Este fin de semana se cumplieron los primeros 100 días de Santos, una fecha que lo recibió con la peor noticia que ha sufrido el proceso de paz desde que arrancó: el secuestro del general Rubén Alzate, presumiblemente por parte de las Farc, que obligó a una pausa de los diálogos de paz y que se suma a otros hechos que, en conjunto, comienzan a convertirse en una serie de limitaciones que estrechan la ventana de oportunidad que significa este proceso de paz para el país.
Ayer, a las cinco de la tarde, Santos confirmó que el General del Ejército, Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, fue secuestrado junto con otras dos personas, un cabo y una abogada, en la vereda Las Mercedes de Quibdó, en Chocó. Si en efecto las Farc están detrás, esta sería la primera retención de un general por parte de las Farc. Alzate estaba vestido de civil y con condiciones mínimas de seguridad en el momento del secuestro por lo que se investiga qué fue lo que pasó.
La noticia de su retención obviamente generó una andanada de comentarios en twitter en contra de la negociación con las Farc, y sobre todo en contra de Santos, quien en un trino comenzó a pedirle explicaciones al comandante general y a su ministro de Defensa como si ya no existiera el Falcón para ese tipo de comunicaciones, que exigen un poco más de 140 caracteres para comprender la situación:
Mindefensa y Cdte Gral: quiero que me expliquen por qué BG Alzate rompió todos los protocolos de seguridad y estaba de civil en zona roja
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) noviembre 17, 2014
Anoche, a la media noche, después de reunirse con la cúpula militar, el Presidente anunció que había ordenado a los negociadores no viajar a la Habana mientras se aclaraba la retención. Aunque no habló de suspensión, en el Ministerio de Defensa así se lo interpretaron los periodistas, y entonces, de facto, los diálogos han sido suspendidos por primera vez desde que arrancó la negociación.
Este secuestro ocurre dos semanas después del asesinato de dos guardias indígenas en el Cauca, y de una seguidilla de explicaciones desafortunadas por parte de las Farc, que como suele suceder, trataron de justificar el hecho como la respuesta a una agresión por parte de los indígenas en cambio de asumir su responsabilidad en el asesinato de civiles.
Los guardias indígenas capturaron a los milicianos que asesinaron a los Nasa, les hicieron un juicio indígena y los condenaron a 60 y 40 años de prisión (la primera para el autor material) y 20 latigazos, un castigo severo que, según varios artículos periodísticos y la discusión que se vio en twitter fue elogiado por muchos colombianos.
El episodio de los indígenas es simbólico de un ánimo colectivo frente al proceso de paz que ha convertido una cierta ilusión que se indujo desde la campaña presidencial por parte de la coalición que reeligió a Santos en una creciente frustración con el proceso que comienza a estrechar la ventana de oportunidad que significaría llegar a un acuerdo con la guerrilla, que ha avanzado más que cualquier otro.
El tiempo comienza a correr en contra
A finales de octubre, surgió por primera vez un esbozo de lo que podría convertirse en un poderoso movimiento de víctimas de las Farc.
Aunque como suele suceder con ese tipo de organizaciones de la sociedad civil tan pronto surgió el movimiento empezaron las disidencias internas por la polarización que genera la figura de la representante uribista María Fernanda Cabal, comocontó La Silla, es clara la intención de las víctimas de esta guerrilla, que son decenas de miles, de organizarse políticamente para exigirle a su victimario un verdadero acto de contrición, verdad, justicia y reparación.
Esto le crea al proceso un frente de ‘control’ que va mucho más allá del que significa el ex presidente Uribe, su Centro Democrático y el Procurador, y que tiene incluso mucha más legitimidad, máxime cuando el Alto Comisionado de Paz y Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador, han dicho (con otras palabras) que la flexibilidad frente a qué tan poca justicia resistirá el proceso lo dirán las víctimas en la medida en que se sientan compensadas con la verdad de sus victimarios y la reparación por su sufrimiento.
Una cosa es cuando las víctimas son seres aislados, a quienes los medios suelen darle voz sobre todo cuando hacen el acto heróico de perdonar incluso sin que se los hayan pedido como lo hizo la valiente Constanza Turbay en su viaje a la Habana, y otra cosa cuando son un frente organizado y políticamente motivado.
De hecho, es diciente lo que pasó cuando una de las líderes de este movimiento, la senadora Sofia Gaviria, a quien las Farc le secuestró y asesinó a su hermano Guillermo, se opuso en los “retiros” de su Partido Liberal a que le “giraran un cheque en blanco” al Gobierno frente al proceso de paz.
El Tiempo, que fue el medio que registró más en detalle la reunión anual de este partido, optó por solo destacar la declaración de respaldo al proceso de paz. Obvió, sin embargo, que después de que Sofía Gaviria interviniera logró que casi una decena de congresistas la respaldaran, lo que a la postre permitió meter la exigencia de justicia dentro de la generosa declaración.
Que esto suceda en el Partido más cercano a los afectos del Presidente y que ha esgrimido la bandera de la paz desde antes de que incluso Santos la acogiera, es indicativo de que la generosidad de los colombianos, incluyendo los más creyentes en el proceso comienza a agotarse. La retención del general y el secuestro de su abogada la agotarán aún más.
Las Farc no se han pronunciado y seguramente justificarán este último acto como lo que ocurre en el conflicto cuando no se ha pactado un cese del fuego. Esto es cierto, técnicamente, pero políticamente dificulta el mantenimiento del proceso de paz.
Sobre todo si todavía se conserva la esperanza de que éste sea refrendado por los colombianos. La Corte Constitucional le tiró al gobierno y a las Farc un salvavidas muy grande cuando en su fallo sobre la constitucionalidad de la ley estatutaria sobre referendos dijo que un eventual referendo para refrendar los acuerdos podría coincidir con las elecciones locales.
Era un fallo muy esperado por el Gobierno puesto que garantiza que los políticos de la coalición oficial puedan movilizar a los colombianos hacia las urnas, aupados, además, por la emoción que generaría un acuerdo de paz.
Sin embargo, la misma Corte puso una limitación y es que esa ley de referendo solo se podría comenzar a tramitar si para el momento del primer debate ya había un Acuerdo firmado. Como lo demostró La Silla, eso significaría que tendrían que concluir la negociación para antes de marzo, una fecha que con todos estos incidentes parece imposible de cumplir.
El tiempo, entonces, corre en contra del proceso de paz. No solo por la política interna sino por factores externos, económicos y políticos.
El precio del petróleo sigue cayendo y aunque el presidente Santos ha dicho que su impacto no afectará el país en el corto plazo, la mayoría de economistas sí están avizorando una desaceleración de la economía que sin duda implicará menos recursos para la implementación de los acuerdos si no se comienzan a ejecutar en los próximos años.
Internacionalmente, ya la Fiscal de la Corte Penal Internacional le hizo saber al fiscal Montealegre que su interpretación de la justicia transicional es excesivamente laxa y que los máximos responsables de crímenes atroces tendrán que pagar cárcel.
El periplo internacional de Santos por Europa podría contribuir a blindar transitoriamente esta posibilidad pues un artículo del tratado de Roma dice que el Consejo de Seguridad de la ONU puede pedir la suspensión temporal de los procesos que lleve la Corte Penal Internacional durante un período determinado que es prorrogable (no dice por cuánto tiempo).
Tener a los países europeos del lado del proceso podría convertirse en una tabla de salvación para un proceso en el que difícilmente los máximos responsables de delitos atroces tanto en las Farc como en las Fuerzas Militares están dispuestos a terminar en la cárcel.
Este respaldo de Europa también se vuelve crucial ante el ascenso en el poder legislativo del Partido Repúblicano en Estados Unidos, mucho más amigo de las soluciones de fuerza y mucho más reacio a hacerse el de la vista gorda ante la posibilidad de extraditar a quienes llevan participando en el negocio de narcotráfico hace décadas. Si la negociación se extiende y Barack Obama -cuyo respaldo al proceso ha sido impresionante según una fuente que conoce el tema- se sigue debilitando, este factor de poder crucial podría también mermarse.
¿Se cierra la ventana cuando empieza a entrar la luz?
Lo paradójico es que al mismo tiempo que estas acciones de las Farc le reducen posibilidades políticas al proceso, están sucediendo otros fenómenos que facilitarían el aterrizaje de la paz.
Quizás el más importante es el fortalecimiento político del movimiento campesino con la oficialización de movimientos como el de la Súper Dignidad y sobre todo el de la Cumbre Agraria integrada por varios grupos ligados al mundo rural y varios de ellos con afinidades ideológicas y políticas a las Farc.
Igualmente, la decisión de la Marcha Patriótica de competir en las próximas elecciones locales fue leída por algunos expertos como una señal de que en los lugares donde las Farc tienen sus bases políticas hay un interés real de participar democráticamente en las elecciones. Si la guerrilla aprovechara esta situación para dejar antes las armas, este movimiento podría catapultarse en las urnas sobre la emoción del acuerdo. Si no lo hace, podría convertir a la Marcha en un blanco de los violentos.
Tocará ver si estas señales son lo suficientemente fuertes para contrarrestar las inercias de la guerra.
Por el lado del Establecimiento, parece estar sucediendo lo mismo aunque en otra proporción.
En las encuestas, aunque muy lentamente, existe una tendencia hacia hacer mayores concesiones políticas a las Farc si éstas dejan las armas, lo que en principio abriría un mayor margen de maniobra al gobierno.
El ex presidente Uribe, por su parte, el mayor líder ideológico en contra del proceso actual con las Farc, ha comenzado a criticar el contenido de los acuerdos lo que supone una cierta aceptación de la negociación como tal lo que permite un diálogo mucho más constructivo sobre el mismo. Incluso, con su respuesta a la carta de Álvaro Leyva, quien ha asesorado a las Farc, se comienza a abrir un arriesgado pero eventualmente positivo canal de conversación directa entre el ex presidente y la guerrilla.
El Procurador Alejandro Ordóñez, otro palo en la rueda para la negociación, también ha modulado su discurso (seguramente con la ayuda de su asesor Rafael Guarín) abriendo un espacio para que los críticos del proceso entren en un activo diálogo con el gobierno que conduzca a crear unos consensos mínimos frente a la paz.
El Gobierno, frente a estas pequeñísimas aperturas de doble filo, pero aperturas al fin y al cabo, ha mantenido su actitud defensiva y no ha aprovechado todavía la oportunidad que significan.
El impulso reformista que traía el gobierno de Santos I también se ha perdido en gran medida con la conformación de un gabinete más dominado por la competencia individual entre los ministros con aspiraciones presidenciables que con el hilo conductor de la paz que los reeligió.
Incluso el ministro Juan Fernando Cristo, que venía de ser el impulsor de la revolucionaria Ley de Víctimas, ha quedado atrapado en la discusión de la ley de equilibrio de poderes que más que procurar un diseño institucional para permitir la competencia política lo que en el fondo logrará es fortalecer las maquinarias establecidas, especialmente si hacen coincidir todas las elecciones el mismo día.
Las otras normas que han copado la agenda legislativa son las que aumentan el fuero penal militar, lo que le ha valido a Colombia duras críticas internacionales como la de José Miguel Vivanco en The New York Times y ha ahondado la desconfianza frente al verdadero compromiso del Gobierno con los temas de verdad y justicia para los crímenes cometidos por el Estado.
Y la discusión sobre la reforma tributaria, que como contó La Silla, lejos de darle más plata a las entidades encargadas de la implementación de los acuerdos, se las quita.
Así las cosas, más allá de la suspensión del viaje de los negociadores, que seguramente será muy corta y con un efecto más mediático para calmar las críticas, el proceso de paz ha entrado en una fase políticamente complicada en la que el tiempo comienza a correr en su contra. El gobierno y sobre todo las Farc no parecen percatarse de ello.
El General Ruben Darío Alzate fue secuestrado ayer por las Farc. Estaba vestido de civil en zona roja del Chocó
El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón dio detalles del secuestro del General en una rueda de prensa en el Ministerio.
El juicio de los indígenas Nasa a los guerrilleros que asesinaron a dos miembros de la Guardia Indígena del Cauca el pasado domingo.
Los negociadores de la guerrilla en la Mesa de Diálogos de La Habana han avanzado en decir que reconocerán su responsabilidad frente a las víctimas, pero en la práctica, siguen mostrando poca contrición.
La gira de Santos por Europa durante la primera semana de noviembre para pedir apoyo a los diálogos de paz podría ayudar a blindar el proceso frente a la CPI.
El presupuesto inicial para el 2015 que elaboró Santos y su Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas le quitó plata a la mayoría de entidades encargadas de implementar los acuerdos.
Fuente: lasilavacía
