La alta inflación que caracteriza al país, aunado a las dos devaluaciones ejecutadas en menos de dos meses, mantienen en alerta al sector sindical del país, que viene presionando al Gobierno para que realice un aumento general de sueldos y salarios.
Servando Carbone, portavoz de la Unión Nacional de Trabajadores (Únete), señala que tanto el sector público como privado requieren un aumento general de sueldos y salarios de 70% y de 100% en el caso de salario mínimo.
«El salario mínimo debe estar acorde con el índice inflacionario y el impacto del ajuste cambiario o devaluación. En el sector público hay un retraso de más de ocho años de la discusión de la contratación colectiva», refiere.
Únete propone que se unifiquen los salarios de los obreros y empleados independientemente de la institución para la cual prestan servicio, en conformidad con lo que establece el artículo 109 de la Ley del Trabajo sobre «igual salario a igual trabajo».
De igual forma, plantean la necesidad de unificar los criterios para la cancelación del bono alimentación llevándolo al 0,5% de la unidad tributaria por los 30 días del mes.
A todo esto, Carbone considera necesario también la reducción del salario máximo para los funcionarios de alto nivel de la administración pública. Cree que se debe establecer un tope máximo de salarios para los funcionarios de alto nivel. «Esto está establecido en la Ley de Emolumentos aprobada en la Asamblea Nacional, y no la aplican. Exigimos su cumplimiento de inmediato», dice.
El dirigente sindical insiste en que es momento de actuar y aplicar el ajuste.
Homologación de beneficios
El vocero de la organización sindical precisa que las circunstancias también obligan a una homologación de otros beneficios y respeto a los derechos consagrados en la legislación.
En el caso de las jubilaciones sugiere que éstas sean universalizadas al 100% del salario del trabajador al momento de terminar sus servicios. «No es posible que solo los militares, un sector de los educadores y un sector de salud sean los únicos que su jubilación puede llegar al 100%».
Carbone reclama también que se respete el derecho de inamovilidad laboral, se incorpore a cargos fijos a todos los trabajadores contratados de la administración pública y se discuta de forma inmediata y participativa las leyes de Seguridad Social (Ley de Salud, de Pensiones y Jubilaciones), así como la implementación de la Ley de Primer Empleo y se incluyan a los jubilados y pensionados en la Ley de Alimentación.
Fuente: El Universal
