El título de esta nota editorial es el del informe Ser Mujer/ Diagnóstico comunitario y propuestas para la acción humanitaria, coordinado por la Alianza ConEllas, integrada por seis organizaciones de la sociedad civil: Centro para la Justicia y la Paz (Cepaz), Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama (Funcamama), Prepara Familia, Uniandes Acción Popular, Unión Afirmativa de Venezuela y Acción Solidaria. El informe puede ser consultado en https://bit.ly/3YrDsta.
En este Día Internacional de la Mujer, cuyos orígenes se remontan a principios del siglo pasado, deberíamos celebrar que somos una sociedad más igual, menos discriminatoria, en la que todos sus ciudadanos disfrutan a plenitud de sus derechos. No es así. Venezuela está en franco retroceso en el contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que marca el día a día del país. Para ellas ha sido peor.
Un primer dato global del informe Ser Mujer es que 9,5 millones de niñas, adolescentes y mujeres tienen necesidades humanitarias. Un tercio del total de habitantes.
El estudio coordinado por la Alianza ConEllas está organizado en cinco secciones: derecho a la salud (36% de las niñas, adolescentes y mujeres sufre problemas crónicos graves); derecho a la alimentación (76% de las mujeres dijo que al menos una persona en su hogar tiene un cuadro de desnutrición); derechos en movilidad/migración (517 mujeres estuvieron confinadas y esclavizadas en países de tránsito y destino); derecho a una vida libre de violencia (que desarrollaremos con algo más de amplitud); y derecho a la igualdad y no discriminación de personas LGTBI (1 de cada 3 sobre un estimado de 2,8 millones tiene una condición crónica de salud).
La mujer soporta un ambiente de violencia y discriminación en el que el Estado es «vago, infértil y confuso». Por ejemplo, no existen estadísticas oficiales sobre violencia basada en género y desde 2016 no hay un dato de algún organismo público que permita establecer tasas de feminicidios. Es la sociedad civil, limitada en recursos y financiamiento, la que diagnostica y documenta lo que ocurre. A la violencia habría que sumar el desprecio.
El informe Ser Mujer extrae su data de diagnósticos comunitarios realizados en 6.500 hogares de 18 de los 24 estados del país: 7,3% de las mujeres había sido víctima de violencia familiar; 12,8% reportó que había sido discriminada, en muchos casos por ser mujer, en otros por estar embarazada. Entre 2019 y 2021, 709 mujeres perdieron la vida a manos de feminicidas.
Una gran mayoría de las mujeres que son víctimas de la violencia tampoco encuentra información sobre redes de apoyo a las cuales acudir. Hay, sin embargo, 72 oficinas fiscales para la atención a la investigación penal de los delitos de violencia contra la mujer; pero para poder denunciar a su agresor -del que se suele depender económicamente-, las mujeres deberían disponer de un establecimiento que las reciban, las denominadas casas de abrigo, que están desmanteladas. Además, las órdenes de protección carecen de seguimiento y tampoco se aplican sanciones por el incumplimiento, cuando se constata.
En 2007 se promulgó en Venezuela la primera Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia -reformada en 2014 y 2021- pero, como tantas otras leyes, el Estado no garantiza el cumplimiento de los derechos puestos sobre el papel. En la práctica las mujeres enfrentan, además de a sus agresores, múltiples limitaciones para acceder a mecanismos de prevención, protección, denuncia y un sistema de justicia diligente. «Una situación realmente desoladora», destaca el estudio.
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Editorial de El Nacional
