2012) estaremos poniendo en marcha la primera unidad generadora de Tocoma». El electorado también tiene derecho a saber sobre esta represa, y se piensa en electorado, porque sencillamente sin energía eléctrica no hay elecciones. Tal vez esa premisa (lamentablemente) tenga más fuerza que la del derecho constitucional.
Sobre este grave problema, Grupo Orinoco se dirige a las autoridades competentes para que con responsabilidad, presenten al pueblo venezolano la realidad en materia del sistema eléctrico, sin quedarse en el quebradizo argumento de la excesiva demanda por parte de los usuarios y los bajos costos del servicio. Son numerosos los buenos ejemplos de gestión eficiente en el continente. Y yendo más allá, muchos países caribeños y andinos adelantan notablemente en la producción de energía de fuentes renovables, por lo que vendría la interrogante, ¿cuál es el estado de las inversiones en energía eólica y solar que se anunciaron en el gobierno revolucionario pasado? El país sin duda se merece más respeto.
Recordemos que el Estado es responsable del Sistema Nacional de Electricidad, y en consecuencia debe promover políticas para mejorar la conducta de los usuarios y abordar con información objetiva los costos del sistema para poder tomar las decisiones respectivas. El ciudadano es un usuario, un contribuyente, un eslabón de país. En este sentido es total y absolutamente cuestionable la vigencia del artículo 108 de la Ley de Sistema y Servicio Eléctrico Nacional, en el cual se penaliza con prisión a quien revele información de manera “indebida” o en “perjuicio de la República”, términos que interpretados con subjetividad amedrentan a quienes tienen en su poder información válida sobre los problemas y fallas.
La disponibilidad de un buen flujo de energía se traduce en oficinas abiertas para las gestiones respectivas, en alcaldías que gerencien sus municipios, en hospitales que atiendan enfermos, en escuelas que impulsen el conocimiento, en industrias y células productivas en acción. La energía eléctrica no es un lujo, es una necesidad. Y la información sobre la gestión eficiente de ella, por la cual todos pagamos impuestos, un derecho ciudadano. Adicionalmente desde Grupo Orinoco queremos alertar sobre la necesidad de evaluar y proteger nuestras cuencas como fuente de energía hidroeléctrica, las cuales se encuentran amenazadas por la minería, la deforestación y la contaminación fluvial entre otros factores.
El Grupo Orinoco es una agrupación de pensamiento, conformada por académicos, expertos y profesionales que aportan soluciones para la construcción del país. Para más información visitar GrupoOrinoco.wordpress.com y seguir a @gruporinoco
Información de Grupo Orinoco, energía y ambiente.
