Durante los próximos seis meses, al menos, el presidente Nicolás Maduro aspira gozar de poderes legislativos, esto según la propuesta de Ley Habilitante que se entregó la noche del martes en la Asamblea Nacional. Sus facultades, sin embargo, son bastante amplias, pues en el proyecto le otorga condiciones para definir en ámbitos de “libertad, igualdad, justicia y paz internacionales, independencia, soberanía, inmunidad, integración territorial y autodeterminación nacional”.
Aprobada en primera discusión en una maratónica sesión, la propuesta de Ley Habilitante entrará en segunda discusión este domingo, de acuerdo a la convocatoria oficial que ya hizo la junta directiva del Parlamento. La fecha se fijó, pese a que el artículo 146 del Reglamento de Interior y Debates de la AN establece que una vez conocida esta solicitud, se debe constituir una Comisión Especial para analizar el texto y presentar a la cámara una serie de recomendaciones.
El jefe de la AN, Diosdado Cabello, consideró que la discusión de la Habilitante debe darse de forma “urgente”, con lo que se acorta el plazo de 10 días hábiles que –de acuerdo al Reglamento de Debates– tenían los legisladores para conocer sobre los alcaldes de la solicitud del jefe de Estado.
Ambigüedad
El proyecto normativo que introdujo Maduro la noche del martes deja mucho espacio para la discrecionalidad. Dentro del alcance que tendrán sus poderes legislativos se encuentra “reforzar la garantía del ejercicio de los principios constitucionales de soberanía y autodeterminación de los pueblos, protección contra la injerencia de otros estados en asuntos internos de la República, acciones belicistas o cualquier actividad externa o interna, que pretendan violentar la paz, la tranquilidad pública y el funcionamiento de las instituciones democráticas, por un mundo más seguro”.
La “protección del pueblo” que hará Maduro con la Habilitante, de acuerdo a su proyecto, impacta también a “entes económicos” y “factores internos” que perturben o distorsionen la producción, el comercio o el sistema socioeconómico y financiero. También, el mandatario aspira a poder dictar normas que definan responsabilidades civiles, administrativas y penales sobre quienes, asegure, han ido en contra de las reglas constitucionales.
Por Juan Pablo Arocha / Caracas / noticias@laverdad.com
Fuente: La Verdad.com
