El Servicio de Investigación del Capitolio estadounidense destaca los esfuerzos para utilizar el alivio de las restricciones para impulsar elecciones justas en 2024 en Venezuela. El gobierno de Joe Biden ha dejado claro que puede retirar las licencias si Nicolás Maduro bloquea a candidatos o no libera a los presos políticos
La ampliación de las sanciones que el gobierno de Estados Unidos aplicó en Venezuela contribuyeron a la crisis económica. El Servicio de Investigación del Congreso estadounidense así lo señala en un informe publicado recientemente, en el que destacó que el expresidente republicano Donald Trump amplió esas restricciones más allá de las que se habían establecido desde 2005 contra personas y entidades vinculadas a presuntos hechos criminales, antidemocráticos y corruptos.
«Esas sanciones no lograron desalojar a Maduro y contribuyeron a una crisis económica en el país que ha provocado la huida de 7,7 millones de venezolanos», indica.
Dice que el gobierno de Joe Biden ha tratado de aprovechar el alivio de las sanciones para incentivar a Maduro a permitir que las presidenciales de 2024 en Venezuela sean lo más libres y justas posibles. Sin embargo, el servicio del Congreso observó que el chavismo no ha mostrado intención de que permitirá que María Corina Machado, quien ganó las primarias de la oposición en octubre pasado con un amplio margen de apoyo, se postule.
El 18 de octubre de 2023, Estados Unidos flexibilizó parcialmente las sanciones energéticas contra Venezuela hasta abril de 2024. Esta medida, puntualiza el documento, fue una respuesta al acuerdo de Barbados que firmaron el chavismo y la oposición, que establece un plan para elecciones competitivas.
Estados Unidos revocaría licencias
No obstante, las administración estadounidense advirtió que podría revocar las licencias si Maduro no permitía a todos los candidatos participar y si no excarcelaba a los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos «detenidos injustamente».
Forzado, el régimen socialista anunció a fiales de noviembre del año pasado que los opositores inhabilitados para ejercer cargos públicos podían apelar ante el Tribunal Supremo de Justicia, conformado por jueces cercanos al chavismo. María Corina Machado apeló, pero la corte aún no ha emitido una decisión.
Luego, en diciembre, Maduro liberó a 20 presos políticos, 10 estadounidenses y Leonard Francis, un fugitivo estadounidense implicado en un escándalo de soborno naval. En una medida recíproca, Estados Unidos liberó al empresario colombiano Alex Saab, un aliado de Maduro que había enfrentado cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.
Este intercambio se desarrolló como parte de una negociación más amplia que también implica el alivio de las sanciones. El servicio subrayó que esto indica un «compromiso complejo» entre ambos gobiernos, con implicaciones significativas para las relaciones diplomáticas y el tratamiento de las personas detenidas.
Afirmó asimismo que el Congreso de Estados Unidos monitorea «de cerca» los avances del gobierno de Nicolás Maduro en el cumplimiento del acuerdo de Barbados.
En el texto, el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense mencionó las restricciones de visa, y sanciones relacionadas con el terrorismo, el tráfico de drogas y las acciones antidemocráticas, violaciones de derechos humanos y la corrupción.
Flexibilización de sanciones desde 2019
También se puntualiza que desde el año 2019, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros ha emitido y modificado licencias para permitir determinadas transacciones, en un intento del gobierno de Joe Biden para instar al chavismo a negociar unas elecciones libres y justas. La instancia legislativa puntualizó:
• En mayo de 2022, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros permitió a la empresa energética estadounidense Chevron discutir operaciones futuras con Petróleos de Venezuela. En noviembre de ese mismo año, las negociaciones condujeron a la autorización para que Chevron reanudara la producción y el comercio de productos petrolíferos dentro de empresas conjuntas en Venezuela.
• El 18 de octubre de 2023, el Tesoro emitió una licencia de seis meses que autorizaba temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas. También permitió acuerdos con Minerven para ayudar a frenar el comercio ilícito de oro y levantó las prohibiciones al comercio secundario de ciertos bonos, deuda y acciones de la estatal petrolera venezolana.
Impulsar la economía y reducir la inmigración
En el informe, se señala además: «Reanudar el comercio de petróleo con Venezuela y permitir que se desarrolle y exporte gas venezolano a aliados europeos podría promover los intereses energéticos y de seguridad de Estados Unidos».
Esas licencias, añadió, también pueden impulsar la economía de Venezuela y reducir la inmigración, otro objetivo de la política estadounidense. Sin embargo, queda por ver si la administración de Joe Biden extenderá estos permisos más allá de abril de 2024, ya que algunos expertos creen que el gobierno de Nicolás Maduro no permitirá que se lleven a cabo incluso unas elecciones mínimamente competitivas en Venezuela.
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