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Sin Excusa

«Si no buscamos soluciones, este país se nos irá de las manos»

 

El alcalde de Lecherías ha sido acusado por el PSUV de promover las guarimbas en la zona, quieren destituirlo como a Enzo Scarano y Daniel Ceballos

 

Gustavo Marcano es alcalde del municipio Urbaneja (Anzoátegui) y militante de Primero Justicia; aunque su partido se ha desvinculado de las guarimbas no ha sido suficiente para librarse de las diferentes demandas que actualmente reposan en los tribunales por presuntamente violar el libre tránsito y permitir el abuso psicológico a los niños en su jurisdicción. Hasta el momento tiene que enfrentar cuatro demandas legales, una de ellas en el Tribunal Supremo de Justicia.

 

A Marcano no le ha tocado fácil. Gobierna en el municipio más opositor del país y con mayor participación electoral, según las últimas elecciones presidenciales. Puros «escuálidos» es lo que viven en Lecherías. Su relación con el gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Iztúriz, no está en su mejor momento, desde que se iniciaron las protestas la policía regional de este estado ha reprimido a los manifestantes del municipio a punta de pistola y tiros.

 

Aún así, este alcalde apuesta y aspira a poder coordinar políticas públicas entre todos los niveles de gobierno para que se traduzcan en mejoras en la calidad de vida de sus vecinos.

 

En cuanto al diálogo nacional admite que no dieron los resultados que se esperaban; sin embargo defiende a los sectores que decidieron participar en las mesas de negociación y buscar una solución en el marco de la ley. Gustavo Marcano, en exclusiva, conversa con Tal Cual ­¿A qué se deben todas las demandas legales que ha recibido por parte del gobierno y el PSUV? ­Desde el 12 de febrero nuestra ciudad ha sido protagonista de numerosas protestas en su mayoría cívicas, pacíficas y en el marco de la Constitución. Esa es la principal razón de los ataques del gobierno.

 

Ellos quieren hacer ver que las protestas son la causa de la crisis y no su consecuencia.

 

Lamentablemente algunas protestas infiltradas querían desvirtuar lo que estaba ocurriendo. Esos hechos vandálicos causaron una serie de acusaciones en nuestra contra. Hasta el momento yo tengo una sentencia del TSJ, que fue la extensión de la que aplicaron en Baruta y El Hatillo, un juicio en el Tribunal Segundo de Protección al Niño, Niña y Adolescente por supuestamente vulnerar el derecho a la educación, la recreación y el libre tránsito de los niños de nuestra ciudad; y también tengo otra demanda de amparo en el juzgado contencioso administrativo por violación a la educación. El argumento de ellos es que en Lecherías se maltrató psicológicamente a los niños.

 

Todo esto no es casual. Estamos hablando que Lecherías es el municipio donde se registró el mayor porcentaje de votos a la unidad democrática en las últimas elecciones presidenciales, con 84 por ciento. Además, es el municipio con mayor participación electoral del país. Es decir, tenemos a un pueblo que está muy claro de lo que está ocurriendo en el país y por eso arremeten contra nosotros.

 

¿Qué busca el gobierno con todas estas acusaciones en su contra? ­Criminalizar la protesta e intimidar a un pueblo, que en el caso de Lecherías es un pueblo absolutamente democrático. El gobierno también busca enfrentarnos entre nosotros mismos, pero no van a lograrlo. Nosotros desde el primer día dijimos que aunque hay miles de razones para protestar hay que hacerlo enmarcado en lo que establece la Constitución. Y cuando eso no ha sido así lo hemos rechazamos.

 

Esta postura ha sido fundamental para que nuestros vecinos se resistan a cualquier acto de violencia.

 

Luego de 44 muertos, decenas de torturados y represión, ¿cuál debe ser el rol de los alcaldes? El rol más importante que tenemos es de orientación. Debemos decirle a nuestros vecinos cómo se debe enfrentar esta coyuntura porque la protesta no puede ser un elemento que le genere obstáculos y rechazo a los mismos vecinos de la ciudad.

 

La principal tarea que tenemos es hablar con total claridad y guiar a nuestros vecinos para que puedan canalizar su indignación y descontento a través de las vías pacificas, cívicas y constitucionales.

 

En el caso de Lecherías esta orientación fue clave en los momentos que había ese llamado generalizado a las guarimbas.

 

Nosotros salimos a decirles que esa no era la vía, les dijimos que debían protestar a través de acciones pacíficas y no a través de una quemadera de cosas haciéndoles casos a brujos que mandan mensajes por internet.

 

Desde Voluntad Popular se plantea que los alcaldes no pueden quedarse solamente en atender las necesidades locales cuando en el país se violan los derechos humanos. ¿Usted qué opina? ­Yo estoy de acuerdo con eso. Los alcaldes no podemos aislarnos de la realidad nacional; sin embargo, el rol que tiene un alcalde en medio de esta coyuntura es buscarle solución a los problemas de su comunidad, trabajar para orientar a los vecinos y canalizar las protestas para que puedan contagiar al resto de las personas y así convertirnos en una mayoría abrumadora, que es el objetivo que tenemos para finalmente lograr un cambio en Venezuela.


Después que Primero Justicia y otros sectores de la MUD insistieron en dialogar con el gobierno, ¿valió la pena? El dialogo vale la pena siempre y cuando hayan resultados concretos y lamentablemente no hemos visto nada de eso. El gobierno lejos de promover acciones que validen mecanismos para la solución hemos visto que hacen todo lo contrario. Un ejemplo de eso son las palabras de Nicolás Maduro refriéndose al caso de Iván Simonovis, que más allá de la situación política que exista de por medio se trata de una medida de carácter humanitaria.

El diálogo no es sentarse frente a unas cámaras de televisión y decirnos cuatro cosas. Si aquí no hay acciones concretas del gobierno central no hay mucho que se pueda hacer. Son ellos quienes tienen la responsabilidad de querer entendimiento en temas claves para el país. No ha habido ninguna señal que el diálogo esté dando resultados.

¿Esto no demuestra que Voluntad Popular y María Corina Machado tuvieron razón desde el principio en no querer dialogar con el gobierno? ­No se trata de quién tenía la razón porque yo pudiera decir que cuando se propuso La Salida hubo errores y por eso es que estamos viviendo estas cosas. Yo creo que todo proceso debe tener un debate. Incluso el día en que parte de la MUD fue a Miraflores hasta ellos mismos le dieron seguimiento a eso porque fue positivo en su momento. Lo que pasa es que el gobierno no está dando muestras claras de querer solucionar la crisis y son ellos quienes tienen la pelota en su cancha.

Además, dialogar no puede considerarse un error porque ante la alternativa de lograr una medida humanitaria para Simonovis hay que hacer todo lo que esté en nuestro alcance y para lograr mayor equilibrio en los poderes públicos también.

Hay temas en los que no se pueden plantear una división eterna porque en momentos tan duros como estos eso sería un grave error. Si no buscamos soluciones en el marco de la solución este país se nos irá de las manos.

¿No cree que hubo un sector de la oposición que quiso enfriar las calles? ¿No se podía dialogar y protestar simultáneamente? Yo creo que esa siempre fue la agenda mas allá de las diferencias internas que hay. Aquí nadie jugó a enfriar nada, es más en Venezuela diariamente hay miles de protestas. El planteamiento siempre ha sido que no debemos ni dejar de ejercer la protesta, pero tampoco cerrarnos a buscar soluciones a temas claves para el país, y creo que allí es donde está el fondo del asunto.

Lo que frenó la protesta cívica y pacifica fueron algunas acciones violentas promovidas por infiltrados para frenar todo lo que era ese sentimiento legítimo que tiene todo el mundo que es protestar por la situación que vivimos actualmente.

 

 Editorial de Tal Cual

MARISELA CASTILLO APITZ

 

 

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