No se ha discutido el contrato marco –vencido desde 2006– que ampara a 1,2 millones de trabajadores
La negociación de 345 convenciones colectivas vencidas desde hace algunos años sigue siendo materia pendiente en la administración pública central y regional. Esa es la consecuencia de la falta de voluntad política de las autoridades para discutir, especialmente el contrato colectivo marco que expiró en 2006, sostuvieron dirigentes sindicales.
Antonio Suárez, presidente de la Federación Única Nacional de Empleados Públicos, informó que la discusión del contrato marco, el cual ampara a 1,2 millones de trabajadores de la administración central, está congelada porque el gobierno no quiere negociar con Fedeunep y Fentrasep (la otra federación del sector público), debido a que no han hecho elecciones.
Suárez indicó que el Ministerio del Trabajo no acepta negociar con sindicatos de base cuyas directivas no están legitimadas. Agregó que, excepto los aumentos del salario mínimo y del tabulador de sueldos decretados por el Ejecutivo, no se han podido mejorar los beneficios desde hace 7 años.
Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Nacional de Sindicatos Municipales, informó que a excepción de las alcaldías Metropolitana, de Chacao y Guarenas, el resto de los municipios y gobernaciones tienen vencidas las convenciones colectivas. Rechazó el argumento del Ejecutivo de que las contrataciones colectivas se negociarán una vez firmado el contrato marco.
Salazar advirtió que 800.000 funcionarios y obreros de los gobiernos regionales, especialmente el personal de los municipios con menos ingresos, deben tener los mismos beneficios laborales que sus pares de la administración centralizada.
Pasivos laborales. El pago de las prestaciones sociales es otra materia pendiente del gobierno con sus trabajadores. Froilán Barrios, del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, afirmó que los pasivos laborales, calculados en 20 millardos de dólares, son en su mayoría por prestaciones sociales, y los pagan a “cuentagotas”.
Explicó que el grueso de la mora de depósito y pago de prestaciones sociales está en los sectores salud, educación y gobiernos regionales. “En el sector universitario la cancelación de esta obligación con bonos Petrorinoco, respaldados con recursos de Pdvsa, es muy inferior a la demanda, pero al magisterio no han llegado esos papeles”, dijo Barrios.
Carlos Salazar aseguró que a la mayoría de los trabajadores de los municipios y gobernaciones no les han cumplido. El reciente anuncio de que pagarán las prestaciones pendientes desde 2005 y 2007 a 187 jubilados de la salud es una ínfima cantidad del universo de miles de trabajadores activos y jubilados que no perciben ese beneficio ordenado por la Ley Orgánica del Trabajo, afirmó Salazar.
2014: año de movilización
Los trabajadores del sector público regional iniciarán este mes una jornada de movilización para exigir la homologación del tabulador de salarios con el de la administración central, y demandarán mecanismos eficientes para que lleguen los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones laborales.
Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Nacional de Sindicatos Municipales, informó que la primera acción será en Caracas para pedir una mesa de diálogo con el gobierno, tendente a buscar salidas mediante la concertación. “De cerrarse esa vía se profundizarán las acciones en todo el país”, dijo el dirigente.
Recordó que en 2013 se realizaron más de 200 protestas por derechos laborales. “Muchos municipios no han pagado en su totalidad o parcialmente los tres aumentos del salario mínimo decretado por el Ejecutivo”, aseguró.
Fuente: EN
Por Ana Diaz
Imagen: Juan Camacho
