La investigación del CNE por las cuentas de campaña al Presidente y a varios directivos solo debe tomar los cauces legales. Lo demás es peligroso.
Después de un accidentado proceso previo, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió, por siete votos contra dos, abrir investigación formal y elevar pliego de cargos contra la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales y presunta financiación ilícita en el 2022.
Es una decisión que genera debate entre aquellos sectores que consideran que la inviolabilidad del fuero presidencial ha sido afectada de manera indebida y los que, como la mayoría del CNE, han señalado que tanto la Constitución como las leyes y la jurisprudencia han marcado claramente el camino para permitir que las necesarias investigaciones del órgano de control electoral sobre las cuentas de las campañas políticas no invadan competencias ajenas, pero sean efectivas a la hora de sancionar la práctica de volarse los topes de gastos a través de los huecos que siguen teniendo las normas electorales.
Sin embargo, son desafortunadas las afirmaciones, como las del propio presidente Petro, de que se está gestando un golpe de Estado en su contra. El ejercicio democrático de la separación de poderes exige a todos, en especial a quien ostenta la dignidad de jefe de Estado, respetar las actuaciones de los tribunales y órganos de control y no enmarcarlas en polarizantes descalificaciones que en nada contribuyen a la solidez institucional ni al pregonado acuerdo nacional, que se ve afectado ahora por los reiterados llamados «a la calle».
La responsabilidad con el país es mayúscula e impone que este proceso no sea utilizado con fines políticos por ningún sector.
En momentos de tan alta tensión política, es necesario que los hechos se valoren de acuerdo con la realidad jurídica y procesal. Lo que ha ocurrido aquí es una apertura formal de una investigación en la que el Presidente y cuatro altos mandos de su campaña (entre ellos Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol) tendrán la posibilidad de controvertir cada uno de los cargos y defender la transparencia en el manejo de las cuentas de campaña en sus dos vueltas. Además, contra la determinación tomada proceden recursos de reposición (ante el mismo CNE) y de control del Consejo de Estado. Incluso, la acción de tutela podría ser un recurso para controvertir actuaciones presentes y futuras del órgano de control. Es el camino legal, contrario al peligroso llamado a desconocer la institucionalidad y a presionar las decisiones de las instituciones con protestas callejeras.
Y es claro que el CNE, si llegara a ser el caso, debe remitir el proceso, en lo que toca al Presidente, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, donde, por demás, ya hay un proceso relacionado con los mismos cargos de presunta violación de topes electorales y donde las fuerzas cercanas al Gobierno son mayoría.
El momento exige grandeza y ponderación de todos. La responsabilidad con el país es mayúscula e impone que esta fase del proceso de investigación, que es procedente a la luz de recientes decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, no sea utilizada con fines políticos por ningún sector.
El CNE debe garantizar los derechos procesales, mucho más en un caso que toca al actual Presidente de la República. Y él debe cumplir con el mandato constitucional de defender una institucionalidad en cuyo marco fue elegido en múltiples ocasiones hasta llegar a la Casa de Nariño.
Editorial de El Tiempo
