La reforma a la Ley contra Ilícitos Cambiarios aprobada vía Habilitante reabre un mecanismo que, según el propio presidente Nicolás Maduro, “en el pasado existió y funcionó bien”.
Sin embargo, su eliminación en 2010 se llevó por delante a 48 de las 96 casas de bolsa y sociedades de corretaje que existían en el país, y cerró las puertas a una transacción lícita de 80 millones de dólares diarios que realizaban empresas y personas naturales.
Las operaciones de permuta consistían en adquirir un bono venezolano a través de una transacción realizada por los operadores autorizados, que eran las casas de bolsa y sociedades de corretaje. Esas entidades cobraban una comisión por sus servicios y se encargaban de liquidar en el mercado internacional los bonos de sus clientes cuando ellos así lo disponían, y de depositar las divisas obtenidas de la operación en cuentas en el exterior, reseña El Nacional.
Ese mecanismo fue un pilar fundamental que complementó las adjudicaciones de la Comisión de Administración de Divisas, pero a un tipo de cambio libre que se calculaba según el costo del título comprado en el mercado internacional. El mercado permuta existía a pesar de que el entonces ministro de Finanzas, Jorge Giordani, lo consideraba contrario al socialismo del siglo XXI.
El analista financiero Alfredo Puerta, señala que la principales consecuencias del cierre del mercado de capitales fue la privación de un mecanismo de regulación de la economía: “El permuta respondía a la cantidad de dólares y bolívares disponibles en el mercado, lo que permitía fijar precios, planificar y crear instrumentos de protección para las empresas”. Añade que era “claro, verificable, controlable y permitía a los ciudadanos ahorrar”.
La extinta Comisión Nacional de Valores dirigida entonces por Tomás Sánchez tuvo a su cargo las intervenciones de las empresas bursátiles. Después del cierre de U2 Casa de Bolsa, todas las operaciones fueron decretadas ilegales y varios ejecutivos de empresas como Econoinvest fueron puestos a la orden de los tribunales y llevados a la cárcel antes de juicio.
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